La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado sustancialmente los aranceles. Aunque un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó el 29 de agosto que gran parte de estos aranceles son ilegales, la ejecución de la sentencia se suspendió hasta el 14 de octubre para permitir cualquier apelación ante la Corte Suprema. Es decir, los aranceles siguen vigentes.
Independientemente de los aranceles de Trump, debemos reflexionar sobre la competitividad de nuestro país para enfrentar con éxito cualquier obstáculo externo. Costa Rica sigue siendo un país pobre del tercer mundo y solo mejorando nuestra competitividad lograremos un ingreso per cápita comparable al de los países desarrollados.
Es fundamental entender que el principal obstáculo para nuestra competitividad no son los aranceles de Trump, sino el propio Estado costarricense. El exceso de regulaciones, impuestos y limitaciones a la libre competencia son los principales factores que deterioran nuestra competitividad.
Un ejemplo claro es el elevado costo del capital humano. No se trata tanto del salario mínimo, como ha señalado la diputada Pilar Cisneros, sino de las abusivas cargas sociales. En Costa Rica, las cargas sociales equivalen al 37,34% del salario, lo cual es una clara muestra de explotación del Estado al trabajador.
Las cargas sociales destinadas al Banco Popular, al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) representan un 8,50% del salario. Este aporte puede eliminarse para aliviar el costo del capital humano y, con ello, mejorar nuestra competitividad.
Debemos eliminar el subsidio del salario del trabajador al Banco Popular y al INA. El Banco Popular podría transformarse en un banco estatal comercial más, privatizarse o ser absorbido por el Banco Nacional o el Banco de Costa Rica (BCR). El INA, en vez de financiarse con cargas sociales, podría financiarse con los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o privatizarse también.
Por su parte, el IMAS y FODESAF deben financiarse con los impuestos ya existentes, sin aumentar la carga tributaria. Cada año, debido al crecimiento de la economía, aumentan los ingresos fiscales, lo que permitiría financiar el IMAS y FODESAF sin incrementar la carga tributaria.
La reducción de las cargas sociales no solo mejoraría nuestra competitividad sino que reduciría el desempleo, aumentaría los salarios y bajaría la informalidad.
Muchos políticos hablan de reducir las cargas sociales como mecanismo para impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, ya es hora de que los gobernantes tomen decisiones valientes y reduzcan las cargas sociales sin aumentar los impuestos.