Para el 2019, el pago total en pluses salariales del gobierno equivalente al 10% del total de su presupuesto y a un 23% de los impuestos que se espera recaudar en este año. La equidad y la justicia social demandan un recorte cuanto antes.
Es necesario replantearse el financiamiento a la educación pública.
Durante el 2018, el gobierno de Costa Rica destinó un 7.7% del PIB a “educación”. Mientras que la matrícula de niños en escuelas se redujo de 513.805 alumnos en el 2007 a 443.291 en el 2017, el gasto se disparó de ₡676.659 millones a ₡2.6 millones de millones (en el 2018), al tiempo que la cantidad de docentes aumentó en 25.000.
A pesar de que se tiene menos estudiantes y, contrariamente, más maestros y más plata gastada o “invertida” en educación pública, el rendimiento de esa “inversión” no ha mejorado sino empeorado.
El problema de la calidad y uso eficiente de recursos en la educación solo se resolverá con la introducción de competencia en el sistema como lo hizo Suecia con la introducción de cupones educativos. Este consiste en dividir el presupuesto en educación entre la cantidad de estudiantes y entregarles a ellos un cupón por dicho monto. El cupón se puede usar para pagar educación tanto en centros educativos privados como públicos. El único ingreso de los centros educativos públicos sería la sumatoria de los cupones que reciban por matricula. Es decir, si un centro educativo público no recibe matrícula, su ingreso será cero y no podrá pagarle a ningún maestro.
Futuro negro para las pensiones de la CCSS
El régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS empezará a comerse sus reservas dentro de unos doce años y las agotará para el 2038. Esto es así porque el régimen de la CCSS se basa en un esquema ponzi. En otras palabras, el IVM es insostenible y hay que tomar las medidas del caso ya.
La solución que propone el gobierno castiga al cotizante: aumentar las cuotas y reducir los beneficios. La solución permanente y justa es sustituir el esquema ponzi por un régimen de capitalización individual.
Da vergüenza como algunos pretenden restaurar privilegios en pensiones
Cualquier “derecho” que lo pague un tercero no es un derecho sino un privilegio.
Este debe ser el principio que prive sobre las decisiones de la Sala Constitucional ante las consultas que se le hacen para restaurar privilegios en los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto.
Por ejemplo, resulta que esos exdiputados, herederos y otros, han planteado diversos recursos ante la Sala Constitucional, básicamente para que se les restablezca un privilegio por el que cada año dichas pensiones aumentaban en un 30%.
¿Qué será de JAPDEVA?
En el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ₡4.134 millones. Lleva 5 años consecutivos sin ganancia. Con la entrada de operaciones de APM Terminals, sobra más el 50% de la planilla de la entidad, pero no los despidieron porque desviaron los fondos.
¡Debemos cerrar Japdeva!
Etanol: Otra forma de proteccionismo
El gobierno destinará ₡12.600 millones de impuestos para producir etanol. Se benefician burócratas y el clientelismo político. Por definición, ninguna forma de proteccionismo es socialmente rentable. Este acto de corrupción solo es posible gracias a los monopolios de Recope y Fanal.
¡Rompamos monopolios YA!
El recorte aprobado por la Sala IV a las pensiones con cargo al presupuesto
La reforma a las pensiones con cargo al presupuesto impone un tope que no significara mayor cosa a las finanzas públicas. Además, la mayoría de los pensionados a los que la reforma pretendía abarcar, podrán evadir dicho tope.
Está planteado un proyecto de ley que pretende unificar todos los sistemas de pensiones en uno sólo: el IVM de la Caja. Sin embargo, dado que el régimen de pensiones de la CCSS es insostenible e injusto, lo correcto es movernos hacia un sistema de capitalización individual, con libre competencia entre operadoras y romper la obligatoriedad (hacerlo opcional) de cotizar para la CCSS.
¿Y quién pagará las pérdidas de la CCSS por motivo de la huelga?
Según La Nación, la huelga le costó a la CCSS unos ₡12.000 millones. Esta factura, debido a la obligatoriedad de cotizar para la CCSS, la terminará pagando el contribuyente.
La república independiente de la UCR
Parece que al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) no le gusta que la Controlaría General de la República le controle el presupuesto. Si el rector de la UCR quiere independencia en la administración de recursos, pues entonces que dejen de recibir transferencias de los contribuyentes y que financien el 100% de su gasto con los ingresos por matrícula y venta de servicios.
Ya es hora de que las universidades públicas, sin excepción, dejen de recibir transferencias de los contribuyentes.
Acerca de los salarios en el Poder Judicial
Dado que la honestidad no depende del salario, es absurdo que este se fije para evitar la corrupción. Por definición, el salario promedio (Incluyendo pluses y privilegios) del funcionario público debe ser inferior al puesto equivalente en el sector privado. Además, debido a que el salario del funcionario público lo paga el contribuyente, dicho salario debe guardar relación estrecha con lo que el contribuyente esté dispuesto y en capacidad de pagar y no según el capricho del legislador o demandas del sindicalista del sector público.
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