Los atrasos en la construcción de la carretera entre Sifón de San Ramón y La Abundancia de San Carlos han costado US$71 millones. Esto representa un 43% del costo de la obra y no considera el costo de oportunidad ni los ingresos perdidos por el atraso de la obra.
14 años han transcurridos y aun no se concluyen los 29 kilómetros de carretera. El irresponsable siempre tiene excusas y el Gobierno no es la excepción. No queda más que exhibir, una vez más, la ineficiencia per se del estado.
La Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) se fundó hace 40 siendo la primera universidad privada de Costa Rica. La libertad de enseñanza, la libertad de elección, libertad de expresión y libre competencia son los valores que se rescatan con la existencia de universidades privadas.
En la actualidad, el Gobierno de Luis Guillermo Solís ha presentado un proyecto de ley que pretende reformar al Consejo de Educación Superior (Conesup) incrementando el poder de la planificación central con más y más regulaciones innecesarias y absurdas cuyo fin último no parece ser otro sino el de acabar con la libertad de enseñanza.
Según el estudio de la Academia de Centroamérica, “El Sector Público en Costa Rica: Desafíos Institucionales y Oportunidades de Mejora”, Costa Rica cuenta en el 2016 con 332 entidades públicas. Con tanta institución, el control de gasto y la transparencia en el uso de los recursos se vuelve muy complicado dando lugar a la duplicidad de funciones y abriendo portillos a la corrupción.
El AyA pagó ₡2.300 millones de más a sus 3.200 empleados en los últimos 20 años, cuyo monto se ha visto reflejado en las tarifas que paga el consumidor. ¿De qué sirve que AyA tenga auditoría si no cumple su deber y cuyo costo es, además, pagado por el consumidor? ¿De qué ha servido la Aresep que tampoco se percató de tal anomalía?
Asumimos que, nuevamente, los funcionarios públicos responsables de tal error quedarán, no solo impunes, sino que seguirán en sus cargos ganando salarios que no se han ganado.
El Gobierno, insaciable como siempre, trabaja con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en un nuevo impuesto a las transacciones por Internet. Esto es otro ejemplo de como la OECD se ha convertido en una especie de imperialismo tributario.
Economistas como Richard Rahn ya han manifestado esta actitud agresiva de la OECD de promover el aumento de la carga tributaria del resto del mundo y equipararla a los niveles de sus países miembros para evitar la fuga de inversiones en los últimos. Más impuestos equivale a más desempleo, menos crecimiento y menos inversión.
Los colegios profesionales no son más que cárteles económicos, como por ejemplo lo es la OPEP, cuyo objetivo es limitar la competencia con el fin de explotar así al consumidor cobrándole más caro. Los cárteles también disminuyen la calidad del servicio porque al limitar la competencia, se reduce el incentivo a la innovación. Quienes defienden los cárteles profesionales, argumentan que pretenden proteger al consumidor de mala praxis. Sin embargo, la mala praxis no se evita con la limitación de la competencia, sino con un sistema judicial eficiente.
El Gobierno es totalmente consistente en gastar más, en endeudarse más, en abrir portillos para gastar aún más y que lo que desea hacer tener más recursos para seguir gastando todo lo que se pueda. Frenar el déficit, como lo ha dicho Luis Guillermo Solís, no es más que una prédica falsa. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.
Este gobierno argumenta que necesita ₡600.000 millones en nuevos y mayores impuestos. Uno no observa que esta administración tenga un verdadero interés de reducir significativamente el excesivo gasto gubernamental. Por eso, podemos casi que asegurar que la administración no usará esos recursos para reducir el déficit -ahorrarlos-, sino que los quiere para simplemente gastarlos.
Este Gobierno, con el proyecto de ley nº 19.959, pretende crear un impuesto del 0,02% por cada transacción por encima de los ₡100 mil y que se realice por SINPE. El mismo proyecto establece que el impuesto tiene como fin financiar más gasto público. Se estima que este impuesto podría llegar a recaudar ₡5,486 millones. ¡Tamaño pellizcote! Este impuesto estimularía la informalidad y la elusión fiscal tanto de ventas como de renta.
Este nuevo impuesto nos permite pensar que estamos viviendo en un período en el cual el gobierno está pensando en cargarnos de impuestos por respirar, por dar del cuerpo, por toser, por estornudar, por hacer el amor, entre otros. Ante esa “tagaroteada” impositiva de este gobierno, que anda desesperado por agarrar plata de los ciudadanos a cómo sea y de dónde sea -y que lo ejemplifica el absurdo proyecto de ley propuesto por el Ministerio de Planificación (Mideplan)
La Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley, bajo el expediente 17.868, titulado “Ley de responsabilidad fiscal”. Si bien el proyecto tiene sus deficiencias, pretendía de alguna manera poner algunos límites parciales al gasto público y al crecimiento de la deuda. Al archivarse el proyecto de ley, la señal es clara: via libre para que los políticos sigan gastando irresponsablemente.
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