El Instituto de Desarrollo Rural lleva más de 60 años cometiendo irregularidades con las tierras que se le asignaron. Para resolver su desorden parcialmente, invertirán más de ₡2.700 millones en cuatro años en la contratación de abogados, notarios, topógrafos, asistentes y encuestadores, entre otros. ¡Sigue la piñata fiscal!

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