Debemos reducir el gasto público como porcentaje del PIB

Por: José Joaquín Fernández.

Desde 1983 hasta la fecha, Costa Rica ha tenido déficits fiscales en todos los años a excepción del año 2007. Ese año, que se asemeja a un minúsculo oasis en el desierto, el superávit fue de tan solo 0.85% con relación al Producto Interno Bruto (PIB). En promedio, el déficit fiscal desde 1983 a la fecha ha sido del 3.68% y esto a pesar de que casi todos los gobiernos han aprobado no solo nuevos impuestos, sino que también han incrementado las tasas de los ya existentes.

¿Por qué tenemos déficits crónicos? No hay nada en literatura de la ciencia económica que justifique los déficits fiscales. Por el contrario, lo sano es un presupuesto equilibrado tal y como lo sugiere el artículo 176 de nuestra Constitución Política. La historia nos revela que el déficit no es un problema coyuntural sino estructural y relacionado con la naturaleza misma del gobierno.

Existen principios básicos en la ciencia económica cuyo conocimiento debe ser parte de la cultura popular. Uno de ellos es que el gasto del gobierno no puede seguir creciendo y creciendo sin que eventualmente traiga consigo consecuencias negativas para un sano desarrollo económico sostenible. En el peor de los casos, un gasto público creciente explota en crisis como la que tuvo Costa Rica en la Administración Carazo Odio. En el menos malo de los casos, un gasto público creciente se traduce en menores tasas de crecimiento y, por ende, en menos inversión, menos generación de empleo y menor crecimiento en los salarios.

El crecimiento del gasto público desacelera el crecimiento económico

Lo anterior está confirmado por muchos estudios empíricos. Uno de ellos es “The Size and Functions of Government and Economic Growth”, el cual, es un extenso informe realizado con cifras comparativas durante un periodo de casi 40 años (1960 – 1996) para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que demuestra que existe una relación negativa entre crecimiento del gasto público como porcentaje de la producción nacional y las tasas de crecimiento de la economía.

Mientras que los países crecen a tasas promedios del 6% con un gasto público inferior a 25% como porcentaje de su producción, las tasas de crecimiento se reducen a un promedio del 1.6% anual cuando el gasto público excede el 60%. No solamente se reducen las tasas de crecimiento, sino que también aumenta el desempleo y se reduce la productividad.

Un mito en defensa de mayores impuestos y del Estado del Bienestar proviene de la falsa creencia de que algunos países, como los nórdicos, se desarrollaron gracias al Estado Benefactor. La verdad es que todos los países que hoy son desarrollados lo hicieron gracias a políticas de libertad económica y se estancaron a partir de las décadas de 1960-1970 luego de aplicar políticas propias del Estado Benefactor.

Mucha gente habla de Suecia como ejemplo a imitar. Este país era pobre a inicios del siglo XIX. Sin embargo, empezó a crecer desde finales del siglo XIX y se convirtió en uno de los países más ricos del mundo con libre comercio, gobierno pequeño con bajos y pocos impuestos. Para finales de la primera mitad del siglo XX, gracias a la libertad económica, Suecia ocupaba la posición número 4 dentro de los países más ricos del mundo. A partir de la década de 1950, Suecia adopta es Estado Benefactor y con ello cayó a la posición 14 en la lista de los países más ricos del mundo.

El Estado Benefactor sueco entró en una crisis profunda para finales de la década de 1980 que los obligó a privatizar todas las empresas públicas, reducir el gasto público de manera significativa (20% del PIB), a introducir sistema de precios en su sistema de pensiones y a introducir competencia en todos los mercados incluyendo su sistema educativo con el sistema de cupones.

Por otra parte, en el libro Public Spending in the 20th Century los autores concluyen que aquellos países que apostaron a las políticas del Estado Benefactor no experimentaron mejoras en sus indicadores sociales en contraste con aquellos países que no aplicaron dichas políticas. Sin embargo, concluyen los autores del libro, el Estado Benefactor se tradujo en menores tasas de crecimiento, mayores tasas de desempleo y en una desaceleración del crecimiento de los salarios y, por tanto, recomiendan reducir el gasto público, como porcentaje de la producción nacional, a niveles anteriores de 1960, es decir, previos al Estado Benefactor.

El libro Public Spending in the 20^th Century es un estudio mundial sobre el impacto del gasto público que empieza en las últimas décadas del siglo XIX y termina en el año 2000.

La explicación del por qué los países crecen menos conforme se va incrementando el gasto público tiene una explicación muy sencilla. Todo lo que gasta el gobierno tuvo que ser primero extraído del sector privado. Es decir, al crecer el gasto público se reduce, de manera más que proporcional, el monto disponible del sector privado para la inversión. Tengamos muy presente que la inversión, operando en mercados libres y competitivos, es el único motor sostenible para el crecimiento, la generación de empleo y salarios crecientes. Como bien decía el Premio Nobel en Economía, James Buchanan, en su obra Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes; “Los recursos utilizados por el gobierno son menos productivos que los recursos utilizados por el sector privado, un traslado a un sector público cada vez más grande reduce la productividad general en la economía”.

Crecimiento de los ingresos fiscales y despilfarro

Los ingresos fiscales no solo crecen porque aumentan los tributos y las tasas. El crecimiento económico conlleva a un incremento automático en los ingresos fiscales y, aun así, los déficits persisten.

Con tales incrementos en los ingresos fiscales en términos reales, la existencia de un déficit solo se explica por la existencia de una avaricia fiscal y un despilfarro en los recursos públicos que crecen a mayor ritmo que los ingresos fiscales frescos.

Aumentan los impuestos, sube la recaudación y se incrementa el gasto. No obstante, la gente percibe que la calidad de los servicios públicos ha caído, sea en infraestructura vial, atención médica, seguridad civil, infraestructura en escuelas y colegios públicos. No en vano Costa Rica ocupa la posición 118 (de 140) en el Informe 2015 de Competitividad Mundial, que publica el Foro Económico Mundial, en “desperdicio del gasto público” (Wastefulness of government spending).

Todos sabemos que el gobierno despilfarra los recursos. Sin embargo, el problema en Costa Rica no es solo el déficit fiscal, sino el tamaño atrofiante del gobierno. El problema no se limita a que el gobierno gaste o administre mal; el problema de fondo es que el gobierno se ha excedido en sus funciones y se encuentra sobredimensionado. El gobierno debe ponerse en forma en vez de alimentar la voracidad fiscal con el incremento de los impuestos.

Uno de los problemas del gasto público es la planilla excesiva. Sin embargo, es necesario ir más allá en el debate. Existen instituciones, ministerios, programas y empresas públicas que no cumplen función social alguna y que deben cerrarse, con o sin, déficit fiscal.

A la fecha, el Poder Ejecutivo está compuesto por 24 Ministerios (6 de ellos sin cartera), 84 entidades adscritas a los ministerios y 3 entidades adscritas a la Presidencia de la República. Además, existen 35 instituciones autónomas, 13 entidades adscritas a Instituciones autónomas, 8 Instituciones semiautónomas, 21 empresas públicas gubernamentales y 81 municipalidades, entre otros. En total, el Gobierno de Costa Rica cuenta con 333 entidades públicas.

El gobierno cumple una función importante para el desarrollo económico. Sin embargo, la mayor parte de las entidades del gobierno deben su existencia a los grupos de presión. Estas entidades, lejos de promover el bien común, deterioran el desarrollo económico y son una injusticia social que carcome nuestro país.

Lea: Los grupos de presión carcomen nuestro país

El problema del déficit fiscal debemos afrontarlo, no solo reduciendo el gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), sino también debemos bajar los impuestos y la carga tributaria.

Cómo reducir el gasto público sin causar desequilibrios sociales

Mucha gente se opone a la reducción del gasto público y al cierre de entidades porque creen que eso generaría desempleo. Sin embargo, le pido al lector paciencia y que lea con detenimiento la siguiente propuesta para reducir el gasto público de manera que no genere desempleo.

PRIMER PASO: Según me comentaba un exministro de hacienda, todos los años hay un porcentaje estimado entre un 5 u 8% de empleados públicos que abandona el sector, sea porque se pensionan, se trasladan al sector privado o por otras razones personales. Si no se reemplazan dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23 y 34% de la planilla en 5 años sin causar problemas de desempleo. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.

SEGUNDO PASO: El ministro de Hacienda debe cumplir su tarea y lograr que, por lo menos, el crecimiento del gasto público no supere la inflación. Una labor loable por parte del ministro de Hacienda sería lograr que dichos gastos crezcan a un ritmo menor que la inflación. Si un ministro no puede, o no quiere, comprometerse a que los gastos no crezcan más que la inflación, pues entonces que renuncie y le ceda el cargo a quien desee y pueda llevar a cabo esta responsabilidad.

Con ingresos fiscales creciendo en un 10% en términos reales, con una reducción en la planilla siguiendo el Primer Paso y con un control del gasto de modo que las partidas individuales no crezcan más allá de la inflación, será suficiente para llegar al superávit en poco tiempo sin necesidad de crear nuevos impuestos.

TERCER PASO: Es necesario introducir en el debate nacional el cierre de instituciones, ministerios, y programas que no cumplen función social alguna.

Para evitar el desempleo en este caso, propongo que se cierre la institución de inmediato pero que, sin embargo, se siga pagando el salario a los funcionarios públicos pertinentes por un periodo a determinar que bien podría ser de 18 meses. De esta manera, el gobierno se ahorraría de manera inmediata todos los gastos de alquiler, equipo de oficina, mantenimiento de edificios, consultorías, viajes, gastos por servicios públicos, etc. El cierre de las instituciones, ministerios o programas debe hacerse de manera simultánea con la reducción de regulaciones y tramitología innecesaria asociados de modo que, no solo tengamos en mente la reducción del gasto sino también en ubicarnos en las primeras posiciones del índice de “Doing Business” del Banco Mundial y del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Como mencioné anteriormente, los exfuncionarios públicos seguirán recibiendo su salario por un periodo de 18 meses pero sin aumentos salariales, ni bonificaciones ni ningún otro tipo de beneficios. Este salario se les pagará durante 18 meses posterior al cierre de la institución independientemente si el exburócrata logra ubicarse laboralmente en el sector privado un día después del cierre de la institución gubernamental. Esto debe ser así para incentivar a los exburócratas a que busquen trabajo lo antes posible y que no se esperen al final de los 18 meses para hacerlo. Se les prohibiría reubicarse en el sector gubernamental por los siguientes 10 años. Al final de este periodo de 18 meses, se les liquidará las prestaciones de Ley.

El Gobierno tiene un papel en el fomento de la seguridad civil (policía), tribunales de justicia, infraestructura, educación primaria (no universitaria) y salud. Pero no hay nada que justifique instituciones como el Ministerio de Planificación (Mideplan), el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), Ministerio de Comercio Exterior (Comex -sus funciones bien las podría asumir el Ministerio de Economía, Industria y Comercio), el Ministerio de Comunicación, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura (Icecu), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu), la Junta   de   Administración   Portuaria   y   de   Desarrollo   Económico   de   la   Vertiente Atlántica (Japdeva), la Junta de Protección Social (JPS), Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, la Comisión de Energía Atómica (CEA), la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), etc. En esta era digital, bien se podrían cerrar casi todas las embajadas y consulados.

No necesitamos más impuestos sino cerrar instituciones que no cumplen función social alguna. Es una injusticia social que existan aproximadamente 333 entidades públicas mientras que tengamos infraestructura deprimente y la inversión en escuelas y hospitales sea inhumana e insuficiente.

Obviamente el cierre de instituciones públicas debe ser acompañado de una reforma integral al sector público que incluya pasar de 14 regímenes de empleo público a una sola para todo el sector, eliminando las convenciones colectivas, privilegios y los pluses salariales. Además, debemos lograr reformas de modo que, en un plazo de pocos años, el promedio del salario en el sector público llegue a ser ligeramente inferior al de su homólogo en el sector privado.

Además, la reducción del gasto público como porcentaje del PIB debe ir acompañado de políticas que incentiven la inversión privada de modo que se pueda absorber a estos trabajadores lo antes posible. Algunas de estas medidas serían: Rompimiento del monopolio de Recope, rompimiento del monopsonio del ICE en la compra de generación eléctrica y liberalización de dicha industria, libre comercio al estilo de Hong Kong o Singapur, sustitución del impuesto sobre la renta por un Flat Tax, desregulación y liberalización del sistema financiero al estilo de Panamá y la sustitución del sistema de pensiones de reparto por uno de capitalización individual al estilo chileno.

Como bien dice el empresario Andrés Pozuelo: “Cuando se destruye un edificio para construir uno nuevo más útil, uno no se preocupa por el caos que se genera al destruirlo; sino que uno concentra la atención en el orden que se obtendrá al construir una obra más eficiente. Así mismo no debemos preocuparnos por recortar gastos o cerrar instituciones ineficientes estatales; sino más bien, ver hacia el futuro con la visión de que tendremos un Estado más funcional”.