Por: Sergio Villalta
El gobierno anunció ayer la obligatoriedad de la inyección para personas menores de 18 años. (1) Y según informó la BBC el país se convierte en la primera nación del orbe en hacerlo. (2)
Sin embargo, aunque se difundió ampliamente esta resolución no se publicó de igual manera el fundamento científico que sirvió para sustentar dicho mandato. Es ya una constante que este ministerio nunca se digna en publicar los datos periciales que amparan sus resoluciones.
¿Será que no existe esa prueba? ¿Será que es muy endeble? Porque si en verdad existe ese sustento científico, ¿qué razón tendría el ministro para no hacerlo de dominio público?
Pero, más allá de la notoria falta de transparencia del Ministerio de Salud, es oportuno preguntarse: ¿representa el patógeno un riesgo para la salud de los niños? ¿Cuál es ese riesgo? Y de existir, ¿justificaría la obligatoriedad de la inyección en los menores de edad?
El Índice de Letalidad de la Infección (ILI)
Existe el Índice de Letalidad de la Infección (Infection Fatality Rate) que es el número de individuos que mueren a causa de un patógeno, dividido entre todas las personas infectadas (sean sintomáticas o asintomáticas).
En un estudio que publica la Organización Mundial de la Salud titulado, “Tasa de mortalidad por infección de C****-*9 inferida a partir de los datos de seroprevalencia”, (3) que abarcó 61 estudios (74 estimaciones regionales) y ocho estimaciones nacionales se indica que:
“En las personas menores de 70 años, las tasas de mortalidad por infección oscilaron entre el 0,00% y el 0,31%, con una mediana bruta y medianas corregidas de 0,05%.”
En consecuencia, para las personas (contagiadas) y menores de 70 años el 99.69% de los individuos sobreviven a la enfermedad. Sin embargo, para los niños ¿cuál es esa cifra?
Según la “American Council on Science and Health” una respetad ONG que se especializa en la defensa de los intereses del consumidor con sede en Nueva York, con una plantilla a tiempo completo de médicos, expertos científicos, el índice de letalidad de la infección para niños de 0 a 4 años es de 0.003%.
Y para niños de 5 a 9 años dicho índice es de 0.001%, cifra que se mantiene igual para los niños de 10 a 14 años. (4) Lo que significa que para los niños de 5 a 14 años el 99.999% sobrevive a la enfermedad.
Con índices de letalidad tan bajos ¿por qué obligar a los niños a inyectarse? Pero se dirá que la inyección previene la enfermedad.
Sin embargo, aún con la inyección el niño podría igualmente enfermar. En el propio sitio del Centro para el Control de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos, se indica que la persona “inoculada” puede transmitir la enfermedad y también puede enfermar. (5)
Entonces, si después de la inyección el niño puede enfermar y si sabemos que el índice de letalidad es de un 0.001% ¿por qué la obligación?
Además, en el mismo sitio de la Administración Federal de Alimentos y Fármacos (FDA) se afirma sobre la inyección que se “(…) autorizó el uso de emergencia (. ..)” de dicha sustancia para los menores. (6)
Por lo tanto, estamos ante una autorización de emergencia para un compuesto farmacológico que todavía no ha cumplido con todas las etapas que exige una investigación clínica.
La familia y el Estado
El Estado vive en una guerra silenciosa pero permanente en contra de la familia. Porque esta le disputa al Estado su papel como figura central a la cual se le debe lealtad y obediencia.
La familia es el lugar donde la solidaridad entre los seres humanos nace de la manera más natural. Es en la familia donde se guardan las más fuertes lealtades. Y es en la familia donde se forja la más fuerte de todas las obediencias.
El Estado depredador entiende esto muy bien. Por esta razón, en gran medida el Estado, a través de los siglos, le ha arrebatado a la familia el papel protagónico sobre la educación de los hijos.
Y hoy, a ese mismo Estado ya no le basta con haber usurpado cuestiones personalísimas sobre la educación de los niños y aspectos íntimos relativos a la sucesión patrimonial o de filiación familiar.
Ni le basta haberse convertido en el juez que decreta cuándo nace una familia en la sociedad. Ahora el Estado pretende también arrebatarle a los padres la facultad de velar por la salud y la integridad física de sus hijos.
La familia es la institución básica que forma los cimientos de toda sociedad. Fortalecer a la familia, es fortalecer la libertad para reclamar los espacios que el Estado le ha arrebatado.
Es a la familia, no al Estado, la que le corresponde velar en primer lugar por los intereses de los niños. Sólo de manera supletoria, ante casos específicos y documentados de abuso y maltrato, es que de manera accesoria podría admitirse la intervención de terceros en ese ámbito familiar.