Por: José Joaquín Fernández.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron al territorio venezolano y capturaron al dictador Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.
El acontecimiento fue interpretado por algunos sectores como el fin de la opresión en Venezuela el comienzo de una era de libertad y democracia. No obstante, durante la conferencia de prensa del mismo día, el presidente estadounidense Donald Trump no manifestó intención alguna de restaurar principios democráticos ni libertades fundamentales.
El presidente Trump sí puntualizó que el régimen chavista había expropiado compañías petroleras estadounidenses y afirmó la obligación del gobierno venezolano de resarcir los daños ocasionados a estas empresas. Asimismo, informó que el gobierno estadounidense administraría Venezuela temporalmente hasta que se estableciera un nuevo gobierno que evitara replicar las políticas de Nicolás Maduro, aunque no detalló los alcances ni las condiciones de dicha transición. Semanas después de la captura de Maduro, queda en evidencia que el principal objetivo de la administración estadounidense es asegurar el acceso de empresas petroleras al recurso venezolano.
El 4 de marzo, Trump publicó en Truth Social: “Delcy Rodríguez… está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, …”. Esta declaración es elocuente.
Hasta ahora, la libertad no ha dado ni un solo paso relevante en ese país. Solo algunos presos políticos han sido liberados bajo restricciones severas, entre ellas la prohibición de realizar declaraciones públicas.
El 05 de marzo, en un comunicado del Departamento de Estado de los EE.UU. se publica que los EE.UU y Venezuela restablecieron sus relaciones diplomáticas y consulares que estaban rotas desde el 2019. Este acto sugiere un reconocimiento del gobierno de los EE.UU al gobierno de Delcy Rodriguez. Si bien dicho comunicado habla de ayudar al pueblo venezolano a un proceso de transición a un gobierno electo democráticamente, los hechos no parecen respaldarlo.
No existen referencias por parte del presidente Trump sobre las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024, donde observadores internacionales señalaron deficiencias en transparencia e integridad electoral. Tampoco ha habido manifestaciones de interés en transferir el poder a Edmundo González y María Corina Machado, quienes según documentación opositora serían los legítimos ganadores del proceso electoral.
Durante dos reuniones entre María Corina Machado y Trump, una el 15 de enero y otra el 6 de marzo, no se alcanzaron acuerdos relacionados con la restauración de libertades democráticas en Venezuela. De haberse logrado algún avance en ese sentido, la información habría sido divulgada públicamente por la oposición.
Lo único concreto son los acuerdos de explotación del petróleo y del gas natural donde la empresa estadounidense Chevron resulta como el gran ganador. Los EE.UU. autorizaron exportaciones venezolanas a los EE.UU. de hasta 500 mil barriles diarios sin penalidades, la producción venezolana subió de 700 mil barriles diarios a más de 1,2 millones y se proyectan inversiones por US$5 mil millones en infraestructura petrolera.
Aunque el gobierno estadounidense sostiene que la administración temporal busca garantizar estabilidad y evitar el retorno de políticas autoritarias, las acciones tomadas hasta ahora han priorizado intereses económicos sobre la libertad y derechos ciudadanos.
Por el bien de los venezolanos y el resto de la humanidad, que Venezuela logre una transición pacífica hacia un gobierno que crea en la libertad individual y la libertad económica como principios fundamentales de toda sociedad próspera y pacífica.