Tenemos un Estado excesivamente obeso y es necesario ponerlo en forma cerrando gran parte de las entidades públicas donde la mayoría, según la Economía, son innecesarias.
Los liberales y la “ley jaguar”
¿Cuál debe ser la posición liberal con relación a la llamada “ley jaguar”? Para responder la pregunta es necesario repasar la verdadera naturaleza de los impuestos y el gasto estatal. Los impuestos mutilan la libertad El cobro de impuestos es por lo ordinario una actividad sin violencia física, sin embargo, se trata en todo momento de una agresión en contra …
¿Por qué hay escasez de médicos especialistas?
Por: Sergio Villalta Esta semana los médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han realizado un movimiento de presión para mejorar sus salarios. Entre las medidas está la de negarse a trabajar horas extras. Como la CCSS tiene un déficit crónico de médicos especialistas, entonces no hacer las horas extra causa suspensiones del servicio, que ya está …
El fracaso del Estado
El funcionario público administra recursos que no se ha ganado con esfuerzo propio y no sufre las consecuencias de sus malas decisiones. Es decir, el funcionario público carece de los incentivos sanos y necesarios que lo motiven a ser eficiente y no hay legislación posible que pueda corregir esta realidad. Es por esto que el tamaño del gobierno debe ser mínimo.
La educación costarricense reprobó de nuevo
La educación costarricense reprobó en los últimos resultados (del 2018) de las pruebas PISA (siglas en inglés del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes), que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realiza cada tres años en Matemáticas, Ciencias y Lectura. En nuestro país, los promedios van en descenso y muy por debajo del promedio internacional.
El problema no es de recursos porque en los últimos 12 años, el presupuesto en educación se ha cuadruplicado; en el 2007, el presupuesto era de ₡679.659 millones y en el 2019 llegó a ₡2.6 billones.
El problema reside en que tenemos un esquema educativo donde impera la planificación centralizada donde el burócrata decide años de estudio, materias, contenidos de las materias y criterios para reconocer docentes. Solo la libre competencia garantiza el uso eficiente de los recursos y la educación no es excepción.
En el caso de la educación, es necesario reflexionar sobre la distinción entre proveer un servicio y limitarse a financiarlo. Una cosa es que el gobierno administre centros educativos y otra es que se limite a transferir recursos directamente a los estudiantes de escasos recursos con el fin de que estos lo inviertan en el centro educativo de su predilección, sea público o privado. Esto se conoce como el sistema de cupones educativos propuesto por Milton Friedman en 1955 y que ha sido todo un éxito en donde se ha aplicado.
Aumenta el costo del proyecto de riego en Guanacaste
El Estado es ineficiente per se porque administra recursos que no se ha ganado con esfuerzo propio. Una muestra de ello es que las obras que realiza el Estado casi siempre terminan costando mucho más de lo presupuestado inicialmente.
Resulta que, según la Contraloría General de la República, el proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costera le costará al contribuyente unos ₡10.000 millones de más.
Japdeva desvia fondos de reserva y traslada costo al contribuyente
Desde el año 2012 se le había indicado a Japdeva que debía reducir su personal y para ello se había creado una reserva desde la Administración Chinchilla Miranda (2010-2014). Sin embargo, Japdeva desatendió la orden y usó los recursos para la compra de grúas que se encuentran, en el mejor de los casos, subutlizadas. Ahora Japdeva le pide recursos a la Asamblea Legislativa para subsanar su mala administración, liquidar planilla y pagar nuevos privilegios a los despedidos.
¿Cuándo entenderemos de una vez por todas que la burocracia no tiene como fin el bien común sino su propio bienestar?
Miles de millones de recursos de bien social terminan en la clase media y alta
Según el Estado de la Nación, un 18,4% de todos los que reciben ayuda del gobierno no la requieren porque no son pobres. El monto equivale a ₡55.000 millones por año. Para darnos una idea del monto, la ampliación de la carretera San Ramón – San José se había dado en concesión por aproximadamente ₡300.000 millones. Mientras tanto, unas 270 mil familias en condición de pobreza no son atendidas por el IMAS.
Otro ejemplo más para entender que el problema fiscal que vive Costa Rica es de exceso de gasto público y corrupción. ¡No más endeudamiento, no más impuestos!
¿Abusos en las incapacidades de los trabajadores de la CCSS?
En el sector privado el promedio de incapacidad por trabajador, por año, es de 0.2. En el sector público es de 0.65. En la Caja Costarricense de Seguro Social la cifra es de 2.26; es decir, más de once veces comparada con el sector privado.
Si bien es cierto que las personas que laboran en hospitales están más expuestas a contagios, la cifra parece excesiva. No es de extrañar que el monto que debemos pagar por las cuotas a la CCSS vaya en aumento.
El aparente abuso se puede explicar mejor recurriendo a la Economía que nos dice que a menor competencia, mayor es la ineficiencia. Estamos obligados a cotizar seguro médico de la CCSS y este solo puede ser usado sus centros de atención médica. Solo introduciendo competencia podremos mejorar la eficiencia del manejo de los recursos públicos, incluyendo la CCSS.
Para el gobierno, el desperdicio no importa: los casos de AyA y Recope
Es un principio básico de la Economía que todo monopolio creado por ley se traduce en explotación al consumidor, desincentivo a la inversión, y caída en la calidad del servicio.
Esto lo vemos en el caso de Acueductos y Alcantarillados (AyA) que pretende un aumento del 24% en las tarifas de agua. Esto es un abuso dado que no corresponde con los incrementos de la inflación. Por otra parte, más del 51% del agua potable se desperdicia.
En el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), esta quiere trasladarle al consumidor los robos que sufre en los más de 350 tomas ilegales que se han encontrado. Los robos suman unos ₡6.000 millones en los últimos años.
Si hubiera libre competencia, esto no podría suceder. La libre competencia se encarga de castigar a la empresa que desperdicia o a la que se deja robar. La libre competencia premia a las empresas que hacen buen uso de los recursos.
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