Las democracias consolidadas, como la costarricense, suelen presentarse como sistemas coherentes y armónicos. En la práctica, se parecen más a una cebolla: capas sobre capas de instituciones que aparentan formar una unidad integrada, pero que operan de manera fragmentada y crecientemente desconectadas del país productivo real.
Esta arquitectura institucional no es neutra. Cada capa añade trámites, costos y rigideces que se acumulan sobre quien intenta producir, contratar o innovar. El resultado es un sistema que encarece el empleo formal, estanca la productividad y empuja a miles de personas, especialmente jóvenes, hacia la informalidad como mecanismo de supervivencia económica.
Muchas de estas capas muestran signos claros de deterioro. Instituciones que alguna vez cumplieron una función hoy sobreviven por inercia, protegidas por discursos bienintencionados, privilegios legales y una burocracia diseñada para resistir el cambio. El dilema no es reconocer que hay capas podridas, sino cómo intervenirlas sin partir la cebolla de un solo tajo. Reformas abruptas generan miedo, resistencia corporativa y parálisis política. El país “llora” y todo termina igual.
La primera capa que debe ser retirada es también la más delicada. Si no se la despega con cuidado correría el peligro de romperse, y hará llorar a la sociedad desconsoladamente. Esa capa es la educación, que será siempre pilar de una sociedad desarrollada y próspera, mientras exista libertad de elección.
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Hoy cuesta encontrar atributos que justifiquen su defensa acrítica o su fortalecimiento automático. La educación escolar y colegial, planificada de arriba hacia abajo por una burocracia rígida, poco evolutiva y prácticamente inamovible, se asemeja más a un sistema de guarderías públicas que a un mecanismo de desarrollo individual de habilidades y competencias.
El esquema de grados, materias compartimentadas y evaluación estandarizada no solo es obsoleto; es activamente dañino frente a las necesidades de una economía tecnológica y dinámica. En lugar de formar personas capaces de integrarse con rapidez a mercados cambiantes, el sistema produce certificados homogéneos con escaso valor productivo.
Las consecuencias se observan con claridad en el empleo juvenil. Miles de jóvenes salen del sistema educativo con títulos, pero sin competencias comercializables. Ante un mercado formal costoso y regulado, la informalidad no es una elección ideológica, sino la única puerta de entrada disponible.
Las zonas francas ilustran esta falla estructural. Su éxito no descansa en la educación pública tradicional, sino en procesos propios de capacitación, certificaciones específicas y aprendizaje en el puesto de trabajo. Corrigen internamente lo que el sistema educativo no provee. El problema es que este modelo no puede extenderse al resto de la economía mientras la base formativa siga siendo rígida y uniforme.
Por otro lado, la educación superior pública se ha convertido en uno de los sistemas de reparto más regresivos y destructivos del país. Extrae recursos vía impuestos de una clase media cada vez más empobrecida para concentrarlos en un esquema elitista, con acceso limitado y beneficios altamente concentrados. Se socializan los costos, pero se privatizan los privilegios.
En este entorno abundan currículos arbitrarios, a menudo moldeados por intereses políticos o gremiales, mientras escasean los laboratorios, la educación práctica y los vínculos reales con el mercado laboral. Se gradúan profesionales con altos credenciales formales, pero con una preparación insuficiente para las demandas tecnológicas y productivas actuales. La universidad pública, lejos de ser un motor de movilidad social, opera cada vez más como un mecanismo de reproducción de élites financiado por quienes menos se benefician de él.
Pese a ello, el debate público insiste en una ecuación cómoda: más presupuesto educativo equivale a mejores resultados. Costa Rica ya destina una proporción elevada de su ingreso a educación sin que ello se traduzca en mayor empleabilidad, productividad o adaptación tecnológica. El problema no es de recursos, sino de diseño institucional.
Reformar esta capa no requiere épica ni consignas, sino decisiones incómodas. En Costa Rica, eso implica cuestionar el modelo centralizado del MEP, hoy más enfocado en administrar planillas y programas que en formar competencias reales. Implica revisar el FEES, no como dogma intocable, sino como un mecanismo que financia estructuras antes que resultados, carreras antes que necesidades productivas y privilegios antes que movilidad social.
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Financiar a los estudiantes en lugar de a las instituciones; permitir competencia real entre universidades públicas y privadas; reemplazar títulos rígidos por certificaciones modulares y acumulables; y vincular educación con trabajo productivo desde etapas tempranas no es un ataque a la educación pública, sino un intento serio de rescatarla de su irrelevancia creciente.
Nada de esto destruye la democracia costarricense. Lo que sí la erosiona es un sistema educativo que expulsa jóvenes hacia la informalidad, que obliga a las empresas a capacitar desde cero y que consume recursos crecientes sin rendir cuentas. Pelar la cebolla duele. Pero no hacerlo ya nos está costando demasiado.