¿Cuántas carreteras podrían realizarse sin necesidad de impuestos si el gobierno recurriera a la concesión de obra pública?
Es digno de un castigo administrativo cuando el gobierno cuenta con más de US$1 mil millones en préstamos para realizar la construcción de obra pública que no se usan, sino que permanecen ociosos en gavetas de la burocracia.
¡NO MÁS IMPUESTOS!
La Universidad Estatal a Distancia podría mejorar sus objetivos y se transformara en una universidad en línea. De esta manera, la educación superior le podría llegar a cualquier estudiante donde existe acceso a Internet sin importar la distancia que exista entre su residencia con centros urbanos. La educación en línea reduciría enormemente los costos de operación en un país con un exceso de impuestos, burocracia y gasto público.
BanCrédito perdió ₡30.000 millones (45% de su patrimonio) de diciembre del 2016 a enero del 2018. Para ponerlo en perspectiva, la “pifia” de 80 metros costó ₡9.900 millones y el “cementazo” ₡17.000 millones aproximadamente. Esta pérdida de Bancrédito se pudo haber evitado de no haber sido por la terquedad ideológica de este Gobierno y el PAC de no reconocer la quiebra de BanCrédito.
El Ministerio de Educación Pública ha estado recurriendo a un método abreviado para construir centros educativos. Método abreviado significa omitir muchos controles para evitar malversación de fondos o corrupción. Sin embargo, como todo en el sector público, este método está resultando mucho más caro con perjuicios para la educación y las finanzas públicas.
La planta hidroeléctrica Balsa Inferior, fue construida por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Terminó costando US$361 millones más de lo presupuestado -casi tres veces más. En mercados abiertos a la competencia, cada empresa asume sus pérdidas y disfruta de sus ganancias. En mercados monopsónicos, como el caso de la generación eléctrica en Costa Rica, la CNFL le traslada la pérdida al consumidor con las graves consecuencias de pérdida de competitividad para todo el país.
Desde noviembre del 2017 la empresa estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) distribuye un nuevo diésel que está ocasionando daños de hasta de ₡500 mil a los motores. Recope se “lava las manos” de toda responsabilidad.
En septiembre del 2012 un terremoto azotó Nicoya. A la fecha, el Ministerio de Educación no ha reparado las escuelas que con él resultaron dañadas, a pesar de la declaratoria de emergencia, un presupuesto designado en esa fecha por ₡8.000 millones y de que el gobierno le asigna más de un 8% del PIB a la educación.
El costo del nuevo plus salarial desvanece la reducción del costo de la convención colectiva de Recope acordada en el 2015. La única manera de acabar con los abusos del monopolio hacia el contribuyente y el consumidor es con libre competencia. Solo en mercados libres, el salario y sus bonificaciones son reflejo de la productividad.
La ley 7.200 encarece el precio de la electricidad al establecer que solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) puede autorizar al sector privado a producirla y solo el ICE puede distribuirla. La ley limita la planta privada a un máximo 50 megavatios (MW) y que, además, el conjunto de empresas no supere el 15% de la producción del Sistema Eléctrico Nacional. Según Cinde, este proteccionismo al ICE le ha costado al país perder inversiones por más de US$1 mil millones en los últimos 5 años. Este es el monto por el que endeudó el BCCR en el 2017.
Según CEPAL, “en el 2016 el costo promedio en Centroamérica de un kilovatio hora (kWh) fue de 13.48 centavos de US$, mientras que en Costa Rica fue de 18.47 centavos de dólar. Esto está ahuyentando la inversión con consecuencias negativas para la generación de empleo. Esto es consecuencia de aferrarnos al monopsonio que posee el ICE.
You must be logged in to post a comment.