Por: Sergio Villalta
Esta semana el Gobierno emitió el decreto para que a partir del 1 de diciembre sea obligatorio mostrar un pase (mediante código QR), que certifique la inoculación, para ingresar a una serie de establecimientos como restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, cines, gimnasios, etc.
En primer lugar, estos “pasaportes sanitarios” se presentan muchas veces como un alivio para las restricciones impuestas por la pandemia. También se anuncian como un primer paso hacia la apertura total de la economía.
Lo cierto es que no existe nada en esta idea que nos lleve de nuevo a la normalidad. Al contrario, se trata de un grave retroceso de nuestros derechos y libertades.
Porque una vez creados estos códigos QR “sanitarios” los restaurantes, cines, gimnasios, bares, hoteles y demás lugares que hoy están abiertos para todos (excepto para los enfermos); estarán cerrados para las personas saludables que no desean introducirse una substancia en su sangre.
Esta iniciativa lejos de “abrir la economía” de un país la cerrará arbitrariamente para muchas personas, sin ningún fundamento científico; y en lugar de regresarnos a la normalidad nos conducirá a una peligrosa distopía.
No somos conejillos
El hombre difiere de otros objetos en el Universo en algo muy particular, porque a diferencia de las piedras y de los demás seres, el ser humano actúa.
Es decir, el hombre elige medios para lograr un propósito determinado, desde luego, el poder elegir esos medios presupone la existencia de una libertad para hacerlo.
Sin embargo, el gobierno pretende que vivamos de manera permanente bajo una “nueva normalidad” (restricciones, obligatoriedad de la inyección, códigos QR, etc). Esto es el resultado de un enfoque positivista derivado de una perversa visión conductista del ser humano.
Aceptar la demencia colectivista de los códigos QR significa aceptar que se nos trate como animales de laboratorio, que aceptemos vivir mediante castigos y que podemos ser condicionados a actuar según los designios de un gobernante.
Aceptar esta irracionalidad sería negarnos a nosotros mismos como hombres libres que elegimos modos, finalidades y medios para lograr nuestros planes de vida.
Dijo el filósofo Ludwig von Mises en relación al poder omnipotente:
“Si una autoridad omnipotente tiene el poder de asignar a cada individuo las tareas que debe realizar, no le queda nada de lo que puede llamarse libertad y autonomía. Sólo puede elegir entre la obediencia estricta y la muerte por inanición.” (Citado por Hans F. Sennholz, Freeman Vol. 20, 1970)
¿Qué es una república?
Una república es lo opuesto a un gobierno injusto, es decir, a un régimen despótico. La república conlleva un significado que está en oposición al absolutismo y es una forma de gobierno contraria a la arbitrariedad; porque se rige por principios que limitan al poder gubernamental.
En este sentido una república debe organizarse de manera opuesta a lo que sería un gobierno tiránico y es indispensable que exista, en relación con el ejercicio del poder, un fuerte andamiaje de pesos y contrapesos.
Desde que el Barón de Montesquieu escribió su obra “El espíritu de las leyes”, se entiende que debe existir una separación de poderes. Porque todo hombre que ejerce el poder se inclina, más temprano que tarde, a abusar de ese poder, y sin un límite, el poder público se torna arbitrario e injusto.
Los límites al poder
Además, en una república existen derechos y libertades civiles que son atributos inviolables de la persona y que no pueden ser menoscabados por el ejercicio del poder gubernamental.
Estos derechos y libertades son esferas que el Estado no puede vulnerar, o en las que de manera excepcional y transitoria, se le permite limitar su goce o suprimir su ejercicio.
Esto ocurre porque se comprende que es de vital importancia restringir el ejercicio del poder estatal. Porque sin esta limitación los derechos y libertades quedarían al arbitrio del gobernante de turno.
Y para evitar que estos derechos y libertades esenciales se conviertan en letra muerta, se rodean de un conjunto de garantías para asegurar que a ninguna persona le sean violados.
Una de las muchas restricciones que se le imponen al poder público es que solo mediante la promulgación de una ley formal (aprobada por el parlamento según el procedimiento constitucional), se puede restringir el goce de algunos derechos y libertades fundamentales.
Es evidente que exigir un código QR “sanitario” por imposición gubernamental, para prohibir que un consumidor entre a un bar o gimnasio, es una acción que viola los derechos y libertades esenciales, tanto del consumidor como del propietario del establecimiento comercial.
Entonces, debemos preguntarnos: ¿fue esta iniciativa discutida en la Asamblea Legislativa? ¿Fue objeto de un debate parlamentario?
¿Ha pasado por el procedimiento constitucional para sancionar las leyes? ¿Se le ha dado oportunidad a las minorías o mayorías que se verán perjudicadas para que expresen su inconformidad? ¿Y para que propongan medidas alternativas?
Nada de esto ha sucedido. Estamos ante un ataque furibundo al espíritu de la República y ante un poder gubernamental desbocado, que corre precipitadamente y sin freno alguno hacia el obscuro abismo de la arbitrariedad.