Costa Rica es un país muy pequeño para tener aproximadamente 350 entidades públicas.
Por eso, ante la disminución de la recaudación fiscal, la única respuesta sana y correcta es que el gobierno de Laura Fernández tome la decisión de cerrar entidades públicas y recortar la planilla del sector público. Además, Costa Rica ya posee demasiados impuestos y es necesario reducirlos.
Según datos del ministerio de Hacienda, el primer trimestre del 2026 reportó cerca de ₡71 mil millones menos de ingresos en comparación con el mismo trimestre del 2025. Sin embargo, ante la disminución de los ingresos fiscales, es inaudito que el ministro de Hacienda esté planteando subir los impuestos en vez de controlar el gasto.
Algunas entidades que el gobierno debe cerrar son: Ministerio de Planificación (Mideplan), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Inamu, Infocoop, Ifam, Japdeva, Cosevi, CNP, Defensoría de los Habitantes, Micitt, Agenca Espacial, las municipalidades, Banco Central de Costa Rica (BCCR), etc.
Costa Rica es una República; es decir, prevalece el principio de la libertad individual donde cada persona debe ejercer el dominio sobre su vida, su ingreso y su propiedad. Por tanto, en una República el ciudadano no vive para alimentar al fisco, ni a la burocracia, ni cuanto capricho se le ocurre al gobernante. La Tierra no le perteneces a los gobernantes para que tengamos que pagarles por vivir acá. El ingreso pertenece a quien los produce, no al gobernante. Por eso los impuestos deben ser mínimos.
Muchos creen que el Estado es necesario para poner orden. Ese es el argumento de Hobbes, el ideólogo del poder absoluto por parte del Estado. Sin embargo, y esto es tema aparte, la historia nos demuestra que el ejercicio de la libertad no conduce al caos, sino a un orden que nadie diseñó. Es decir, aparte de la policía y obra pública, el Estado es innecesario. Más allá de sus funciones, el Estado obstaculiza el bienestar.
Además de cerrar entidades públicas y reducir la burocracia, debemos eliminar todos los regímenes de pensiones de reparto y sustituirlos por regímenes de capitalización individual. Aquí nos ahorramos aproximadamente ₡1,2 billones al año.
Adicionalmente, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) hay que eliminarlo y que las universidades públicas se financien 100% con el cobro de matrícula. Aquí nos ahorramos ₡550 mil millones al año.
Con estas medidas podemos derogar, sin mayor problema, el marchamo, el impuesto a los combustibles, reducir el impuesto de renta, eliminar los aranceles, reducir el iva y aun así tener un superávit fiscal.
Bien dijo Rodrigo Chaves: “Costa Rica es un país rico pero mal administrado”. Esto quiere decir que si la reducción del gasto público viene acompañada de una mejor administración de los recursos, el resultado será una mejora en el bienestar del costarricense.