• Las plataformas digitales de transporte público son legales porque están amparadas en el art. 28 de la Constitución Política.
• La solución no es subyugar a Uber, sino liberalizar el servicio de taxis derogando las leyes 7.969 y 8.955.
Por: José Joaquín Fernández.
El desarrollo económico pasa, necesariamente, por lo que el economista Joseph Schumpeter llamó la destrucción creativa. Es decir, toda innovación implica dejar en obsolescencia los métodos de producción que se venían usando. Los que se aferran al pasado, sufrirán pérdidas económicas y aquellos que se adapten a la innovación se verán favorecidos. Estas son reglas de juego que son sanas porque presionan constantemente al emprendedor a innovar, a ser eficiente y a mejorar sus métodos de producción. En este sentido es absurdo cualquier proyecto de ley que pretenda premiar lo obsoleto y castigar la innovación.
Los gobernantes constantemente están en busca de pretextos para regular a las plataformas tecnológicas de transporte público (PTTP), como Uber, In Driver y Didi.
Un argumento de los gobernantes es que las PTTP operan al margen de la ley y por eso requieren ser reguladas. Sin embargo, las PTTP están amparadas en la Constitución Política de la República en el artículo 28 que dice:
“Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley”.
Este es un artículo constitucional que claramente está en defensa del libre comercio, de la libertad para trabajar y de la libertad de escoger. Es evidente que las PTTP no perjudican ni la moral ni el orden público. Por el contrario, trabajar y ganarse el sustento diario de manera honrada es moralmente correcto.
Se podría argumentar que el orden público requiere cierta regulación mínima para garantizar normas de seguridad básicas, sanidad, cantidad de revisiones técnicas al año, etc. Sin embargo, la regulación no puede menoscabar el espíritu de este artículo constitucional en favor de la libertad económica. Cualquier regulación o ley que obstaculice innecesariamente la libertad económica, o que imponga barreras de entrada, estaría violando este artículo constitucional.
La pretensión de regular y limitar a las PTTP también es contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece en su artículo 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, …”. Por tanto, defender la libre operación de las PTTP, es defender el derecho humano al trabajo.
Lea: ¿Qué hacer si uno viaja en Uber y es interrogado por la policía de tránsito?
El gobierno no tiene derecho a limitarle a nadie la libertad de escoger, la libertad de trabajar, ni la libertad de disponer de su capital como mejor le convenga. Es inmoral y corrupto que el gobierno limite la cantidad de personas que deseen abrir una pulpería, importar hidrocarburos, vender divisas o trasportar personas. Nadie tiene por qué pedirle permiso al gobierno para trabajar. A ninguna persona se le debe restringir su libertad para ganarse el pan con el sudor de su frente.
Si un ser humano no está violando la libertad individual de un tercero, no hay razón alguna para que el gobierno meta sus narices. ¡Sepamos ser libres!
Es propio de tiranos manifestar su deseo de controlar cada aspecto de nuestras vidas y de violar las libertades individuales de manera arbitraria. En este sentido, esta perversa persecución con el fin de regular a las PTTP me recuerda al fascista Benito Mussolini quien decía: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado”.
Los taxis y el clientelismo político
Otro argumento de los gobernantes para querer regular, o prohibir, a las PTTP es porque afecta al gremio de los taxistas. Este es un argumento perverso porque promueve el clientelismo político favoreciendo a los grupos de presión. El clientelismo político es un acto de corrupción que se define cuando el gobierno aprueba leyes para crear privilegios en favor de los grupos de presión a costa del consumidor. En Economía, al clientelismo se le llama rent-seeking o buscadores de renta.
Es contrario al bien común que los gobiernos usen su poder para proteger y defender a los grupos de presión a costa del sacrificio del pueblo. Cuando el gobierno protege a un gremio, inevitablemente le pasa la factura al resto de la población porque la protección nunca es gratis. Las consecuencias del clientelismo político son: corrupción, precios más altos, menos inversión, menos empleo, menor calidad en el servicio y peor distribución de la riqueza. En otras palabras, los taxis conforman un perverso cartel creado por ley que debe ser derogado.
Lea: Los grupos de presión están carcomiendo nuestro país
Lamentablemente, la protección al gremio de los taxistas no solo ha traído consecuencias económicas negativas, sino también situaciones sociales perversas al promover el odio, la violencia con el daño a la propiedad privada y la integridad física.
Una de las maneras que operan los grupos de presión para obtener ganancias extraordinarias es promoviendo regulación que restrinja el ingreso al mercado; es decir, limitando la libre competencia. Cuando se limita o se reduce la oferta de cualquier bien o servicio, el precio siempre sube y la calidad cae.
Ejemplo de ello lo podemos observar con las medidas que toman los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Cuando ellos quieren que suba el precio del crudo, la estrategia no es fijar el precio del petróleo, sino que consiste en restringir la oferta para que el precio suba.
El gremio de los taxistas limita la oferta exigiendo una licencia para poder operar un taxi. El resultado es que las tarifas de los taxis son mucho más altas que las de las PTTP. Cuando el Poder Ejecutivo habla de “regular” a las PTTP, en realidad se trata de tomar medidas para restringir su oferta con el fin de favorecer al gremio de los taxis.
El economista sabe que toda regulación, por definición, reduce la oferta, disminuye la inversión, aumenta el desempleo y provoca un aumento del precio. Por tanto, para promover el desarrollo, las regulaciones innecesarias deben evitarse y solo deben hacerse con el fin de estimular más competencia, nunca para restringirla.
Las plataformas digitales de transporte público ya están reguladas
Es un error creer que las PTTP no están reguladas. Tengamos presente que la libre competencia y los mercados libres promueven automáticamente la autoregulación. En este sentido, la realidad demuestra que las PTTP se encuentran mucho mejor reguladas que el gremio de los taxistas. Con las PTTP, el usuario sabe con anticipación la tarifa que se cobrará por el servicio; con el gremio de los taxis no. Con las PTTP el usuario sabe con anticipación el modelo del vehículo (y su respectiva placa) que lo recogerá; con los taxis no. Con las PTTP el usuario se puede quejar eficazmente si recibe un mal trato en el servicio; con los taxis no. Con las PTTP el usuario sabe con anticipación el nombre del chofer; con los taxis no. Un taxista que de un mal servicio no perderá su licencia. Con las PTTP, los choferes que brinden un mal servicio perderán su derecho a seguir brindando el servicio. Con las PTTP el usuario sabe exactamente cuánto tiempo tardarán en recogerlo; con los taxis no.
Si por regulación se entiende un mecanismo que promueve la satisfacción del consumidor, entonces las PTTP lo logran; los taxis no. Es decir, las PTTP están reguladas tal y como lo desea el usuario. Sin embargo, los taxis desean que se regulen las PTTP con el único fin de reducir su oferta de modo que esto redunde en beneficio de los taxistas y en perjuicio de los usuarios.
En el mundo de los negocios se dice que “If its not broken, don’t fix it” (Si no está dañado, no lo arregle). Si el usuario de las PTTP no se queja, ¡no hay nada que arreglar, no hay nada que regular! Las PTTP han demostrado que la regulación por parte del gobierno en esta industria es totalmente innecesaria y hace obsoletas instituciones que derrochan el erario en defensa del consumidor o de los habitantes.
Las PTTP y el pago de impuestos
Muchos acusan, de mala fe, a las PTTP alegando que no pagan impuestos y que por eso debe regularse. ¿Acaso los vehículos que brindan el servicio de PTTP no pagaron aranceles? ¿Acaso los vehículos de las PTTP no pagan el impuesto de circulación? ¿Acaso los vehículos de las PTTP no pagan seguros? ¿Acaso la gasolina o el diesel que usan los vehículos de las PTTP están exonerados de impuestos? ¿Acaso Tributación Directa privilegia al chofer de las PTTP sobre los choferes de taxis? ¿Acaso el servicio de Internet que usan los choferes de las PTTP está exento de impuestos? ¿Acaso el espacio donde los choferes de las PTTP guardan sus vehículos está exento del pago del impuesto territorial? ¿Acaso los vehículos de las PTTP están exentos del pago la revisión vehicular? ¿Acaso los choferes de las PTTP están exentos de cotizar a la CCSS como trabajadores independientes? Etc.
La solución es liberalizar el servicio de taxis y promover la libre competencia
La solución definitiva en cuanto a las PTTP, no es subyugarlas con regulación gubernamental, sino liberar el servicio de taxis. Para ello debemos derogar las leyes 7.969 y 8.955 que regulan el servicio de taxis. Solo así acabaremos con el vergonzoso negocio del tráfico de las licencias de taxis. Solo así reduciremos el tráfico de favores y el clientelismo político que tiene a Costa Rica sumida en una crisis moral sin precedentes.
Derogando las leyes mencionadas, estaríamos promoviendo la libre competencia. Una de las ventajas de promoverla, es que esta no favorece a ningún grupo de presión. Como no se favorece a nadie, la libre competencia no genera odios, ni pugnas, ni pleitos entre distintos grupos, contribuyendo así al orden, a la paz social y al fortalecimiento de la sana convivencia social. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario. Libre competencia significa dejar de usar al gobierno como mecanismo para conseguir rentas extraordinarias que son injustas y abusivas.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. No solo promueve la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la justicia porque favorece al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja más horas, al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente, etc. ¡Esto es sano y bueno!
Bien decía el político mexicano Benito Juárez que “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Insto a los diputados a buscar la paz y la justicia social por medio del respeto al derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo y al derecho del consumidor a la libre elección.