Otro error que se traslada al consumidor

Jorge CorralesJorge Corrales

El AyA pagó ₡2.300 millones de más a sus 3.200 empleados en los últimos 20 años, cuyo monto se ha visto reflejado en las tarifas que paga el consumidor. ¿De qué sirve que AyA tenga auditoría si no cumple su deber y cuyo costo es, además, pagado por el consumidor? ¿De qué ha servido la Aresep que tampoco se percató de tal anomalía?

Asumimos que, nuevamente, los funcionarios públicos responsables de tal error quedarán, no solo impunes, sino que seguirán en sus cargos ganando salarios que no se han ganado.

Absurdo: IVA a transacciones en línea

Jorge CorralesJorge Corrales

El Gobierno, insaciable como siempre, trabaja con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en un nuevo impuesto a las transacciones por Internet. Esto es otro ejemplo de como la OECD se ha convertido en una especie de imperialismo tributario.

Economistas como Richard Rahn ya han manifestado esta actitud agresiva de la OECD de promover el aumento de la carga tributaria del resto del mundo y equipararla a los niveles de sus países miembros para evitar la fuga de inversiones en los últimos. Más impuestos equivale a más desempleo, menos crecimiento y menos inversión.

Colegios profesionales: cárteles que dañan al consumidor

Jorge CorralesJorge Corrales

Los colegios profesionales no son más que cárteles económicos, como por ejemplo lo es la OPEP, cuyo objetivo es limitar la competencia con el fin de explotar así al consumidor cobrándole más caro. Los cárteles también disminuyen la calidad del servicio porque al limitar la competencia, se reduce el incentivo a la innovación. Quienes defienden los cárteles profesionales, argumentan que pretenden proteger al consumidor de mala praxis. Sin embargo, la mala praxis no se evita con la limitación de la competencia, sino con un sistema judicial eficiente.

Un Gobierno consistente

Jorge CorralesJorge Corrales

El Gobierno es totalmente consistente en gastar más, en endeudarse más, en abrir portillos para gastar aún más y que lo que desea hacer tener más recursos para seguir gastando todo lo que se pueda. Frenar el déficit, como lo ha dicho Luis Guillermo Solís, no es más que una prédica falsa. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.

El gasto público de los últimos tiempos

Jorge CorralesJorge Corrales

Este gobierno argumenta que necesita ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos. Uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental. Por eso, podemos casi que asegurar que la administración no usará esos recursos para reducir el déficit -ahorrarlos-, sino que los quiere para simplemente gastarlos.

La confusa imaginación tributaria

Jorge CorralesJorge Corrales

Este Gobierno, con el proyecto de ley nº 19.959, pretende crear un impuesto del 0,02% por cada transacción por encima de los ₡100 mil y que se realice por SINPE. El mismo proyecto establece que el impuesto tiene como fin financiar más gasto público. Se estima que este impuesto podría llegar a recaudar ₡5,486 millones. ¡Tamaño pellizcote! Este impuesto estimularía la informalidad y la elusión fiscal tanto de ventas como de renta.

Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros. Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Planificación (Mideplan)

Acerca de la regla fiscal que limitaría el gasto público

Jorge CorralesJorge Corrales

La Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley, bajo el expediente 17.868, titulado “Ley de responsabilidad fiscal”. Si bien el proyecto tiene sus deficiencias, pretendía de alguna manera poner algunos límites parciales al gasto público y al crecimiento de la deuda. Al archivarse el proyecto de ley, la señal es clara: via libre para que los políticos sigan gastando irresponsablemente.

Debemos reducir el gasto público como porcentaje del PIB

José Joaquín FernándezJosé Joaquín Fernández

El problema en Costa Rica no es solo el déficit fiscal, sino el tamaño atrofiante del gobierno. El problema no se limita a que el gobierno gaste o administre mal; el problema de fondo es que el gobierno se ha excedido en sus funciones y se encuentra sobredimensionado con un total de 333 entidades púbicas.

Existen instituciones, ministerios, programas y empresas públicas que no cumplen función social alguna y que deben cerrarse, con o sin, déficit fiscal. Se cree que el cierre de instituciones públicas generaría desempleo masivo. Lo anterior no es cierto si se sigue la siguiente propuesta.

El relajo con las políticas salariales en el sector público

Jorge CorralesJorge Corrales

Según un informe gubernamental de fines del 2015, titulado “Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público”, en el cual tres ministerios (Planificación, Hacienda y Trabajo) se diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas (todo lo cual ya sabemos) en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones, más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina. En dos palabras: la misma paja usual; nada nuevo, innovador, que resuelva los problemas específicos…más de lo mismo de siempre.

Las tribulaciones de Recope, Japdeva y Fuerza y Luz

Jorge CorralesJorge Corrales

Hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de Japdeva, Recope y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas. La Contraloría se fundamenta en el principio de que el control tarifario debe cubrir no más del servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad. La tarifa en los servicios públicos no debe financiar privilegios.