Por: Sergio Villalta
En estos días se escucha un eslogan que conlleva una grave equivocación: “defendamos el derecho a la educación”. Sin embargo, hay que preguntarse algo: ¿en verdad la educación es un “derecho”?
Para brindar una respuesta es necesario apagar la hoguera del populismo y la demagogia. También es necesario analizar este tema de manera reposada.
La educación es un bien económico, no es un “derecho”. Un bien económico es algo que por su naturaleza es escaso y que satisface una necesidad del hombre.
En consecuencia, la educación es un bien cuya esencia es de naturaleza económica, porque los recursos que son necesarios para impartir la educación (sea la básica o la universitaria) son limitados y su uso implica un costo de oportunidad.
¿Quién paga ese costo?
Para que una persona disfrute de una “educación gratuita”, es necesario que alguien pague su costo. Se trata pues de un sacrificio impuesto a la fuerza mediante la ley.
Esto significa que las personas obligadas a pagar trabajan, pero no pueden aprovechar una parte del fruto de su esfuerzo. Valga decir, trabajan para que otra persona disfrute de un bien que no pagó.
Una vez que esto se entienda, el problema de la educación se puede enfocar de manera correcta. Ya que no estamos ante un problema de “derechos”, sino ante un problema económico.
El FEES es insostenible
Según el último informe sobre la realidad financiera del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) presentado en mayo de 2020 (exp. N.° 21.052), elaborado por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, más del 70% del FEES debe financiarse con deuda pública. (1)
Desde luego, esa deuda deberá pagarse con mayores impuestos o con más deuda a futuro. Y dado que la mayor parte del FEES se utiliza para costear salarios (2), esto significa que los gastos corrientes de las universidades se pagan con deuda pública.
Otro de los aspectos señalados en dicho informe es que el FEES es “insostenible”. Porque los salarios que pagan las universidades públicas consumen en gran medida una proporción creciente del FEES. Además, esos salarios han crecido en porcentajes mayores que la inflación (3).
A manera de ejemplo el informe señaló que a julio de 2019 existían 3.354 funcionarios de las universidades públicas que ganan mensualmente entre los dos y los cinco millones de colones. (4)
Otra de las conclusiones del informe es que los salarios en las universidades públicas, tienden a ser mucho más elevados que el resto de los salarios del sector público, pese a desempeñar las mismas o similares funciones.
En conclusión, siendo la educación un bien económico, la solución debe ser también de naturaleza económica. Al pagador de impuestos no se le debe pedir que siga financiando un gasto insostenible.
Tampoco se le puede demandar que pague salarios que crecen muy por arriba de la inflación, ni presupuestos que son un cheque en blanco para el exclusivo beneficio de un reducido grupo de empleados en las universidades públicas.
Notas:
- (1) Leer el informe aquí p. 107.
- (2) Para el caso de la Universidad Nacional se indica que a partir del 2028 todos los recursos de esa universidad se gastarán en salarios, p. 47.
- (3) Ibíd. p. 106.
- (4) Ibíd. p. 108