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El 33% del presupuesto anual del Poder Judicial se va en sobresueldos que suma en promedio ₡1 millón por empleado. En contraste, el salario promedio del sector privado es de ₡385.000.
Ante este panorama, ¿cree el lector que se deban aprobar más y nuevos impuestos? El problema fiscal en Costa Rica es el exceso de gasto público, no la falta de impuestos. El Estado se encuentra obeso y hay que reducirlo, aunque no existiera déficit fiscal.
Resulta que 47 municipalidades, del total de 81, pagan más de 12 años de cesantía. En muchas de ellas no hay límite a la misma. Además, en muchas se paga la cesantía aun sin cumplir el requisito exigido en el Código de Trabajo el cual estipula el pago solo en casos de que el trabajador se acoja a la pensión o bien en caso de despido por voluntad del patrono.
Esos pagos se financian con los impuestos municipales y, a mayor cesantía, menos servicios públicos, menor es la calidad de este o mayor es el estrujamiento al sector privado. Esto último afecta el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo.
325 pensionados del régimen de pensiones del Magisterio no pagan desde 1995 la contribución solidaria que les corresponde por ley.
Toda pensión justa y sostenible debe ser el resultado de la suma de las cotizaciones (ahorro), más los rendimientos generados por dicho ahorro. Quien reciba una pensión superior al resultado de lo expuesto, como lo que sucede con toda pensión con cargo al presupuesto de la República, está disfrutando de una pensión a costa del “sudor del prójimo”; lo cual es una injusticia y debe eliminarse.
Tanto el régimen de pensiones de la CCSS como los otros sistemas de pensiones con cargo al presupuesto de la República se basan en un sistema de reparto (esquema Ponzi) que, estructuralmente, está condenado a la quiebra sin importar las reformas que se le hagan.
La solución es trasladarnos a un régimen de capitalización individual.
Es inconcebible que el Poder Judicial acuda a la separación de poderes para argüir en favor de conservar sus pluses de privilegio. Lo que se nos dice es que, en asunto de gastos, el Poder Judicial puede hacer lo que le da la gana o lo que leyes de privilegios propios consignen, sin que el ciudadano tenga forma de impedirlos.
Esa conducta arrogante, de creerse dueños de las haciendas de las personas, más bien parece propio de emperadores y reyes del medioevo.
El auxilio de cesantía en las entidades públicas se ha transformado en otro privilegio más que contribuye a la injusticia social. Debemos limitarlo a no más de 8 años.
Es lamentable la postura del Ministro de Agricultura, Renato Alvarado, de “proteger” a un grupo de productores nacionales. Esto no es posible sin castigar a los millones de consumidores nacionales.
Ya desde 1817, David Ricardo desarrolla la teoría de las ventajas comparativas donde demuestra que el proteccionismo perjudica el desarrollo de un país. O bien, este gobierno carece de preparación académica o esto es un acto corrupto para favorecer a grupos de presión.
Según la OCDE, “las regulaciones que restringen la competencia pueden obstaculizar las mejoras en términos de eficiencia, innovación y asignación de recursos para aumentar la productividad y contribuir al aumento de la desigualdad al subir los precios al consumidor y hacer más amplia la distribución de los salarios”.
Descubren el agua tibia. Desde hace un par de siglos, la Economía ha demostrado que, a mayor competencia, mayor es el nivel de inversión, los precios son más bajos, mayor es la generación de empleo y la innovación es mayor. Cualquier político con un mínimo de preparación sabe que todo monopolio creado por ley es antisocial.
El promedio de la informalidad en Costa Rica para el período 2012-2016 fue del 42.6%. Esto se debe a los altos costos de ingreso a la formalidad: altas cargas sociales, altos salarios mínimos, altos costos de patentes, etc. Por tanto, un aumento de los impuestos estimularía el crecimiento del sector informal.
Un billón (millón de millones) es lo que le cuesta a los contribuyentes costarricenses los 18 regímenes de pensiones con cargo al presupuesto (con cargo a Ud). Aquí vemos un ejemplo de como el gobierno deteriora la distribución del ingreso.
Toda pensión justa debe calcularse a partir de la suma de las cotizaciones (ahorro), más los rendimientos generados por dicho ahorro. Un régimen justo de pensiones es autofinanciable y no requiere financiarse con impuestos. La solución está en movernos de regímenes de reparto a un régimen de capitalización individual.
El hacinamiento en las cárceles es algo impropio en una sociedad civilizada. Lamentablemente, el problema no es falta de recursos sino de incompetencia en la ejecución de los presupuestos y en la terquedad de los gobiernos con mentalidad socialista de no acceder a la construcción de prisiones privadas.
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