Nuestras cortes están tomadas por un montón de vividores con el poder del mazo judicial.
Lo que esta jueza ha hecho es volver a pasar el control del abastecimiento del arroz, tanto importado, como producido en nuestro país, a un “cartel obligatorio” creado por ley que protege a un pequeño grupo de grandes importadores de arroz.
La historia de estos carteles obligatorios o monopolios agrícolas es vieja y está consagrada por el artículo número 49 de la constitución política.
Carteles como la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) (monopolio del azúcar) y otros, fueron creados durante la fundación de la “fallida” segunda República de José Figueres Ferrer, con el propósito de proteger los intereses de unos cuantos grandes productores con influencia política, en contra de los intereses de los consumidores y productores eficientes.
Estos carteles obligatorios obligan a los productores de una industria a formar parte de una organización protegida por ley. Estas organizaciones impiden al productor eficiente a progresar y lo obligan a subsidiar a los productores ineficientes. Pero, además, les permite, con ayuda del Estado a establecer precios y por encima del precio internacional y a limitar la variedad, perjudicando así a los consumidores.
Otra consecuencia de estas protecciones es el daño ambiental y el deterioro de suelos por culpa de una sobre producción de monocultivos en tierras no aptas.
Es hora de cambiar la ley y eliminar estos carteles obligatorios abriendo los mercados agrícolas por completo.