Por: José Joaquín Fernández.
El Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) se negoció durante la Administración Chaves Robles. En agosto del 2022 el gobierno de Costa Rica presentó formalmente la solicitud de adhesión. En mayo del 2026 concluyeron las negociaciones y el acuerdo estaba listo para ser firmado por la presidente de la República, Laura Fernández.
Sin embargo, el pasado 28 de octubre, Fernández expresa que no firmará el acuerdo y lo manda a archivar. Diversos sectores productivos han aplaudido esta decisión, evidenciando un claro sesgo como grupos de presión.
Cabe preguntarse: ¿qué señala la economía como ciencia respecto al libre comercio? ¿Contribuye realmente al bienestar de una nación? Uno de los problemas más graves que enfrentan los costarricenses, incluidos sus gobernantes, es el hábito de debatir sobre política económica ignorando los principios fundamentales de la economía. Proceder de esta manera equivale a teorizar sobre el cosmos sin consultar la física, o a discurrir sobre la salud sin tomar en cuenta la medicina.
En 1817, David Ricardo publicó la obra “On the Principles of Political Economy and Taxation” en el que expone, en el capítulo VII, la teoría de las ventajas comparativas donde compara el proteccionismo con el libre comercio. Las ventajas comparativas es un modelo matemático sencillo que cualquier estudiante de colegio puede entender y en donde se demuestra que el libre comercio (cero aranceles) es la política comercial más ventajosa para cualquier nación, incluso cuando los socios comerciales mantengan posturas proteccionistas.
No importa el nivel de desarrollo de una nación, o si los socios comerciales son más eficientes en la producción de todos los bienes y servicios, el principio de las ventajas comparativas sostiene que el libre comercio (Cero aranceles) maximiza siempre el bienestar general.
Cuando Paul Samuelson, premio Nobel en Economía, fue presidente de la International Economic Association, pronunció en 1969 el discurso “The Way of an Economist” para inaugurar el Tercer Congreso Mundial de dicha organización. En ese discurso, cuenta Samuelson que fue miembro de la Society of Fellows de la Universidad de Harvard al mismo tiempo que el matemático Stanislaw Ulam. En ese entonces, Ulam molestaba a Samuelson retándolo a que “nombrara una proposición de todas las ciencias sociales que a la vez fuera cierta y no trivial”. Pasaron treinta años para que Samuelson le pudiera responder: “La teoría Ricardiana de las ventajas comparativas; la demostración que el [libre] comercio es mutuamente rentable incluso cuando un país es absolutamente más -o menos- productivo en términos de todos los bienes”.
Esta afirmación de Samuelson de que la teoría de las ventajas comparativas es cierta tiene mucha relevancia dado que este economista fue uno de los más importantes exponentes del keynesianismo en la segunda mitad del siglo XX. Tengamos presente que el keynesianismo aboga por la intervención gubernamental como el mecanismo fundamental para estabilizar la economía y los ciclos económicos.
Otro axioma fundamental de la Economía establece que el bienestar de una nación está directamente relacionado con su capacidad de consumo. Como corolario, la producción no constituye un fin en sí mismo, sino que es el medio indispensable para acceder a los bienes y servicios deseados. Si el bienestar se encuentra en la capacidad de consumo, carece de sentido el argumento de imponer aranceles, y limitar el libre comercio, para proteger al productor nacional o a la industria naciente.
La teoría de las ventajas comparativas demuestra que las posibilidades de consumo alcanzan su punto máximo cuando se suprimen los aranceles y las barreras no arancelarias, como por ejemplo, las cuotas de importación.
Es evidente que la reducción en los precios de los bienes y servicios amplía la capacidad de consumo y, consecuentemente, el bienestar colectivo. Resulta indiferente si el proveedor es nacional o extranjero; toda disminución de precios genera un beneficio neto, dado que el objetivo primordial de la sociedad es maximizar sus alternativas de consumo.
Ya lo advertía Adam Smith en 1776, en su célebre obra “La riqueza de las naciones”: “Lo que es prudencia en el gobierno de una familia particular, raras veces deja de serlo en la conducta de un gran reino. Cuando un país extranjero nos puede ofrecer una mercancía en condiciones más baratas que nosotros podemos hacerla, será mejor comprarla [importarla] que producirla”.
Esto no significa que debamos descuidar la competitividad de nuestro sector productivo. Como bien señaló un pequeño productor costarricense de lácteos, hoy en día faltan las condiciones necesarias para competir, dado que los precios actuales apenas permiten cubrir los costos de producción.
Si el agricultor nacional carece de capacidad para competir, no es por falta de esfuerzo, sino por el exceso de Estado, el abuso de impuestos, las regulaciones asfixiantes y unas cargas sociales que encarecen la producción a tal punto que impide competir a nivel internacional.
Un error no corrige otro. No se puede castigar al consumidor con prácticas proteccionistas bajo la excusa de beneficiar a un sector empresarial. Como lo demuestran la teoría de las ventajas comparativas, el resultado neto del proteccionismo es una pérdida generalizada de bienestar.
La solución correcta consiste en llevar todos los aranceles a cero y, simultáneamente, reducir la intervención gubernamental para dinamizar la competitividad de TODOS los sectores productivos, no solo del agro. Para lograrlo, propongo las siguientes acciones:
- Desregular el sistema financiero para desmantelar el oligopolio actual y fomentar la libre competencia, tomando como modelo los sistemas financieros de Panamá o Singapur. Con esto lograremos bajar las tasas de interés activas, simplificar los requisitos de crédito y ampliar los plazos de financiamiento.
- Romper el monopsonio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el mercado de la generación eléctrica, permitiendo la apertura del mercado para reducir significativamente las tarifas eléctricas.
- Eliminar el monopolio de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) con el fin de abaratar los precios de los combustibles.
- Sustituir el actual impuesto sobre la renta progresivo por una tarifa plana del 15%, tal como lo plantea el premio Nobel de Economía 2026, Robert E. Hall, en su obra “The Flat Tax”.
- Reducir las cargas sociales para incentivar la formalidad y la competitividad empresarial.
- Reducir y eliminar impuestos para mejorar la rentabilidad y competitividad empresarial. Para ello es indispensable cerrar entidades públicas que, según la Economía, no cumplen función alguna para mejorar el bienestar, sino que operan como oficinas de favores políticos. Entre ellas destacan: Ministerio de Planificación (Mideplan), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (Ifam), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Consejo Nacional de la Producción (CNP), Defensoría de los Habitantes, Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Agencia Espacial, todas las municipalidades, Banco Central de Costa Rica (BCCR), etc.
- Cerrando entidades públicas innecesarias, podemos reorientar los recursos ahorrados hacia la inversión en infraestructura como autopistas, puertos y aeropuertos de primer mundo.
Si el objetivo de la presidente Laura Fernández fuera el bienestar genuino de Costa Rica, se priorizaría la eliminación arancelaria total en el menor tiempo posible, complementada con una disminución de la intervención estatal. Por el contrario, si pretende beneficiar a grupos de presión del sector agrícola con el fin de explotar al consumidor en un acto perverso y corrupto, entonces no firmar el acuerdo y archivarlo es la decisión “correcta”.
En definitiva, la verdadera competitividad para el sector agrícola costarricense se alcanzará al reducir el peso del Estado, el cual constituye el principal freno para la productividad nacional. Las dificultades que enfrentan nuestros productores frente a la competencia internacional no derivan del libre comercio en sí, sino del exceso de regulaciones y trabas gubernamentales.