El dinero, en términos generales, no arrastra consigo una carga moral. Es un medio de intercambio. No es bueno ni malo. Su valor ético depende del origen y del uso que se le dé. Sin embargo, cuando el dinero proviene de actividades ilícitas -como el narcotráfico, la corrupción o el fraude-, puede adquirir una connotación moral negativa, al convertirse en vehículo de impunidad o injusticia.
Ante este riesgo, los gobiernos han optado por regular fuertemente las transacciones bancarias y comerciales, con el objetivo de impedir que dinero mal habido se mezcle con el flujo económico formal. El problema es que, en esta cruzada contra el delito, se ha caído en un castigo colectivo: los justos terminan pagando por los pecadores.
Empresarios honestos, ciudadanos comunes y pequeños productores son sometidos a trabas, reportes, verificaciones, congelamientos y suspicacias, mientras las redes criminales, gracias a contactos políticos, sobornos y estructuras paralelas, logran burlar los controles con más facilidad que los inocentes.
En nombre de la transparencia y la lucha contra el crimen, se ha construido un aparato de vigilancia financiera que termina asfixiando la libertad económica de quienes actúan de buena fe. Así, lo que comenzó como una herramienta para combatir el lavado de dinero, corre el riesgo de convertirse en una estructura de control burocrático que obstaculiza el desarrollo y castiga al ciudadano honesto.