¿Deben existir las universidades públicas?

Sergio Villalta Instituciones burocráticas, Universidad de Costa Rica Leave a Comment

Por: Sergio Villalta

Existe un tabú que impide debatir con seriedad si las universidades estatales son realmente necesarias.

Es una cuasi prohibición en mencionar tan siquiera la posibilidad de que el Estado no se encargue de la creación, la administración y de cobrar impuestos para mantener a las universidades estatales.

Esto sucede porque la existencia de las universidades “públicas” es algo que se tiene como un dogma. Entonces se considera un sacrilegio cuestionar las falsas premisas que sustentan su existencia.

Sin embargo, las preguntas son muy válidas: ¿deben existir universidades que estén en manos del Estado? ¿Deben las universidades ser financiadas por los impuestos?

Los pobres

El primer argumento para su creación, y que ha servido para mantener su existencia hasta nuestros días, es que sin las universidades públicas los pobres no tendrían acceso a la educación superior.

Ciertamente muchos pobres no pueden pagarse una educación universitaria. Sin embargo, no por esto debemos concluir que es necesario que el Estado administre y cobre impuestos para financiar a las universidades “públicas”.

Por ejemplo: muchos pobres no pueden comprar un automóvil, pero esto no justificaría que al Estado se le encargue la tarea de crear y administrar fábricas de automóviles. Tampoco que las tenga que financiar con el dinero que extrae de los impuestos.

Otro ejemplo: existirán muchos pobres que no puedan comprarse una computadora. Sin embargo, no por eso hecho el Estado debe fabricar computadoras y cobrar impuestos para costear ese gasto.

Ahora bien, se dirá que la educación superior es muy diferente y que tiene mayor importancia a cualquier otro bien económico.

Bueno, incluso aceptando la premisa de ese argumento, no por eso se debería pensar como necesario que el Estado debe construir edificios y contratar a profesores para crear universidades y mantener una planilla de educadores y abundante personal para administrarlas con el dinero de los impuestos.

Porque si los pobres no pueden pagarse una educación superior, los bancos podrían financiar el costo de su educación en las universidades privadas; desde luego, esto ya sucede.

Pero se dirá que hay personas que viven en la extrema pobreza y que no tienen la capacidad para adquirir un crédito bancario y pagarse su educación superior.

Pero incluso en esos casos, esto tampoco justificaría la creación de universidades estatales para que sean adeministradas, financiadas o controladas por el Estado.

No hay que perder de vista que el Estado no es el único actor en la sociedad. Existen instituciones sociales como las iglesias, las organizaciones caritativas, los clubes de beneficencia, las organizaciones deportivas, las mismas universidades privadas, etc. que pueden ayudar (de hecho ya lo hacen), a las personas que no pueden adquirir un crédito y pagarse su educación superior.

Incluso, hasta podría pensarse en última instancia – como un mal menor y temporal -, que el Estado le entregue directamente el dinero a la persona que no puede adquirir un crédito, o que por alguna razón sea rechazada por las organizaciones de beneficencia, para que se pague su educación superior en una universidad privada.

El hecho de que puedan existir personas que sean en extremo pobres y que no puedan llegar a adquirir un crédito o ser sujetos de la caridad, no justifica el papel del Estado como creador de universidades y cobrador de impuestos para financiar sus gastos.

El “Public Choice” y la educación

E. G. West fue un economista e historiador de la Universidad de Carleton (Reino Unido) y se interesó siempre en la relación entre el Estado y el sector educativo.

La crítica reconoce a West como uno de los economistas que más aplicó la teoría de la Elección Pública (Public Choice) a la educación estatal.

Su obra magna se titula “Education and the State” (La Educación y el Estado) y fue publicada en 1965. Para el año 1994 West publicó un ensayo titulado “Education without State” y dijo:

“Los observadores más sofisticados de la escuela económica de la Elección Pública (Public Choice) consideran que la democracia es una institución operada en gran medida por grupos de interés especiales, los políticos que maximizan el voto y las burocracias egoístas, que no representan a los pobres.”

Siendo más concreto sobre la educación “pública” West dijo:

“Muchos estudiosos concluyen ahora que el objetivo dominante de los sistemas de educación gubernamentales no es promover la mayor felicidad de los padres o de los niños, o la escolarización más eficiente, sino transferir riqueza a los educadores.” (EDUCATION WITHOUT THE STATE
Economic Affairs, E. G. West, October 1994, egwestcentre.files.wordpress/com)

Esto es exactamente lo que miramos ahora en nuestro país. Una élite en la educación superior estatal que vive de la riqueza que logra extraer por medio de los impuestos y que devora cada año mayores presupuestos.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de recursos económicos que se destina obligatoriamente a la educación en general esta no mejora; según así lo atestiguan las pruebas del Programme for International Student Assessment (PISA) realizadas por la OCDE.

Es hora de derribar este tabú. Debemos cuestionarnos si el Estado debe tener universidades y sufragar su costo por medio del cobro de impuestos.