Por: Sergio Villalta
Según el informe final de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, expediente legislativo número 23,965, suscrito por diputados de cuatro diferentes partidos políticos, se demostraron varios hechos relevantes. (1)
Los hechos
1. Que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) solicitó datos no anonimizados sobre operaciones crediticias a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). Esta confesión fue hecha bajo juramento por el presidente del BCCR en su comparecencia del 21 de septiembre de 2023 ante dicha comisión.
2. Que esa solicitud de datos también se extendió al Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BN), Banco Popular (BP) y BAC Credomatic. Todos, con la excepción del Banco Nacional, cumplieron entregando la información solicitada.
3. Que la SUGEF se opuso a proporcionar esa información al considerarla privada y confidencial de conformidad con la Constitución Política y las leyes sobre la materia.
4. Que en respuesta, el Banco Central (la gerente general) presentó una denuncia penal contra la jerarca de la SUGEF, ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia.
5. Que la misma gerente del BCCR también denunció penalmente al gerente del Banco Nacional, alegando una supuesta desobediencia cuando se rehusó a compartir la información de los clientes del Banco Nacional.
6. Que la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) proporcionaron datos tributarios y relativos a los trabajadores y sus empleos al BCCR, esto por petición del mismo banco.
7. Que la gerente del BCCR manifestó en audiencia (el 12 de octubre de 2023) y bajo juramento que la entidad pidió por “error”, a los cuatro grandes bancos comerciales, la información de la identificación de los depositantes dentro de la solicitud de datos de los deudores.
8. Que durante la sesión del 30 de noviembre de 2023, el gerente general del Banco Nacional, reveló bajo juramento que el BCCR no solo solicitó a los bancos la información personal de sus deudores y ahorrantes, sino también la de sus codeudores y fiadores.
9. Que tanto el Colegio de Abogados como la Asociación Bancaria Costarricense, por medio de sus comparecientes ante la Comisión, consideran respectivamente que no existe un fundamento legal que respalde la solicitud del BCCR para requerir datos privados; y que esto puede abrir la puerta a que otras instituciones soliciten información similar y conducir al fin del secreto bancario en el país.
Finalmente la Comisión concluye entre otras cosas:
1. Que el Banco Central no ofreció una justificación plena para requerir datos tan minuciosos de los clientes de los bancos comerciales, ya que esto no es imprescindible para que cumpla con sus atribuciones legales.
2. Que el Banco Central requirió y obtuvo datos tan personalísimos como:
- Monto del salario.
- Declaración tributaria.
- Tipo de ocupación.
- Nombre del empleador.
- Lugar de trabajo.
- Cuotas del seguro de salud.
- Cuotas al régimen obligatorio de pensiones.
- Cuotas al fondo de capitalización laboral.
- Montos de los créditos.
- Información sobre la capacidad de pago.
- Historial de pago.
- Categoría de riesgo.
- Porcentaje de morosidad.
- Saldos en cuentas bancarias.
¿Qué pretende el Banco Central?
Tan fuera de lugar resultó este “error” del Banco Central que preocupó incluso a varios miembros anteriores de su junta directiva. La preocupación existe con justa razón.
¿Por qué el banco central necesita esa información con nombre, apellidos y números de cédula, siendo que cualquier cuadro o índice estadístico se puede crear sin datos personales y privados?
Las dudas aumentan cuando en un principio el BCCR justificó dicha petición para elaborar un supuesto índice “climático” o “hidrológico”. Sin embargo, meses después cambió de versión.
El 18 de abril las autoridades del BCCR dijeron que la información personalizada es necesaria para proteger los ahorros de las personas ante “un mal manejo del riesgo en el sistema financiero” con motivo del “sobreendeudamiento”. Sin embargo, esto genera aún más dudas sobre las verdaderas intenciones que se persiguen. (2)
¿Qué es la privacidad?
A veces se pierde de vista qué es lo que se ha ultrajado en todo este affair. La palabra “privado” proviene del latín ‘privatus’. La privacidad es lo propio, lo personal; lo que no se hace o se dice a la vista de otros.
Lo privado es necesariamente lo particular, lo que no está al alcance de la vida pública. Esta esfera de lo particular define lo exclusivo de la persona como individuo en la sociedad.
La esfera privada abarca lo más interior; lo íntimo de cada ser humano. Siendo que la privacidad es lo exclusivo, lo que no pertenece a la vida pública, esta esfera se constituye en una parte importantísima de la esencia de cada persona.
La privacidad es más que un derecho, es una necesidad del hombre. Por el contrario, el resto de los seres en el reino animal desconocen este concepto; ya que no está en su naturaleza.
En una sociedad libre debe existir una esfera que esté fuera del alcance del poder estatal. De lo contrario, los individuos estarían sujetos a toda clase de abusos y arbitrariedades de parte del Estado. Por esta y otras razones, violar nuestro derecho a la privacidad, equivale a violar nuestra naturaleza; nuestro sentido mismo de humanidad.
Conclusión
El BCCR ha actuado de manera muy sospechosa al cometer un “error” y después variar la justificación del porqué necesitaba los datos personales y privados de los clientes bancarios, de la Dirección de Tributación y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Las sospechas están bien fundadas y la desconfianza es merecida. La Comisión Especial solicitó la destitución del Presidente Ejecutivo del BCCR. Si el Presidente de la República no atiende esa recomendación estará avalando las conductas y el “error” cometido por el BCCR.
1. El informe de la Comisión Especial se puede leer de forma completa aquí.
2. Diario El Observador. La nota periodística se puede leer aquí.