Si un producto o servicio es de calidad, no necesita subsidio. Si es de mala calidad, tampoco. Por tanto, si las universidades estatales son centros de enseñanza de calidad, no tendrán ningún problema en financiarse 100% con el cobro de matrícula.
Sí es posible reducir el gasto público sin recortar planilla
Según me contaba un exministro de Hacienda, todos los años, entre un 5 y 8% de los empleados del sector público abandonan dicho sector de manera voluntaria, sea porque se pensionan, se trasladan al sector privado o por otras razones personales. Si no se reemplazaran dichas plazas, esto significaría una reducción entre 23 y 34% de la planilla en 5 años sin causar problemas de desempleo. Habría que hacer el estudio pertinente para confirmar y actualizar el dato.
Además, si eliminamos las pensiones con cargo al presupuesto (3.7% PIB), el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) (1.5% PIB) y el salario escolar (0.47% PIB) tendríamos un recorte del gasto público equivalente al 5.23% del PIB.
Las universidades públicas deben quedar excluidas del proyecto de empleo público pero sometidas a la libre competencia
Solo la libre competencia puede garantizar que los salarios de las empresas públicas se ajusten a su productividad. Solo la competencia puede garantizar calidad y bajos precios. Ningún burócrata, administrando la eventual aprobación del proyecto de ley de empelo público, está en capacidad de determinar el salario adecuado. De ninguna entidad.
Donde hay competencia, no puede haber subsidio y no puede haber Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que para el 2021 equivale a ₡524 mil millones; es decir, 1.5% del PIB. ¡Urge eliminar el FEES y que las universidades se financien 100% con el cobro de matrícula!
Donde hay competencia, no puede haber barreras de entrada, y no puede existir un Conesup que determine la apertura de nuevas universidades. Conesup debe limitarse a calificar pero no debe limitar la oferta ni la competencia.
Como bien decía Hayek, precisamente por ser la educación algo tan importante es que esta debe estar libre de las manos del burócrata. Por ser tan importante la educación es que esta debe estar sometida a la más dura, irrestricta y libre competencia para garantizar la mejor calidad al más bajo precio posible con la mayor oferta posible.
Presupuesto a las universidades públicas para el 2020 en pugna con la regla fiscal
Una vez más, las universidades públicas (financiadas con impuestos) se muestran reacias a reducir su gasto. En este caso, se niegan a aplicar la regla fiscal que limita el crecimiento de su gasto a un 4.67% para el 2020.
Es necesario eliminar las transferencias del contribuyente a las universidades públicas y que estas se financien en un 100% con cobro de matrícula y venta de servicios.
El mundo salarial en las universidades públicas
Del 2007 al 2018 el gasto de las universidades públicas se incrementó en un 121%. Las remuneraciones en un 100% mientras que la matrícula apenas subió en un 27%. Otro ejemplo más de que el burócrata busca siempre su propio interés y no el bien común.
Las universidades públicas unidas para defender sus privilegios
Los rectores de las universidades públicas se unieron para pedirle al Gobierno que no les sea aplicada las pequeñas reducciones a los privilegios, según el nuevo paquete tributario recién aprobado.
Los rectores se amparan en la autonomía que les concede la constitución. Si ese fuera el caso, es de esperar que esa independencia y autonomía se extienda a que esas universidades se autofinancien por medio del cobro de la matrícula y de sus servicios en un ambiente de libre competencia. Autonomía también significa autosuficiencia, libres de transferencias de los contribuyentes vía impuestos y emancipados del gobierno nacional.
Insaciables o ignorantes
Los pluses salariales de las universidades públicas absorben el 26% de sus fondos. Esto es una injusticia social que debe detenerse.
Ya es hora de que las universidades estatales dejen de recibir transferencias por parte de los contribuyentes. Ya es hora de que las universidades estatales empiecen a financiarse 100% con el ingreso proveniente de su matrícula y de la venta de sus servicios. Ya es hora de someter a las universidades públicas al control de calidad permanente que solo provee la libre competencia.
Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los salarios que paga una institución pública es producto de la explotación al consumidor o de su productividad. Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los planes de estudio de las universidades públicas responden a las necesidades de desarrollo del país o sin son parte de una agenda de adoctrinamiento marxista.
Más recursos en educación pública sin mejoras observables
Si se incluyera dentro del gasto público en educación, lo destinado al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el FONABE, el programa Avancemos y comedores escolares del MEP, ya se habría sobrepasado el objetivo legal de destinar el 8% del PIB a la educación. A eso hay que agregarle el gasto privado en educación.
Universidad de Costa Rica regala 5 días de vacaciones financiado con impuestos
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, decretó un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad. Muy fácil regalar lo ajeno, en este caso, el esfuerzo del contribuyente. Todo abuso es consecuencia de mercados que carecen de libertad y libre competencia.
Universidades públicas: ¿sirven de algo?
Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales “pertenecen a los hogares de menores ingresos”. Es decir, las universidades estatales financian a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran. Si una política social significa trasladar ingresos de los ricos a los pobres, con estas cifras las universidades estatales resultan ser antisociales.
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