La ONU, junto con el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) están gestionando el Pacto para el Futuro (junto con dos anexos, la Declaración sobre las Generaciones Futuras y el Pacto Digital Global) que se discutirán (y pretenden aprobar) el 22 y el 23 de septiembre en la sede de Nueva York de la ONU. Pero claro, esconden sus verdaderas intenciones detrás de palabras bonitas mientras intentan “meternos un gol”.
Por medio estos instrumentos buscan —ahora sí— instaurar un Gobierno Mundial (Sección 5, Pacto del Futuro), algo que lamentablemente no es una teoría de conspiración sino una enorme realidad que nos amenaza. Esto será peor que el Tratado Pandémico, las enmiendas al RSI, y cualquier otra cosa, siendo que le confiere al Secretario General —en este caso a Antonio Gutiérrez— de la ONU poderes plenipotenciarios globales en caso de “Crisis Globales Complejas” (natural o planificada-provocada) como por ejemplo:
a) Eventos climáticos o ambientales de gran escala que causen importantes perturbaciones socioeconómicas y/o degradación ambiental;
b) Pandemias futuras con impactos secundarios en cascada;
c) Eventos de alto impacto que involucren un agente biológico (deliberado o accidental);
d) Eventos que provoquen perturbaciones en los flujos globales de bienes, personas o finanzas;
e) Actividad destructiva y/o disruptiva a gran escala en el ciberespacio o perturbaciones en la conectividad digital global;
f) Un evento importante en el espacio exterior que cause graves perturbaciones en uno o varios sistemas críticos en la Tierra; y
g) Riesgos imprevistos (eventos “cisne negro”).
La ONU (junto con las comisiones que han estado negociando estos instrumentos lo han hecho en absoluto secretismo. Estos, al llegar a un consenso para su borrador, brindan tres días en el que rige el “Procedimiento de Silencio”, es decir, que a menos que alguno de los Estados rompa el silencio y objete alguno de los puntos acordados en el borrador, este quedará en firme.
Lo otro es que estos procesos de negociación no tienen la participación de los ciudadanos de los Estados parte quienes, en última instancia, son los que serán afectados por estos instrumentos y sus alcances. Además, estos acuerdos multilaterales ni siquiera serán discutidos por las Comisiones Permanentes Ordinarias (como la Comisión de Gobierno y Administración, la de Asuntos Económicos, la Comisión de Asuntos Sociales, la de Asuntos Jurídicos, Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales) ni las Comisiones Permanentes Especiales (como la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, la de Consultas de Constitucionalidad, la de Ambiente, la de Turismo, la de Derechos Humanos o la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación); siendo que esto no pasa por la Asamblea Legislativa sino que se acepta por medio de Decreto Ejecutivo (es decir, Rodrigo Chaves, Presidente de la República podría de manera unilateral aceptar esto y provocar una enorme afectación a la soberanía nacional, a nuestra independencia, a nuestra democracia y aún más allá de eso a nuestros derechos humanos y libertades individuales), tal y como sucedió en el 2015 –Administración Solís Rivera– con la Agenda 2030.
Claro, no ignoramos el hecho incontrovertible de que dado que la ONU y la OMS, así como sus funcionarios gozan de inmunidad jurídica, y siendo que ellos estarían asumiendo las competencias para definir políticas públicas (siendo facultados por esos instrumentos multilaterales), es muy conveniente para los funcionarios públicos del Estado, ya que estos podrían lavarse las manos ante decisiones tomadas de afuera por ser estas “órdenes superiores”, y básicamente anulando el artículo 11 de la Constitución Política de Costa Rica que indica que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas.” ¡Que conveniente! ¡Ahora tendremos muchos funcionarios públicos haciendo las de Pilatos y echándole la culpa a funcionarios y organizaciones que casualmente tienen inmunidad!
¿No les parece que siendo algo que afectaría a nuestras naciones de una manera tan drástica, no debería crearse una comisión en al que los ciudadanos junto con los diputados de Costa Rica puedan participar, analizar, revisar estos documentos? Siendo que el Presidente Chaves habla tanto de un Referendum, quizá sería correcto hacer entonces un referendum sobre estos acuerdos (Agenda 2030, Acuerdos sobre Prevención, Preparación y Respuesta a Futuras Pandemias, enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, el Pacto del Futuro y sus dos anexos).
Debemos rechazar categóricamente el ceder competencias, que inicialmente nos corresponden a nosotros como individuos (como la crianza de nuestros hijos), en segundo lugar que son propias –en cuanto a la administración del Estado (y que por cierto lo hacen muy mal)– de los servidores públicos desde aquellos electos de forma democrática, hasta quienes han sido contratados para tal efecto, a funcionarios internacionales que no conocen la realidad que viven los costarricenses.
Debemos defender nuestra independencia, soberanía, democracia y libertad –una vez más– frente a organismos internacionales como las (ONU, OMS-OPS, entre otros) y organizaciones supranacionales (Gavi, Cepi, WEF, etc.), capitales internacionales (como Blackrock y Vanguard y algunas dudosas fundaciones como la B&M Gates Foundation o la Open Society Foundation), que parecieran ser quienes en el Siglo XXI son proclives a convertirse en una especie de colonizadores gubernamentales, culturales, económicos, patrimoniales, etc. de naciones y quienes quieren controlar el que hacer diario de los seres humanos, como si nosotros necesitáramos que ellos nos vengan a decir como vivir…
Si no hemos logrado ponerle una “camisa de fuerza” al Estado, imagínense lo que será siquiera tratar de ponérsela a estas organizaciones y sus funcionarios…
https://www.un.org/es/summit-of-the-future
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