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Según la Procuraduría General de la República, la Asamblea Legislativa paga dos veces la gasolina de diputados. ¿Con qué palabra llamar esto? ¿Descaro, desfachatez, desvergüenza, falsedad, hipocresía o doblez? No son palabras injuriosas, pero sí apropiadamente descriptivas.

En el liberalismo, el Gobierno se crea para proteger la libertad individual y castigar a quien viole la propiedad privada, viole la integridad física de alguien, o realice transacciones donde medie el engaño. Si el Gobierno no cumple con esta función esencial y cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, esto conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Un funcionario público se incapacita 5 veces más que un empleado del sector privado. Además, el primero recibe en promedio C102.825 al año mientras que el último apenas recibe C8.559. El empleado público percibe el 100% de su salario con la incapacidad mientras que el trabajador del sector privado tan solo el 60%. Esto es otro ejemplo de privilegios que daña el sano desarrollo económico.

“En vez de un 3.4% de crecimiento que inicialmente proyectó (crecimiento de por sí bajo), ahora el Banco [Central] estima que dicha tasa será un 18% inferior; esto es, que la economía … crecería tan sólo en un 2.8%. … a pesar … [de] una baja en los precios del petróleo y de otras materias primas, [que] le ha permitido al país tener una mejora en sus términos de intercambio. … [E]ste menor crecimiento esperado se reflejará en un aumento del desempleo y del sub-empleo e incluso de lo que se denomina economía subterránea.

El informe del Banco es notoriamente omiso acerca de la incertidumbre que el sector privado ha venido experimentando en los últimos tiempos, que bien podría no estar invirtiendo lo posible a causa de expectativas de aumentos de impuestos que reducirán las rentabilidad de sus inversiones prospectivas.

No conozco país en donde mayores impuestos a la economía privada dan lugar a un mayor crecimiento de la economía. Reducir el gasto público es la medida adecuada, si queremos que nuestra economía vuelva a crecer a tasas aceptables y que, por tanto, se pueda reducir el desempleo y con ello aumentar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza”; afirma Jorge Corrales Quesada.

“Estoy muy a favor de esta idea de la educación dual […] que impediría altas tasas de desocupación, que lograría una mayor productividad y competitividad de nuestra mano de obra, que generaría mayores ingresos salariales y que permitiría, a quienes desean trabajar, encontrar un empleo productivo”; afirma Jorge Corrales.

Costa Rica necesita reconstruir, renovar y ampliar toda su red vial. El mecanismo más eficiente es por medio de concesión. Bien hecha, la concesión permitiría en una solo administración tener todos los tramos listos: San José-San Ramón, San José-Limón, San Ramón-Puntarenas, la Ruta del Sol, etc. Un sistema de concesión donde se cobren peajes por el uso de las carreteras, debe de ir acompañado, necesariamente, de la eliminación del impuesto sobre la gasolina y del impuesto al ruedo e incluso en la reducción de los impuestos a la importación de vehículos y sus partes.

El Gobierno, para poder subsidiar, primero debe quitarle ingresos a los sectores productivos para luego dárselos a los improductivos. ¿Tiene sentido? El desempleo disminuye solo, y solo si, cuando la economía crece más rápido que la oferta de mano de obra. Y, las economías solo crecen, con libertad económica. Dado que todo subsidio se financia con impuestos, ello desestimula el crecimiento con lo cual termina aumentando el desempleo. ¿Tiene sentido? Es mucho mejor reducir los impuestos que encarecen la mano de obra y la producción en vez de subsidiar. Así, se estimula el crecimiento, se genera empleo y además sale más barato.

El porcentaje de gasto, que representan remuneraciones en el gasto total, aumenta para el presupuesto del 2016 llegando a un 30.8%. Lo mismo sucede con las transferencias corrientes del gobierno, donde se incluyen las universidades públicas que suben a un 29.9%. Sin embargo, el porcentaje de gastos de capital (inversión como infraestructura), no solo cae sino que tan solo representa un 5.1% del gasto. Es decir, el gobierno no solo gasta en exceso sino que además gasta mal.