Parece que al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) no le gusta que la Controlaría General de la República le controle el presupuesto. Si el rector de la UCR quiere independencia en la administración de recursos, pues entonces que dejen de recibir transferencias de los contribuyentes y que financien el 100% de su gasto con los ingresos por matrícula y venta de servicios.
Ya es hora de que las universidades públicas, sin excepción, dejen de recibir transferencias de los contribuyentes.
Dado que la honestidad no depende del salario, es absurdo que este se fije para evitar la corrupción. Por definición, el salario promedio (Incluyendo pluses y privilegios) del funcionario público debe ser inferior al puesto equivalente en el sector privado. Además, debido a que el salario del funcionario público lo paga el contribuyente, dicho salario debe guardar relación estrecha con lo que el contribuyente esté dispuesto y en capacidad de pagar y no según el capricho del legislador o demandas del sindicalista del sector público.
En palabras de la ministra de Hacienda, “los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que recibe el Estado.” Los privilegios del sector público y las pensiones con cargo al presupuesto equivaldrían a un 46.8% del presupuesto en el 2019.
Lo justo es que toda pensión sea producto de los aportes (cuotas) más los rendimientos generados por estas. En otras palabras, un régimen justo es aquel que no se financia con el presupuesto de la República. En este sentido, solo el régimen de pensiones conocido como de “Capitalización individual” es justo. Por definición, todo régimen de pensiones de reparto, como el de la CCSS, el del Poder Judicial y el del Magisterio son injustos porque se financian con impuestos. La única excepción debe ser el régimen no contributivo de la CCSS.
Desde abril del 2013, el mercado de las divisas ha estado ejerciendo una presión para la depreciación del colón que fue contenida a punta de endeudamiento. La depreciación del colón que se viene dando desde el 2013 es reflejo de la pérdida de competitividad. La aprobación del Plan Fiscal solo empeorará las cosas.
La pésima política cambiaria hace necesario considerar el cierre del BCCR.
Dado que los distintos regímenes de pensiones con cargo al presupuesto tienen diferentes aportes, su unificación no es sencilla.
Sin embargo, no cabe duda alguna que lo justo es que toda pensión sea producto de los aportes (cuotas) más los rendimientos generados por estas. En otras palabras, un régimen justo es aquel que no lo financia con cargo al presupuesto de la República. En este sentido, solo el régimen de pensiones conocido como de capitalización individual es justo. Por definición, todo régimen de pensiones de reparto, como el de la CCSS, el del Poder Judicial y el del Magisterio son injustos porque se financian con cargo al presupuesto. La única excepción debe ser el régimen no contributivo de la CCSS.
La Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) cuestiona el nombramiento del gerente general, y de dos subgerentes, realizados por la Junta Directiva del Banco Popular en mayo pasado.
Ya es hora de que el Banco Popular deje de recibir contribuciones obligatorias por parte del sector privado y de subsidios por parte del gobierno. Como diría alguien, “ya están muy grandecitos” para requerir subsidios pagados por todos.
El gobierno está obligado, por ley o constitucionalmente, a transferir recursos a distintos grupos de presión. Entre ellos a las universidades públicas y a los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto.
Para el año 2017, el FEES (Fondo Especial de Educación Superior) representó un 1.45% del PIB y las pensiones con cargo al presupuesto un 2.19% del PIB. Es necesario acabar con el FEES y todo tipo de transferencia de los contribuyentes a las universidades públicas y que estas cubran su operación con el cobro de matrícula. De igual manera, debemos acabar con todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, incluido el de la CCSS, y sustituirlos por un régimen de capitalización individual. Así nos ahorramos un 3.64% del PIB.
La Ley Orgánica del Poder Judicial suspende la pensión para aquellos que laboren por más de un mes. Pues bien, para “jugar de vivos” se contrata “sucesivamente nombramientos de solo un día que se extendían por un mes exacto. Luego, se hacía una breve pausa de apenas uno, dos o tres días laborales, y se les confeccionaba un nuevo nombramiento”.
Los salarios del sector público están creciendo mucho más allá de la inflación y superan, en promedio, a sus homólogos en el sector privado. ¿Será la solución crear un salario único que elimine los pluses y privilegios?
La Sala Constitucional tendrá que tomar decisiones acerca de la constitucionalidad de una serie de acciones, relacionados con el régimen de pensiones del Poder Judicial, donde ellos son juez y parte.
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