Evidente embuste gubernamental

Jorge Corrales Liberalismo Leave a Comment

En una actitud perversa, los gobiernos modifican ligeramente las restricciones sanitarias con el fin de evitar la anulación de estas por parte de los tribunales de justicia.

Por Jorge Corrales Quesada

No hace mucho tiempo, en un programa internacional de noticias, pude ver el lamento de una pequeña empresaria neoyorquina, acerca de cómo su gobierno tomaba acciones que le impedían acudir a las leyes, para poder terminar con lo que consideraba era una injusticia.

Específicamente, se quejaba de problemas graves para plantear una acción judicial en defensa de sus derechos, contra una medida de cuarentena impuesta por el alcalde de la ciudad de Nueva York, o por el gobernador de ese estado – da lo mismo cuál de ellos haya sido el que ciertamente emitió los ucases reales: son casi iguales- por la que se le obligaba a cerrar su negocio a cierta hora o que tuviera que operar bajo cierta capacidad máxima. Esas medidas habían casi quebrado a su restaurante, producto de muchos años de trabajo y esfuerzo familiar.

La jugada gubernamental fue que, cuando llegaba el recurso a las cortes, ya los políticos habían cambiado las horas de restricción o el cupo permitido, con lo que el recurso era rechazado, al no existir las circunstancias objetadas que dieron lugar a la denuncia. Eso le impidió a la pobre accionante neoyorquina que los jueces hicieran justicia reestableciendo sus derechos esenciales, y que se le permitiera ser recompensada por los daños reales producto de aquellas medidas.

No extraña esa argucia del gobierno, que, con dicha maniobra, logró impedir la vigencia de los derechos de los ciudadanos. No me imagino que, por sapiencia política de nuestros burócratas locales, es que aquí se haya hecho la misma artimaña que hicieron los arbitrarios de Nueva York. Posiblemente tan solo copiaron la sutileza neoyorquina. Es triste que no se copie lo bueno, sino lo malo, como forma de tener éxito en imponer decisiones arbitrarias y no científicas sobre la ciudadanía.

En La Nación de hoy, un artículo cuyo encabezado dice “Tribunal anula fallo contra la restricción vehicular” expone esa misma desafortunada situación. Resulta que un juez, don Alcevith Godínez, había sentenciado que dos decretos gubernamentales que restringían el libre tránsito (una “restricción vehicular sanitaria”), deberían suspenderse. Pero, la Procuraduría General de la República apeló los decretos impugnando la decisión del juez Godínez, alegando que las razones por las que los ciudadanos presentaron para objetar las medidas, ya habían cambiado, por lo que lo acusado por los querellantes ya no tenía razón de ser.

Posiblemente el cambio fue en el número de horas permitidas para circular, o en las fechas de circulación, o una variación de los números de placas cuya circulación es permitida en cierto día del fin de semana. Cualquiera de esas jugarretas, que ya bien conocemos, puede haber dado lugar al rechazo por irrelevante por parte de otro juez, al considerar que se varió la circunstancia del litigio: no hay razón para objetar las imposiciones gubernamentales.

Ante esta nueva decisión judicial, el periódico señala que “esta es la segunda derrota en tribunales de los alcaldes.” Sí, perdieron el caso, pero también lo perdimos todos los ciudadanos ante esa martingala del gobierno. Felicito a los alcaldes por su esfuerzo en defensa de nuestras libertades y que la próxima objeción ante los tribunales tome en cuenta esa argucia del gobierno, para que no haya evasión en la defensa de nuestras libertades civiles. Y, de paso, para que se acabe con el mito de la restricción vehicular, que más bien ha servido para provocar hacinamiento de los ciudadanos en medios de transporte público, o en ciertas horas del día.

Siempre nos han dicho que las aglomeraciones son las que contribuyen a la diseminación del virus. ¿En qué quedamos?