El problema de nuestra constitución no es su intención sino sus efectos porque esta permite a los tres poderes de la república confabular para expoliar a los ciudadanos sin límites.
Cuando una constitución le otorga al Estado “derechos” a proveer, garantizar o asegurar bienes y servicios, lo que realmente está haciendo es concederle la facultad legal de extraer recursos de terceros para cumplir esas promesas. No existe provisión estatal sin apropiación previa. No hay “derecho” a recibir algo que no implique, al mismo tiempo, la obligación coercitiva de otro a pagarlo.
En otras palabras, los derechos positivos no crean riqueza, crean títulos de cobro respaldados por la fuerza.
Lea: Sepamos ser libres, no siervos menguados
Mientras los derechos negativos (vida, propiedad, libertad, contrato) limitan al poder y protegen al individuo de la coerción, los derechos positivos expanden el poder del Estado y convierten al ciudadano en medio y no en fin. El Estado deja de ser árbitro y pasa a ser recaudador con causa moral.
La constitución, que debería ser un freno a la acción del Estado, se transforma así en una licencia para saquear, siempre que el saqueo sea presentado como justicia social, solidaridad o bienestar. El problema no es la ayuda voluntaria ni la cooperación social; el problema es convertir la solidaridad en obligación penalizable.
Dicho sin rodeos, cuando el Estado tiene derechos, los ciudadanos dejan de tenerlos plenamente. Es decir, más Estado necesariamente implica menos libertad. Lo que uno gana en papel, otro lo pierde en el bolsillo y en la libertad.