El 51% de las acciones de cada empresa pública se vendería a un solo comprador mediante una subasta pública. El 49% restante se distribuiría, de manera gratuita y equitativa, entre los ciudadanos costarricenses.
En la teoría económica no existe ningún argumento sólido que justifique la existencia de empresas públicas. Por el contrario, tanto los fundamentos teóricos como la evidencia empírica lo desaconsejan. Es decir, ni el gobernante ni el burócrata deben actuar como empresarios.
Uno de los pilares teóricos fundamentales se encuentra en la teoría de la elección pública (public choice), desarrollada por varios economistas, entre ellos el premio Nobel de Economía James Buchanan. Esta teoría sostiene que el funcionario público tiende a ser ineficiente e ineficaz, en parte porque administra recursos que no ha obtenido mediante su propio esfuerzo.
Los gobernantes y burócratas no son ángeles promoviendo el bien común, sino seres humanos guiados por sus propios intereses. Por tal razón, las juntas directivas de las empresas públicas serán elegidas por el Poder Ejecutivo con criterios políticos para satisfacer intereses políticos. Dado lo anterior, será imposible evitar la corrupción en las empresas públicas, peor aún en alianzas público-privadas.
La teoría de la elección pública nos pronostica que el presidente de la República, guiado por su propio interés, siempre tenderá a usar a las empresas públicas para beneficiar a pegabanderas, amigos, parientes y financistas de campaña.
En esencia, cuando quien gestiona no es propietario, no arriesga capital propio y opera sin la presión de la libre competencia, la estructura institucional promueve la ineficiencia, la ineficacia y la corrupción. No se trata de que el funcionario público sea “malo” por naturaleza, sino de que el sistema de empresas públicas crea incentivos contrarios al bien común.
Esta conclusión teórica tiene respaldo en la evidencia empírica. Por ejemplo, el informe “Bureaucrats in Business” (1995) del Banco Mundial concluye: “[los] gobiernos se desempeñan menos bien que el sector privado”. Las empresas públicas han sido un fracaso en todo el mundo.
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Dada la ineficiencia e ineficacia de las empresas públicas, éstas solo sobreviven gracias a subsidios o a leyes que las protegen de la libre competencia; sea con monopolios, oligopolios, barreras de entrada, exclusividades regulatorias o privilegios de mercado. Costa Rica no es la excepción.
A veces se argumenta que ciertas empresas públicas son rentables porque reportan ganancias y por eso no se deben privatizar. Sin embargo, las utilidades de las empresas públicas se deben gracias a la protección de la competencia que estas gozan. En ese entorno, una empresa pública reporta ganancias no por ser más productiva, sino porque puede trasladar sus ineficiencias al consumidor mediante precios más altos y de menor calidad. En otras palabras, cuando una empresa pública reporta ganancias en un mercado protegido, solo está reflejando explotación al consumidor, no rentabilidad.
La verdadera prueba de rentabilidad es competir en un entorno abierto, sin barreras de entrada, ni privilegios, ni regulaciones abusivas, donde el consumidor puede elegir libremente. La experiencia internacional muestra que las empresas estatales no sobreviven cuando pierden su escudo legal y enfrentan libre competencia.
Por todo lo anterior, es fundamental considerar la venta de todas las empresas públicas en Costa Rica. Sin embargo, esta privatización debe ser transparente para evitar que la venta de activos beneficie a intereses particulares cercanos al poder político.
Propuesta:
- El 51% de las acciones de cada empresa pública se vendería a un solo comprador mediante una subasta pública transparente, con reglas claras, supervisión independiente y trazabilidad completa del proceso.
- El 49% restante se distribuiría, de manera gratuita y equitativa, entre todos los ciudadanos costarricenses mayores de edad. Cada persona recibiría un número fijo de acciones por empresa (20 por ejemplo), registradas formalmente y custodiadas en la Bolsa Nacional de Valores, de forma que sean propiedad real, transferible y protegida jurídicamente. Con esto se materializa el ideal de que “las empresas públicas son del pueblo” y no como consigna, sino como propiedad accionaria efectiva.
- Simultáneamente, se realizarían los siguientes cambios estructurales:
a) Las empresas públicas se convertirían en sociedades anónimas regidas por el derecho privado.
b) En el caso de las empresas públicas que operen bajo monopolios, monopsonios u oligopolios creados por ley, se derogarían dichas leyes y se eliminarían todas las barreras de entrada al mercado de modo que se asegure una verdadera libre competencia.
c) Se desregularía la Bolsa Nacional de Valores para hacer más accesible la libre compra y venta de acciones con el fin de empoderar a los ciudadanos para que dispongan de su propiedad accionaria como mejor les convenga.
Algunos podrían preguntarse por qué no entregar el 100% de las acciones a la ciudadanía. La respuesta es pragmática: ¿cómo harían los cinco millones de costarricenses para ponerse de acuerdo con el nombramiento de la nueva Junta Directiva y de sus nuevos administradores? Al vender el 51% a un solo comprador, se asegura el control administrativo y la toma de decisiones de manera ágil y eficiente.
Al distribuir el 49% de las acciones entre todos los ciudadanos, se materializa el ideal de que las empresas públicas realmente pertenecen al pueblo porque ser propietario de una empresa significa poseer las acciones pertinentes. La idea es que los costarricenses dispongan libremente, sin intervención gubernamental, de ese 49% de tal manera que lo puedan conservar para recibir dividendos, utilizarlas como garantía para préstamos, o bien venderlas o heredarlas.
Es imprescindible que la venta de las empresas públicas venga acompañada de la apertura y desregulación de los mercados para permitir la libre competencia. Recordemos que toda empresa pública opera bajo la protección del mercado, lo cual permite la explotación al consumidor. Por tanto, la venta de empresas públicas solo beneficiaría al comprador, y no al costarricense en general, si vendemos empresas públicas sin la apertura y desregulación del mercado.
La libre competencia siempre ha sido buena y promueve el bien común. Tengamos presente que la ciencia de la Economía concluye que, a mayor competencia, los precios son más bajos, la calidad de los bienes y servicios es mayor, hay más inversión y por ende mayor generación de empleo. Cuanto más nos acerquemos a la libre competencia, los salarios y las ganancias tienden a ser proporcional a su productividad. Todo esto es sano y justo.
La libre competencia es el único mecanismo para obligar a las empresas a ser eficientes e innovar. La empresa que no sea eficiente no podrá competir y solo la que innove podrá mejorar sus ventas y su participación en el mercado.
La libre competencia es justa porque favorece y premia al innovador, al emprendedor, al visionario, al que trabaja mejor y al que invierte sanamente para satisfacer las necesidades de la gente. La libre competencia también promueve la equidad porque premia al emprendedor que contrate a los mejores empleados sin discriminar por género, color de piel, credo o nacionalidad.
Por el contrario, en los mercados protegidos, quienes ganan son los amigos del gobernante. Por eso, cada vez que se regula un mercado debe hacerse con cuidado porque la regulación reduce el número de participantes en el mercado y con ello se reducen los beneficios de la libre competencia. El legislador debe tener en mente que los mercados se autoregulan haciendo la regulación gubernamental, no solo innecesaria, sino hasta contraproducente.
El Estado, por su parte, también resultaría beneficiado al promover la libre competencia de los mercados porque el incremento en la actividad económica y la formalización de nuevas empresas elevarían la recaudación tributaria.
Finalmente, la venta de empresas públicas donde el 49% se distribuye en acciones a toda la población impulsaría el desarrollo de un mercado de capitales robusto y transparente, convirtiéndolo en una fuente alternativa de financiamiento y ahorro para todos los costarricenses, al igual que sucede en las economías más avanzadas.
Agentina: ejemplo de privatización que debemos evitar
El gran error de ciertos procesos de privatización, como ocurrió en Argentina durante la década de 1990, es que se vendan empresas públicas sin desmantelar los monopolios ni abrir los mercados a la libre competencia.
El gobierno de Argentina, en ese entonces, prefirió privatizar las empresas públicas sin romper los monopolios ni abrir los mercados. El resultado fue predecible: abusos de precios, menor incentivo a invertir e innovar, y un estancamiento que desembocó en la profunda crisis económica que vivió ese país a finales del siglo XX.
Es innegable que una empresa con posición monopólica puede venderse más cara porque el monopolio permite fijar precios excesivos y con ello obtener rentas extraordinarias. Sin embargo, vender sin promover la competencia solo engorda las arcas estatales, a costa de frenar la inversión, impedir la creación de empleos de calidad, ahogar la innovación y limitar el crecimiento salarial basado en la productividad. Esta visión perversa terminó perjudicando gravemente el bienestar de toda la nación.
Los gobiernos no deben buscar políticas que maximicen el nivel de recaudación fiscal porque el objetivo de la sociedad no es trabajar para pagar cuanto capricho se le antoja al gobernante.
Algunas de las empresa públicas que debemos privatizar en Costa Rica son: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la banca estatal (Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Popular), Radiográfica Costarricense (Racsa), Correos de Costa Rica, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), e Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y las universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UTN).
Apostar por esta propuesta no solo empodera a la ciudadanía, sino que también abre las puertas a una Costa Rica más justa, eficiente y próspera para todos donde las ganancias dependan de la innovación y no de la protección de los mercados y la explotación al consumidor.