“Las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una amenaza aún mayor …” Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas
Por: José Joaquín Fernández.
Como bien señaló Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz: “Las drogas son peligrosas, pero las políticas contra los narcóticos son una amenaza aún mayor, porque priorizan el castigo por encima de los derechos humanos y la salud”. Esta afirmación resume con precisión el fracaso de la llamada guerra contra las drogas.
Es fundamental distinguir entre crimen y vicio. Un vicio es una conducta que solo causa daño a quien la practica. Un crimen, en cambio, es un acto que lesiona la vida, la propiedad o los ingresos de terceros. El abuso en el consumo de drogas encaja en la categoría de vicio, pero no en la de crimen. La razón de la existencia del Estado es perseguir al criminal y proteger a las víctimas, no entrometerse en la vida del vicioso. El Estado debe respetar al vicioso, aunque no aprobemos la conducta de este último.
El ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar limitado a los crímenes y delitos. Existe abuso del poder cuando el Estado regula, criminaliza y penaliza los vicios de las personas. Es necesario que prevalezca el principio de que no puede haber delito sin víctima. No hay víctima si quienes consumen drogas lo hacen por su propia voluntad. Dado que el consumo de drogas no debe verse como delito, la sociedad debe tratar la adicción a las drogas como un problema de salud y no como un crimen.
El consumo de drogas puede considerarse una conducta socialmente reprobable, pero mientras no se vulnere la libertad de otros, no debería ser catalogado como delito. En toda sociedad será inevitable que existan comportamientos que no sean de nuestro agrado. Sin embargo, si respetamos el ejercicio de la libertad individual, debemos respetar todas las acciones que no violenten la libertad de terceros.
Es innegable que el abuso en el consumo de drogas puede causar daños. Sin embargo, también debemos reconocer que la prohibición a generado consecuencias sociales profundamente nocivas: asesinatos colaterales, violencia generalizada, corrupción del sistema judicial y un grave hacinamiento en las cárceles. A ello se suma el enorme costo financiero que esta guerra impone al Estado, al desviar cuantiosos recursos policiales, judiciales y administrativos que podrían destinarse a combatir delitos verdaderamente lesivos, como robos, fraudes, violaciones, corrupción u homicidios.
La prohibición, además, provoca que los precios de las sustancias ilícitas se disparen artificialmente, lo que contribuye a la creación de inmensas fortunas para las mafias del crimen organizado. Al operar fuera del marco legal, cualquier disputa entre actores del mercado ilegal no puede resolverse en los tribunales de justicia, sino únicamente mediante la amenaza, el uso de la fuerza, la violencia o el asesinato. Como consecuencia directa de este sistema, cientos de miles de personas mueren cada año en ajustes de cuentas derivados de la prohibición.
Además, la guerra contra las drogas no ha reducido su consumo y, debido a la prohibición, los precios de las drogas suben y esto incentiva la creación de nuevas sustancias de menor precio, pero mucho más dañinas para la salud.
La resolución de los problemas económicos y sociales requiere garantizar el respeto por la libertad individual; este principio también es aplicable a la cuestión de las drogas.
La Global Commission On Drug Policy y su comisión regional The Latin American Commission on Drugs and Democracy concluyen en su informe que luego de 30 años las políticas prohibicionistas no han reducido la producción, ni el tráfico, ni el consumo y que tales políticas han creado muy graves consecuencias que no fueron intencionadas.
Según el informe, la democracia y la institucionalidad se debilitan porque se crean organizaciones paramilitares de poder en zonas marginadas donde la violencia afecta desproporcionadamente a la juventud y a los pobres con tasas de homicidio semejante a las zonas de guerra. En los EE.UU. las personas encarceladas por asunto de drogas pasaron de 50 mil en 1980, a 500 mil en el 2007 sin que ello haya contribuido a reducir el consumo de drogas.
El informe recomienda cambiar la estrategia y dejar de ver el consumo de drogas como un delito, y pasar a verlo como un problema de adicción.
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Por las razones expuestas, debemos discutir sin prejuicios la despenalización y descriminalización del consumo, distribución y producción de las drogas; y regularlas de la misma manera que se regulan otras sustancias como el alcohol o el tabaco.