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Una vez más, las universidades públicas (financiadas con impuestos) se muestran reacias a reducir su gasto. En este caso, se niegan a aplicar la regla fiscal que limita el crecimiento de su gasto a un 4.67% para el 2020.
Es necesario eliminar las transferencias del contribuyente a las universidades públicas y que estas se financien en un 100% con cobro de matrícula y venta de servicios.
Del 2007 al 2018 el gasto de las universidades públicas se incrementó en un 121%. Las remuneraciones en un 100% mientras que la matrícula apenas subió en un 27%. Otro ejemplo más de que el burócrata busca siempre su propio interés y no el bien común.
Los rectores de las universidades públicas se unieron para pedirle al Gobierno que no les sea aplicada las pequeñas reducciones a los privilegios, según el nuevo paquete tributario recién aprobado.
Los rectores se amparan en la autonomía que les concede la constitución. Si ese fuera el caso, es de esperar que esa independencia y autonomía se extienda a que esas universidades se autofinancien por medio del cobro de la matrícula y de sus servicios en un ambiente de libre competencia. Autonomía también significa autosuficiencia, libres de transferencias de los contribuyentes vía impuestos y emancipados del gobierno nacional.
Los pluses salariales de las universidades públicas absorben el 26% de sus fondos. Esto es una injusticia social que debe detenerse.
Ya es hora de que las universidades estatales dejen de recibir transferencias por parte de los contribuyentes. Ya es hora de que las universidades estatales empiecen a financiarse 100% con el ingreso proveniente de su matrícula y de la venta de sus servicios. Ya es hora de someter a las universidades públicas al control de calidad permanente que solo provee la libre competencia.
Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los salarios que paga una institución pública es producto de la explotación al consumidor o de su productividad. Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los planes de estudio de las universidades públicas responden a las necesidades de desarrollo del país o sin son parte de una agenda de adoctrinamiento marxista.
Si se incluyera dentro del gasto público en educación, lo destinado al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el FONABE, el programa Avancemos y comedores escolares del MEP, ya se habría sobrepasado el objetivo legal de destinar el 8% del PIB a la educación. A eso hay que agregarle el gasto privado en educación.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, decretó un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad. Muy fácil regalar lo ajeno, en este caso, el esfuerzo del contribuyente. Todo abuso es consecuencia de mercados que carecen de libertad y libre competencia.
Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales “pertenecen a los hogares de menores ingresos”. Es decir, las universidades estatales financian a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran. Si una política social significa trasladar ingresos de los ricos a los pobres, con estas cifras las universidades estatales resultan ser antisociales.
Dada la situación fiscal por la que atraviesa Costa Rica, el Fondo Especial para la Educación Superior ha crecido de manera vergonzosa en los últimos años: para el 2015 creció 9.1% y en un aproximado de 8.32% para el 2016.; ambas cifras en términos reales. Cuando la situación fiscal es delicada, uno debe ser más eficiente y eficaz con el gasto. Sin embargo, ese no es el caso del sindicato de la Universidad de Costa Rica (UCR)
