Por: José Joaquín Fernández.
El proyecto “Ley para promover la transición energética en el sector combustibles” fue aprobado en segundo debate el 16 de julio. La nueva ley amplía las facultades empresariales de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), permitiéndole incursionar en la investigación, producción y comercialización de biocombustibles e hidrógeno verde. Esto lo podrá realizar sola, con alianzas público-público, o en alianzas público-privado. Recordemos que Recope es una empresa estatal que opera bajo monopolio creado por ley.
Costa Rica sigue siendo un país pobre y subdesarrollado por leyes como esta, que apuestan por el Estado empresario como motor del desarrollo económico.
En la teoría económica no existe ningún argumento sólido que justifique la existencia de empresas públicas. Por el contrario, tanto los fundamentos teóricos como la evidencia empírica lo desaconsejan. Es decir, ni el gobernante ni el burócrata deben actuar como empresarios.
Uno de los pilares teóricos fundamentales se encuentra en la teoría de la elección pública (public choice), desarrollada por varios economistas, entre ellos el premio Nobel de Economía James Buchanan. Esta teoría sostiene que el funcionario público tiende a ser ineficiente e ineficaz, en parte porque administra recursos que no ha obtenido mediante su propio esfuerzo.
Los gobernantes y burócratas no son ángeles promoviendo el bien común, sino seres humanos guiados por sus propios intereses. Por tal razón, las juntas directivas de las empresas públicas serán elegidas por el Poder Ejecutivo con criterios políticos para satisfacer intereses políticos. Dado lo anterior, será imposible evitar la corrupción en las empresas públicas, peor aún en alianzas público-privadas.
La teoría de la elección pública nos pronostica que el presidente de la República, guiado por su propio interés, siempre tenderá a usar a las empresas públicas para beneficiar a pegabanderas, amigos, parientes y financistas de campaña.
En esencia, cuando quien gestiona no es propietario, no arriesga capital propio y opera sin la presión de la libre competencia, la estructura institucional promueve la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción. No se trata de que el funcionario público sea “malo” por naturaleza, sino de que el sistema de empresas públicas crea incentivos contrarios al bien común.
Esta conclusión teórica tiene respaldo en la evidencia empírica. Por ejemplo, el informe “Bureaucrats in Business” (1995) del Banco Mundial concluye: “[los] gobiernos se desempeñan menos bien que el sector privado”. Las empresas públicas han sido un fracaso en todo el mundo.
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Dada la ineficiencia e ineficacia de las empresas públicas, éstas solo sobreviven gracias a subsidios o a leyes que las protegen de la libre competencia; sea con monopolios, oligopolios, barreras de entrada, exclusividades regulatorias o privilegios de mercado. Costa Rica no es la excepción.
A veces se argumenta que ciertas empresas públicas son rentables porque reportan ganancias y por eso no se deben privatizar. Sin embargo, las utilidades de las empresas públicas se deben gracias a la protección de la competencia que estas gozan. En ese entorno, una empresa pública reporta ganancias no por ser más productiva, sino porque puede trasladar sus ineficiencias al consumidor mediante precios más altos y de menor calidad. En otras palabras, cuando una empresa pública reporta ganancias en un mercado protegido, solo está reflejando explotación al consumidor, no rentabilidad.
Uno de los problemas más graves de diputados y ministros es que discuten política económica sin recurrir a la Economía. Es como hablar del cosmos sin Física o de salud sin Medicina. Al ignorar la teoría económica, sus propuestas se convierten en ocurrencias o disparates que termina pagando el pueblo. Si Costa Rica sigue siendo un país subdesarrollado, es porque la política económica del PLN, del PUSC, del PAC y ahora del PPSO, ha ignorado las enseñanzas de la Economía.
Una enseñanza básica de la Economía es que el Estado no debe ser empresario en ningún sector. Por ello, se deben vender todas las empresas públicas y, al mismo tiempo, desregular los mercados donde operan para permitir que florezca la libre competencia; único motor del desarrollo económico y social.
Para incursionar en biocombustibles e hidrógeno verde Recope tendrá que invertir. ¿De dónde saldrán los recursos si no es elevando el precio de los combustibles que vende?
Los argumentos que se usan en Costa Rica para defender a las empresas públicas y a leyes como esta son iguales a los argumentos que dieron origen a las empresas públicas en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que despechó a la libre competencia y apostó a la dirección burocrática. Los que hoy apoyan esta ley deberían leer el libro “Perestroika” (1987) de Mijaíl Gorbachov, quien se desempeñó como el último secretario general del Comité Central del Partido Comunista. En su libro, expone el por qué el Estado empresario es pésima política económica.
Costa Rica ya conoce el fracaso del monopolio del ICE en telecomunicaciones. Recope es tan ineficiente e ineficaz que requiere de la concesión de un monopolio creado por ley para operar. ¿Qué hace pensar a los diputados creer que la burocracia de Recope sí tiene capacidad empresarial para incursionar en biocombustibles e hidrógeno verde? ¿Olvidaron el fracaso de la Corporación Costarricense de Desarrollo S.A. (CODESA)?
Una ley como esta solo contribuirá a desacelerar la tasa de crecimiento económico, al aumento en la tasa de desempleo, al estancamiento del crecimiento de los salarios y a perpetuar a Costa Rica como un país del tercer mundo.
La presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, critican a los comunistas por sus posturas. Sin embargo, el apoyo de todos los diputados oficialistas al proyecto “Ley para promover la transición energética en el sector combustibles” responde a una lógica comunista.
Como bien dijo Milton Friedman, premio Nobel en Economía, en su libro Capitalism and Freedom: Los grandes avances de la civilización, sean en arquitectura o pintura, en ciencia o literatura, en la industria o la agricultura, nunca han llegado de un gobierno centralizado.