¡Rompamos los monopolios creados por ley para crear riqueza y prosperidad!

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Todo monopolio creado por ley, sea público o privado, perjudica el desarrollo económico y social porque encarece los productos, reduce los niveles de inversión, la calidad del producto es inferior y aumenta la tasa de desempleo.

Así como en Física se afirma que nada puede viajar más rápido que la luz, la Economía concluye que todo monopolio creado por ley genera una pérdida del bienestar sin importar la industria en donde opere.

Bernie Madoff, el régimen de IVM de la CCSS y el esquema ponzi

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El pasado 14 de abril del 2021 murió el inversionista estadounidense Bernie Madoff quien fuera condenado en el 2009 a 150 años de prisión por haber estafado, usando el esquema ponzi, a más de 37 mil personas en todo el mundo.

Un esquema ponzi es aquel en donde se les paga a los inversionistas antiguos con los aportes de los nuevos inversionistas. El inversionista antiguo cree que se le está pagando con los rendimientos generados por la colocación de sus dineros en inversiones rentables. Al esquema ponzi también se le conoce como esquema piramidal.

Lamentablemente el régimen de IVM de la CCSS sigue un esquema ponzi donde a los pensionados se les paga con el aporte de los trabajadores activos. ¡Urge reformalo!

Los socialistas muestran su doble moral cunado condenan a Bernie Madoff pero a la vez defienden el esquema ponzi de la seguridad social y a la CCSS

La petición del CTP para bloquear a Uber, In Driver y Didi atenta contra los derechos fundamentales

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No existe diferencia entre la pretensión del Consejo de Transporte Público (CTP) de bloquear las aplicaciones de Uber, In Driver y Didi y el bloqueo que hace la tiranía China en su país con las aplicaciones de Facebook, Signal y otras.

Nadie tiene por qué pedirle permiso al gobierno para trabajar. Si somos libres, el gobierno no tiene derecho a limitarle a nadie la libertad de escoger, la libertad de trabajar, ni la libertad de disponer de su capital como mejor le convenga. Es inmoral y corrupto que un gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas. Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. ¡Sepamos ser libres!

Las empresas que ofrecen transporte de personas por medio de aplicaciones tecnológicas están amparadas en la Constitución Política de la República de Costa Rica en el artículo 28 que dice: “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.

La solución no es bloquear a estas plataformas, sino liberar el servicio de taxis derogando las leyes 7.969 y 8.955. La solución es promover la libre competencia.

Las universidades públicas deben quedar excluidas del proyecto de empleo público pero sometidas a la libre competencia

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Solo la libre competencia puede garantizar que los salarios de las empresas públicas se ajusten a su productividad. Solo la competencia puede garantizar calidad y bajos precios. Ningún burócrata, administrando la eventual aprobación del proyecto de ley de empelo público, está en capacidad de determinar el salario adecuado. De ninguna entidad.

Donde hay competencia, no puede haber subsidio y no puede haber Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que para el 2021 equivale a ₡524 mil millones; es decir, 1.5% del PIB. ¡Urge eliminar el FEES y que las universidades se financien 100% con el cobro de matrícula!

Donde hay competencia, no puede haber barreras de entrada, y no puede existir un Conesup que determine la apertura de nuevas universidades. Conesup debe limitarse a calificar pero no debe limitar la oferta ni la competencia.

Como bien decía Hayek, precisamente por ser la educación algo tan importante es que esta debe estar libre de las manos del burócrata. Por ser tan importante la educación es que esta debe estar sometida a la más dura, irrestricta y libre competencia para garantizar la mejor calidad al más bajo precio posible con la mayor oferta posible.

¡No al FMI, no más impuestos, ni más endeudamiento!

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Si eliminamos las pensiones con cargo al presupuesto (3.7% PIB), el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) (1.5% PIB) y el salario escolar (0.47% PIB) tendríamos un recorte del gasto público equivalente al 5.23% del PIB. Si aprobamos políticas de crecimiento económico podemos incrementar la recaudación fiscal en no menos del 1.7% del PIB.

Sumando la reducción del gasto propuesto más el incremento de la recaudación, tenemos una reducción del déficit fiscal equivalente al 6.90% PIB.

Lamentablemente los proyectos de ley contemplados en el acuerdo con el FMI no vendrán a resolver el problema fiscal que enfrentamos. Por el contrario, el aumento de los impuestos propuestos agravará la situación, aumentará del desempleo y ahuyentará a muchos inversionistas.

Sobre la exclusión de las empresas públicas del proyecto de ley de empleo público

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Las empresas públicas no necesitan de una ley de Empleo Público para ajustar su salario a la competitividad. La mejor ley para regular el salario en las empresas públicas es someterlas a la más dura y libre competencia. Solo la competencia garantiza salarios justos y de acuerdo a la productividad.