En teoría, el objetivo de las leyes y las regulaciones es facilitar la convivencia y generar un terreno de juego justo para todos. En la práctica, en Costa Rica ocurre lo contrario por el abuso de leyes y regulaciones: cada nueva ley que aumenta la complejidad de los mercados -ya sea por un trámite adicional o un requisito monetario- termina siendo regresiva, es decir, afecta proporcionalmente más a los pobres que a los ricos.
Los grandes empresarios cuentan con abogados, contadores y capital suficiente para navegar la maraña de requisitos estatales. Para ellos, un permiso extra o un impuesto nuevo es apenas un costo más dentro de su estructura. Pero para el pequeño emprendedor, el agricultor o el trabajador independiente, ese mismo requisito puede significar la diferencia entre prosperar o desistir.
Lo anterior no quiere decir que el abuso de las regulaciones y el exceso de leyes no tengan consecuencias negativas sobre el aparato productivo de las grandes empresas. Como dije, estos son costos de producción cuya consecuencia es reducir la inversión. Menos inversión hace que disminuya la generación de empleo y causa tanto desaceleración en la tasa de crecimiento de la economía como en el crecimiento de los salarios.
Ejemplos de exceso de regulaciones y leyes sobran: la complejidad para formalizar un negocio, las cargas sociales que desincentivan la contratación, o impuestos al consumo que castigan a todos por igual sin distinguir capacidad adquisitiva. Así, la burocracia y la fiscalidad terminan operando como un impuesto oculto sobre la pobreza.
Por otra parte, se observa una paradoja en la política pública: mientras el Estado genera pobreza a través de cargas regulatorias e impuestos regresivos, busca al mismo tiempo mitigar sus efectos mediante programas asistenciales.
Estas transferencias, muchas veces de carácter asistencialista y de alcance limitado, se financian precisamente con los mismos tributos que han restringido la capacidad de acumulación y movilidad de los sectores populares. En la práctica, el gobierno intenta “arreglar con una mano lo que la otra destruye”, reproduciendo un ciclo de dependencia fiscal y asistencial que difícilmente puede constituir una estrategia sostenible de desarrollo inclusivo.
En otras palabras, el Estado te quiebra las piernas y luego te subsidia la compra de muletas. Así no se construye el desarrollo.