En el debate económico suele presentarse al Estado como el contrapeso moral del mercado y a los políticos como defensores del bien común frente a los excesos del capital. Sin embargo, en la práctica, los políticos y burócratas terminan siendo los capitalistas más voraces de la economía porque no producen, no compiten y no arriesgan capital propio, pero administran enormes volúmenes de recursos ajenos.
Para justificar ese poder, se sostiene la idea de que un Estado grande, caro y omnipresente es indispensable para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. No obstante, los incentivos que gobiernan al aparato estatal distan mucho de promover eficiencia, responsabilidad o prudencia en el uso de los recursos.
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La diferencia central entre el capitalismo de mercado y el capitalismo de Estado es la competencia. En el primero, la competencia protege al consumidor de las rentas monopólicas y castiga la ineficiencia: quien no satisface al cliente pierde mercado o quiebra. El error tiene consecuencias.
En el capitalismo de Estado, en cambio, la competencia es inexistente. Los burócratas y políticos pueden extraer rentas de manera permanente mediante impuestos, regulaciones y presupuestos garantizados. Cuando fallan, no pierden porque cuando se equivocan, el costo se traslada a la sociedad. La responsabilidad se diluye y el riesgo desaparece.
Resulta aún más paradójico que, cuando necesitan financiamiento político, los mismos actores que critican al mercado recurran a él sin reparos, ofreciendo a cambio favores regulatorios, protección legal o ventajas competitivas. Así, ciertos empresarios no buscan competir mejor, sino competir menos, al amparo del poder político.
El problema no es el capital ni el mercado. El verdadero problema es el capital sin riesgo, sin competencia y blindado por el poder del Estado.