Por: José Joaquín Fernández.
La radio y la televisión fueron inventos producto de la iniciativa privada donde no participó ningún gobernante. El Estado tampoco hizo ningún aporte de capital para el desarrollo de emisoras de radio o televisión. Dicha inversión lo aportó la iniciativa privada arriesgando su capital como en todo negocio.
Al principio, las transmisiones viajaban libres por el aire sin intervención gubernamental. Pasaron años antes de que el Estado interviniera en regular el espectro de frecuencias. Sin embargo, regular no es apropiarse.
Así como no se cobra por usar la luz del sol, tampoco se debe cobrar por el uso de frecuencias de ningún tipo. Como bien dice Juliza Prandini en su perfil de Facebook: “Entonces, ¿con qué lógica ahora se subastan las frecuencias al mejor postor? ¿Con qué moral cobran millones por algo que ellos no construyeron? ¿En qué momento el Estado decidió que todo lo que toca es suyo, aunque lo hayan levantado los ciudadanos?” En este sentido es vergonzosa la declaración de la diputada Pilar Cisneros al tildar de “Ladrones, desvergonzados” a las emisoras de radio y televisión por no participar en la subasta de frecuencias.
Parece que el argumento de la diputada Cisneros y del chavismo es: “Si Ud lucra, Ud debe pagar”. Ese es el argumento del resentido social y del socialista. ¿Cuál es problema con lucrar? ¿Cómo esperan los chavistas que se salga de la pobreza si no es lucrando en el sector privado? ¿Con pensiones de lujo? ¿Con gollerías y corrupción en el sector público?
El mundo debe dejar de condenar el afán de lucro. Valorar y respetar el afán de lucro fue lo que dio origen a la Revolución Industrial. Sin afán de lucro no hay incentivo para la innovación, ni la inversión, ni la generación de empleo. O nos ganamos la vida en el sector privado, o tendremos que hacerlo desde el sector público como parásitos viviendo a costa de la explotación del sector productivo.
La libertad de expresión es el baluarte de la democracia. Por eso, la primera acción de todo régimen autocrático es acabar con la libertad de expresión. En este sentido, la subasta de las frecuencias a precios altísimos debe verse como un ultraje a la libertad de expresión y un golpe duro a la democracia. Solo un siervo menguado puede alegrarse ante tal mordaza.
Así como un cobro excesivo por el uso de frecuencias conduce a la concentración de poder y a la desaparición de medios pequeños; de igual manera sucede con el exceso de impuestos que cobra el Estado costarricense. ¡Cuántas empresas nunca vieron la luz porque el exceso de impuestos y regulaciones les impide operar!
La subasta de las frecuencias de radio y televisión es otro ejemplo de cómo la intervención gubernamental perjudica y destroza el desarrollo económico y social y con ello promueve la concentración de poder y económica.