En el sistema de pensiones costarricense, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) representa un pilar clave diseñado para complementar la pensión básica, como la del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Creado en el año 2000 mediante la Ley de Protección al Trabajador N° 7983, el ROP se financia con aportes obligatorios equivalentes al 4,25% del salario reportado a la CCSS: un 1% proveniente del trabajador y el 3,25% del patrono. Su objetivo es mejorar los ingresos del pensionado y mantener su calidad de vida al jubilarse. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, que prioriza la libertad individual, los derechos de propiedad y la autonomía económica, este régimen plantea serios cuestionamientos éticos y prácticos. En este artículo, exploraremos por qué el ROP, en su forma actual, vulnera principios fundamentales del liberalismo y proponemos una alternativa basada en el voluntarismo y los incentivos de mercado.
La Obligatoriedad: Una Invasión a la Propiedad Privada
El liberalismo clásico, inspirado en pensadores como John Locke y Friedrich Hayek, defiende que el dinero ganado por un individuo es su propiedad absoluta. Nadie, ni siquiera el Estado, debería interferir en cómo se dispone de él sin consentimiento explícito. En el caso del ROP, el Estado obliga a trabajadores y empleadores a destinar un porcentaje fijo de sus ingresos a un fondo de pensiones, bajo pena de sanciones. Esta imposición no solo ignora la diversidad de necesidades y preferencias personales —algunos podrían preferir invertir en educación, vivienda o emprendimientos—, sino que también socava la responsabilidad individual. ¿Por qué el gobierno asume que sabe mejor cómo manejar el futuro financiero de cada ciudadano?
No es moralmente aceptable forzar a las personas a aportar al ROP. Cada individuo debería tener el derecho inalienable de decidir qué hacer con su dinero, cuándo y cómo. Si alguien opta por gastar en el presente para disfrutar la vida o invertir en activos de mayor riesgo y potencial retorno, esa elección es legítima. La obligatoriedad convierte al Estado en un tutor paternalista, tratando a los adultos como niños incapaces de planificar su propio futuro. En un sistema liberal, el ahorro para la jubilación debe ser voluntario, fomentado no por coerción, sino por incentivos atractivos como tasas de interés especiales que hagan del ahorro una opción racional y beneficiosa.
Hacia un Ahorro Voluntario con Incentivos de Mercado
Imaginemos un ROP reformado bajo principios liberales: en lugar de mandatos, el Estado podría ofrecer tasas de interés preferenciales para depósitos voluntarios en fondos de pensiones, quizás subsidiadas temporalmente o exentas de impuestos para atraer participantes. Esto alinearía el sistema con el libre mercado, donde la competencia entre operadoras de pensiones —como las que actualmente administran el ROP— impulsaría mejores rendimientos y opciones personalizadas. Los trabajadores podrían elegir contribuir según sus circunstancias: un joven emprendedor podría priorizar capital para su negocio, mientras que alguien cercano a la jubilación optaría por ahorrar más agresivamente.
Esta aproximación no solo respeta la autonomía, sino que promueve la eficiencia económica. Estudios liberales sobre sistemas de pensiones voluntarios, como los de algunos países escandinavos con componentes optativos, muestran que los incentivos fiscales y de rentabilidad aumentan la participación sin necesidad de fuerza. En Costa Rica, eliminar la obligatoriedad liberaría recursos para que los individuos inviertan en lo que realmente valoran, estimulando el crecimiento económico y reduciendo la burocracia asociada al ROP actual.
Las Restricciones al Retiro: Una Limitación Injusta a la Libertad
Otro aspecto criticable del ROP es la restricción al retiro de fondos. Actualmente, los beneficios solo se accesan al pensionarse por el régimen básico, cumplir la edad establecida por la CCSS (generalmente 65 años para hombres y 63 para mujeres en IVM), o en casos excepcionales como enfermedad terminal. Esto implica que una persona podría esperar décadas para disponer de su propio dinero, incluso si enfrenta emergencias como una crisis familiar o una oportunidad de inversión.
Desde el liberalismo, esta espera obligatoria es inaceptable. ¿Por qué un individuo no puede retirar sus ahorros cuando lo necesite? El dinero en el ROP es, en esencia, propiedad del contribuyente, no un fondo público inalienable. Imponer barreras etarias o temporales equivale a una expropiación temporal, donde el Estado decide el “momento adecuado” para que alguien use lo suyo. En un sistema verdaderamente libre, los retiros deberían ser inmediatos y sin penalizaciones excesivas, permitiendo que cada persona asuma las consecuencias de sus decisiones. Si alguien retira temprano y enfrenta escasez en la vejez, esa es la lección del mercado; el Estado no debería rescatar malas elecciones con más intervencionismo.
En conclusión:
El ROP, aunque bien intencionado en su meta de asegurar un retiro digno, falla al imponer obligaciones que violan la esencia liberal de la libertad y la propiedad. Un enfoque alternativo, centrado en el voluntarismo con incentivos como tasas de interés especiales, respetaría la dignidad individual y fomentaría una cultura de ahorro responsable sin coerción. Eliminar las restricciones al retiro empoderaría a los costarricenses para gestionar sus finanzas según sus prioridades únicas.
Es hora de que Costa Rica avance hacia un sistema de pensiones que confíe en sus ciudadanos, no que los controle. Una reforma liberal no solo sería moralmente superior, sino que potenciaría la prosperidad económica al liberar el potencial individual. Los legisladores y creadores de políticas públicas deberían considerar estas ideas para construir un futuro donde la jubilación sea una elección libre, no una imposición estatal.