Mantener un Estado ineficiente y burocrático, se ha convertido en el fin del trabajo del costarricense; y lo más triste de todo, es que el Tico parece feliz con su destino.
El Tico no parece entender que para el Estado, las contingencias son infinitas y, por tanto, los gastos también. La necesidad de más burócratas, profesores, policías, agricultores subsidiados, etc., siempre será infinita, hasta que la cobija ya no alcance, y el Estado parásito se convierte así en un Estado depredador que todo lo absorbe.
Los impuestos se han vuelto un mal necesario y son parte de los sistemas de organización surgidos del gran experimento democrático. Quienes defienden los impuestos dicen que son necesarios para cubrir fallas de mercado que, de otra manera, atentarían contra del desarrollo económico y social. Los que argumentan en contra de estos, alegan que lo que parecen fallas de mercado son más bien fallas atribuibles a la intervención estatal y que hay formas catalécticas para resolver las necesidades de la sociedad en su conjunto. Lo que sí es un hecho, es que todo impuesto se paga con el sudor de la frente de alguien que trabaja para subsistir.
Mientras que los impuestos al consumo, como el IVA, son un precio que hay que pagar por un derecho para poder vivir, los impuestos al capital y rentas son un saqueo legalizado de la propiedad y un impedimento al ahorro e inversión, que por lo general se traspasa a las clases trabajadoras de alguna manera u otra.
El argumento de cobrar impuestos al que más tiene es una utopía, dado que los dueños del capital lo moverán con facilidad a otras latitudes, donde su retorno de inversión y certeza de utilidades es mayor, afectando de esta manera y por añadidura el empleo y los ingresos del mismo Estado.
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Una economía prospera cuando existe un balance entre el consumo improductivo (no comerciable), el consumo productivo (comerciable) y el consumo reproductivo (inversión), permitiendo la innovación y capitalización a lo largo de todo el ciclo. La economía de Costa Rica no prospera porque lo que prevalece es el consumo improductivo y la redistribución de riqueza de pobres hacia elites protegidas por ley, en tanto la poca riqueza que se genera en el sector privado no se capitaliza dentro del país porque la incertidumbre, la falta de libertad y los altos costos de transacción, hacen que el descubrimiento de nuevas oportunidades de inversión se dificulte.
“Los impuestos de todo tipo desalientan la producción. El hombre trabaja para satisfacer sus deseos, no para financiar el Estado. Cuando se le quitan los resultados de sus trabajos, sea por bandidos o por la sociedad organizada, su inclinación es limitar su producción a la cantidad que puede quedarse y disfrutar” (Chodorov).
Por esta razón, cuando los políticos de turno pregonan la necesidad de aumentar los impuestos incurren en una total contradicción, puesto que una mayor carga tributaria desalienta la producción y generación de empleo por parte de los empresarios.
La emisión de deuda pública tampoco alienta la producción porque supone captar un dinero del sector privado (ciudadanos, empresas, fondos de inversión, etc.) que podría destinarse a inversiones más productivas y a crear empleo y riqueza. Además, la deuda (más los intereses) habrá que pagarla tarde o temprano, por lo que la emisión de deuda implica un aumento impositivo en el futuro y una serie de anomalías en los mercados financieros, con todos los efectos negativos que esto arrastra.
Aun si el Estado utilizara estos dineros para” invertir” en infraestructura, la productividad marginal del gasto o deuda tendría que ser lo suficientemente alta para contrarrestar el efecto negativo de mayores impuestos y la baja en inversión causada por las expectativas negativas de los empresarios. Esto raramente se da, porque las decisiones sobre inversión en infraestructura siempre estarán políticamente sesgadas y lo que casi siempre prevalece son las llamadas “roads to nowhere“, monumentos improductivos o puentes sobre ríos sin cauce.
La seudoinversión en educación estatizada o publica, no es más que una ficción política, dado que la educación pública, en términos generales, es una educación de “mínimos”, y no aporta mucho al sistema de especialización requerido en los mercados. En los países donde predomina la falta de conocimiento y especialización, es porque no hay libertad económica, incluyendo el área educativa, lo cual repercute en el inminente proceso de la división del trabajo.