Por: Sergio Villalta
El Poder Ejecutivo impulsa el proyecto de ley número 24.616: “Ley de protección del consumidor de servicios o productos financieros”.
Detrás del nombre y la carátula se esconde una intención ominosa. El proyecto de ley le otorga amplias facultades al Poder Ejecutivo, para cerrar un banco o financiera, con consecuencias temporales o definitivas.
El art. 38 del proyecto dice: “Sanciones para los proveedores financieros.
a.- Para infracciones muy graves en que incurra algún proveedor financiero, se impondrá alguna de las siguientes sanciones:
i.- Multa equivalente a un monto comprendido entre el 1,1 % y el 2% de su patrimonio contable vigente al momento en que se determina la existencia de la infracción.
ii.- Multa equivalente a un monto comprendido entre ciento una y doscientas veces el salario base.
iii.- Suspensión, total o parcial, para suscribir nuevos contratos de los servicios o productos financieros asociados a la infracción, desde cinco días hasta tres meses.
iv.- Cancelación de la actividad o producto específico.
v. Suspensión del registro y cese las operaciones de 1 hasta 2 años.
vi.- Multa por un monto de entre cuatro y hasta cinco veces el beneficio patrimonial, obtenido como consecuencia directa de la infracción cometida.” (Ver texto del proyecto aquí)
Además, el proyecto faculta al gobierno a solicitar la información crediticia de los clientes bancarios. Este proyecto es un atrevido intento para destruir el secreto bancario a mordiscos, y someter a la banca privada a un mayor control estatal.
¿Por qué existe el secreto bancario?
Desde la Edad Media, existe un principio fundamental que nace para facilitar la creación de riqueza y el progreso económico; que es una piedra fundamental en el comercio y una característica natural del mercado. A la necesidad de proteger la confidencialidad de toda la información bancaria o financiera de las personas, se le llama “secreto bancario”.
Aun el delincuente infraganti, no puede ser arrestado de forma indefinida, sin que antes se le presente ante un juez imparcial, para que decida sobre su libertad. El “hábeas corpus” es una garantía esencial para evitar los abusos del poder estatal, con relación a la libertad física de las personas.
Entonces, así como se estima y aprecia el “hábeas corpus”, de igual manera, debe valorarse y estimarse el secreto bancario, como una garantía de igual potencia y muy necesaria para defender los derechos de propiedad, el derecho a trabajar y el derecho al comercio.
Sin el secreto bancario, los patrimonios sufrían la mirada indiscreta de los extraños y de los delincuentes. También serían objeto de persecución o vendettas políticas. Y, desde luego, sin el secreto bancario los saqueadores ministeriales, destazarían los capitales ajenos.
La información bancaria y financiera del individuo es solo propiedad de él, y de nadie más. Como el Estado carece de un derecho de propiedad sobre estos datos, también carece del derecho para capturarlos. Dentro de este marco, el secreto bancario es un derecho fundamental, y se constituye en un escudo moral contra la expansión del Estado.
Mantener bajo la confidencialidad todas las transacciones bancarias y financieras del individuo es una extensión de su propiedad privada. Es la última defensa para salvaguardar los derechos de propiedad y la libertad individual.
Pero se dirá que el secreto bancario limita al Estado para castigar al “evasor fiscal”. Desde luego, que lo limita. De igual forma, la prohibición que pesa sobre los agentes policiales para realizar allanamientos de morada sin orden judicial, limita al Estado para encontrar delincuentes. Sin embargo, se entiende que una sociedad donde los agentes del Estado pudieran allanar viviendas sin una orden judicial, sería una jaula totalitaria.
Sobre la defensa del consumidor
Pero se dirá que la intención es la “transparencia”, con el objeto de “proteger” al consumidor financiero. Sin embargo, la transparencia forzada equivale a la abolición de la privacidad. Es similar a la solidaridad a punta de pistola. Adicionalmente, no es necesario destruir el secreto bancario para “proteger” al consumidor financiero. Tampoco es necesario aumentar la regulación estatal para “defender” al consumidor.
Ya existen al menos cuatro entes públicos que regulan la actividad bancaria o financiera en el país. Existe, ya, la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, la Superintendencia de Pensiones y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
Todas estas entidades públicas cuentan con su respectiva ley orgánica y con el apoyo de sus burocracias para cumplir obligaciones legales. De modo que, es innecesario duplicar la actividad de “regulación” creando otra burocracia estatal.
Además, la más eficiente forma para proteger al consumidor financiero, es abrir el mercado bancario para aumentar la oferta, y dejar que el consumidor disfrute de mayores y mejores opciones. En lugar de estar sujeto a un mercado con un número muy reducido de bancos.
¿Más impuestos?
Finalmente, el proyecto crea un “canon” (impuesto) sobre el patrimonio de los bancos y financieras, con el propósito de pagar el costo de la nueva burocracia que será necesaria según el proyecto de ley.
Una vez más, el gobierno de Rodrigo Chaves gira hacia la izquierda, y la promesa hecha en la campaña política de no crear más impuestos, se desecha en el tarro de la basura.