Por: José Joaquín Fernández.
El pasado jueves 27 de agosto la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente Nº24.461 que modifica el monto que las emisoras de radio y televisión deben de pagar por el uso de las frecuencias.
La radio y la televisión surgieron del ingenio, la inversión y el riesgo asumido por la iniciativa privada donde no participó ningún gobernante. Los particulares que desarrollaron emisoras y servicios aportaron capital propio con la expectativa legítima de construir empresas sostenibles y ganarse la vida.
Por tanto, ¿con qué moral los gobernantes cobran millones por algo que ellos ni inventaron, ni descubrieron ni desarrollaron? ¿En qué momento el pueblo permitió que el gobernante se apropiara de lo que les pertenece a los ciudadanos? ¿Acaso la Tierra les pertenece a los gobernantes para que tengamos que pagarles por vivir?
Así como no se cobra por usar la frecuencia de la luz del sol, tampoco se debe cobrar por el uso de frecuencias de ningún tipo.
En sus inicios, las transmisiones viajaban libremente por el aire, sin intervención gubernamental. Con el tiempo, el Estado asumió la tarea de ordenar el espectro para evitar interferencias y facilitar su uso. Esa función reguladora puede ser necesaria; sin embargo, regular no equivale a apropiarse del recurso, ni autoriza a cobrar por su uso. Es decir, la función legítima del Estado es administrar el espectro para prevenir interferencias y garantizar un uso ordenado. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre administrar un recurso y utilizar esa administración como mecanismo de recaudación.
El proyecto de ley aprobado en primer debate parece partir de una premisa sencilla: “Si Ud lucra, Ud debe pagar. Si Ud lucra mucho, Ud debe pagar más”. Pero esa premisa requiere un examen cuidadoso. Lucrar mediante una actividad lícita no es una falta moral. Lucrar es el incentivo para arriesgar capital, invertir, innovar, crear empleo y producir bienes y servicios.
El concepto, “si Ud lucra, Ud debe pagar; y si Ud lucra mucho, Ud debe pagar más” es el argumento del resentido social y del socialista. Ese es el argumento por el cual Costa Rica sigue siendo un país pobre y del tercer mundo. ¿Cuál es problema con lucrar? Si no es lucrando en el sector privado, ¿cómo esperamos salir de la pobreza? ¿Con pensiones de lujo financiadas con impuestos? ¿Con gollerías y corrupción en el sector público?
Es necesario dejar de condenar el afán de lucro cuando este se ejerce dentro de un entorno competitivo. La expectativa de obtener beneficios impulsa la inversión, premia la innovación y favorece la creación de empleo. Para salir del tercer mundo y la pobreza necesitamos un sector privado dinámico que opere bajo libre competencia para que produzca riqueza y amplíe las oportunidades; no políticas que conviertan el éxito empresarial en motivo de castigo o reproche social.
La libertad de expresión es un baluarte de la democracia, y los medios de comunicación son uno de sus principales vehículos. Por ello, cualquier intervención gubernamental sobre las frecuencias de radio y televisión debe evaluarse por su impacto sobre la libertad de expresión, la democracia y el pluralismo.
No hace falta explicar el por qué todo aumento de los costos de producción reduce la oferta y, en el caso del aumento del cobro del canon, no es excepción. Por tanto, se puede afirmar que el aumento del canon reducirá la diversidad de voces e incentivará la concentración del mercado. En este sentido, cobrar por el uso de frecuencias de radio y televisión debe verse como un ultraje a la libertad de expresión y un golpe duro a la democracia.
El cobro de frecuencias de radio y televisión es otro ejemplo del abuso del poder del Estado y de cómo la intervención gubernamental perjudica y destroza el desarrollo económico y social.