En un artículo anterior señalamos que la apertura inmediata de los mercados de bienes de consumo básico (y todos los demás) era la forma más efectiva de favorecer a los pobres, rurales y urbanos, y que Ottón Solís (ex-candidato presidencial en la campaña 2006 en Costa Rica), defensor de los pobres, se oponía férreamente a esa apertura. Pues bien, además de incongruente, esa aversión a la apertura conlleva costos absolutamente intolerables. Veamos.Con base en cinco rubros (arroz, azúcar, carne avícola, lácteos y aceite vegetal), este año se realizó un estudio para cuantificar el costo social de la estrategia seguida en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) (apertura dilatada hasta por 20 años) en comparación con la liberalización inmediata. El costo social tiene dos componentes: el desperdicio de recursos y la pérdida de bienestar de los seres humanos.
El desperdicio se explica de la siguiente manera: la sociedad como un todo intercambia bananos, piña, chips y otros bienes exportados, por esos cinco rubros, y tiene dos opciones para llevarlo a cabo: (1) importar el bien directamente; o (2) importar todos los insumos necesarios y, con ellos, producir el bien. El desperdicio es equivalente al exceso de gastos de recursos de la segunda opción sobre la primera. No olvidemos que las personas participan en el sistema económico con el único fin de satisfacer mejor sus necesidades de consumo. El segundo componente del costo social es el exceso de pérdida de bienestar de los consumidores (pagan más y consumen menos) sobre la ganancia de los productores de los distintos bienes. Para cada uno de los componentes, el estudio obtuvo el promedio de los últimos tres años y, con base en este, el valor para cada año del período de desgravación. Luego estimó el valor neto actual (VNA) del flujo de costos.
Desperdicio de recursos. Según los resultados, la sociedad costarricense desperdiciará no menos de US$2.360 millones (¢1,2 billones) a lo largo de los períodos de desgravación de solo esos cinco rubros. Ese despilfarro equivale al 12,8 por ciento de todo el producto interno bruto (PIB) nacional de 2004, y al 166 por ciento del PIB agropecuario del mismo año. Los mayores desperdicios ocurrirán en los sectores de lácteos y arroz, con costos anuales equivalentes al 100 y 133 por ciento, respectivamente, del valor (a precios internacionales) de toda la leche fluida y el arroz producidos en el país; y al 355 por ciento del valor agregado del sector agrícola arrocero en 2004. En arroz, solo el 8 por ciento del desperdicio ocurrirá en la fase agrícola; el 92 por ciento se dará en la etapa de industrialización. ¡¿Cuál valor agregado?!
Pérdida de bienestar. Para los cinco rubros, la pérdida de bienestar será equivalente a US$1.795 millones. Los mayores costos ocurrirán en los sectores lácteos, arroz y carne avícola, en ese orden. En el último, el valor para la población de lo que se dejará de consumir anualmente es mayor que el valor de todo el pollo consumido (partes negras), a precios internacionales. En arroz, la pérdida de bienestar anual equivale al 42 por ciento del valor internacional de todo lo que se consume en el país en un año.
Transferencias. El valor neto actual (VNA) del flujo de transferencias de consumidores a ciertos productores será de US$3.045 millones (¢1,6 billones), lo cual explica por qué ciertos gremios de productores se adueñaron de todos los espacios posibles durante la negociación del tratado e hicieron inversiones multimillonarias, en dólares, durante ese proceso y el que culminó con el referendo. En VNA, esas transferencias equivalen el 73 por ciento del costo social y el 129 por ciento del desperdicio de recursos.
Recomendación. Ante esta realidad, se recomienda la siguiente estrategia para futuras negociaciones: desgravar todos los rubros alimentarios en forma inmediata y, a su vez, compensar a los agricultores pobres que sean productores netos de esos bienes. Esta estrategia es mil veces más inteligente y enriquecedora. ¡Basta ya de tanta tontería!