Por: José Joaquín Fernández.
En Costa Rica está en efervescencia la discusión por los “altos” salarios que se pagan en algunas empresas del sector gubernamental, en particular, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Universidad de Costa Rica (UCR).
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), critica a quienes ven como criminales y corruptos a los funcionarios del Gobierno que ganan más de un millón de colones mensuales. ¿Tendrá razón don Albino? ¿Cómo saber si un salario alto es un abuso o refleja su productividad? ¿Cómo saber si una empresa de telecomunicaciones necesita tener en su planilla un árbitro de fútbol? Al comparar estos salarios con los del sector privado, el sentido común nos dice que efectivamente parece haber un abuso. Si así fuera, ¿cómo saber cuál es el salario justo de un funcionario del Gobierno?
Como economista y como ser humano, yo quisiera que todos los salarios fueran más altos. ¡Sí, más altos! Sueño con que el salario promedio del costarricense sea mayor que el salario promedio del primer mundo. Según el Banco Mundial, mientras que para el año 2014 el salario promedio del costarricense fue de apenas US$9.750 por año, el de un sueco llegó a ser más de US$61.000.
Para alcanzar la justicia salarial, debemos comprender que un salario justo no se decreta por ley, ni lo determina la Constitución, ni las garantías sociales, ni las convenciones colectivas. Si así fuera, baste con decretar un salario de US$1 millón diario para todos. La ciencia económica nos enseña que el salario justo es aquel equivalente a la productividad de cada trabajador, es decir, al valor que cada uno aporta. En otras palabras, para determinar el salario justo, debemos averiguar cuál es la productividad de cada trabajador. Si deseamos salarios crecientes y justos, sin afectar el bolsillo del consumidor, debemos conocer las causas que determinan y elevan la productividad. Dado que la productividad no se puede crear ni determinar por decreto, es absurdo creer que con la aprobación de una “Ley de empleo público” se acabará la injusticia y los abusos salariales del sector público.
Como economista sé que siempre que haya un monopolio creado por ley o que exista un mercado protegido por el Gobierno, habrá injusticia, corrupción y abuso económico, sin importar el Gobierno de turno ni las leyes vigentes. Los salarios abusivamente altos en las empresas públicas son consecuencia directa de mercados protegidos. La solución no está en calcular la productividad porque, como bien explicó el economista Ludwig von Mises en su libro “Socialismo”, es imposible para cualquier tecnócrata calcular la productividad. O bien, como diría F.A. Hayek, galardonado con el Premio Nobel en Economía en 1974, no podemos saber de antemano cuál sería ese salario ni el tamaño de la planilla en ninguna industria en particular, solo podemos saber en qué condiciones el salario reflejará la productividad y en cuales circunstancias la productividad crecerá más.
Así como la ciencia económica concluye que bajo mercados monopólicos y cautivos habrá abusos e injusticias, la ciencia también determina que solo con la más dura y libre competencia se puede aspirar a tener salarios crecientes y a la vez tener precios bajos. Solo bajo libre competencia, la productividad crece más y los productos son de mayor variedad para todos los gustos y los servicios son de la más alta calidad. Solo con libre competencia se garantiza que el tamaño y composición de la planilla es la necesaria y la que la sociedad necesita. Solo en mercados libres y competitivos el salario es justo porque solo así se reflejará su productividad.
El problema no es tanto el abuso salarial en el sector público sino los monopolios y mercados cautivos, tanto en el tema de hidrocarburos, como en la generación, distribución y comercialización de la electricidad. Dejemos a un lado la discusión si Recope nos desangra o cosas por el estilo y busquemos soluciones al problema de los abusos en todo el sector público. Si deseamos salarios justos y crecientes, ¡es imperativo que abramos los mercados ya!
Publicado en el Diario La Prensa Libre (Costa Rica) el 17 de julio del 2015.