La administración del sector público es un caos por doquier. Los salarios del sector público son abusivos y necesitan una reforma. Los salarios de los alcaldes no escapan de la situación.
El pueblo está por encima del Poder Judicial
Los magistrados nos hablan siempre de igualdad ante la ley, pero la ley la acomodan para recibir un trato que no es igual para todos los funcionarios públicos o a los ciudadanos.
Fue sin querer queriendo
Por “error”, en marzo del 2019 el departamento de Relaciones de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, avaló privilegios en 4 municipalidades que van en contra de lo aprobado en el Plan Fiscal. El Ministro de Trabajo, en vez de suspender de inmediato al responsable del departamento pertinente, se lava las manos diciendo que investigará la decisión.
Vemos un patrón muy claro. De alguna manera, sea con huelgas, recursos legales o “errores” del Poder Ejecutivo, el Gobierno está permitiendo que los privilegios en el sector público no se modifiquen. No es de extrañar ante un Gobierno prosocialista.
Las universidades públicas unidas para defender sus privilegios
Los rectores de las universidades públicas se unieron para pedirle al Gobierno que no les sea aplicada las pequeñas reducciones a los privilegios, según el nuevo paquete tributario recién aprobado.
Los rectores se amparan en la autonomía que les concede la constitución. Si ese fuera el caso, es de esperar que esa independencia y autonomía se extienda a que esas universidades se autofinancien por medio del cobro de la matrícula y de sus servicios en un ambiente de libre competencia. Autonomía también significa autosuficiencia, libres de transferencias de los contribuyentes vía impuestos y emancipados del gobierno nacional.
No es un auxilio de censantía, es un privilegio más
El auxilio de cesantía en las entidades públicas se ha transformado en otro privilegio más que contribuye a la injusticia social. Debemos limitarlo a no más de 8 años.
Vía rápida a la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial
Según la Procuraduría General de la República, dos sentencias previas de la Sala Constitucional le permitirían a la Asamblea Legislativa aprobar, con mayoría simple, las reformas al régimen de pensiones del Poder Judicial.
Era de esperarse que el Poder Judicial saliera en defensa de sus privilegios
Era de esperarse que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dieran un criterio negativo al proyecto que se discutía en la Asamblea Legislativa que pretende reformar el régimen de pensiones del primero con el fin de reducir sustancialmente su cargo al presupuesto de la República.
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