Cómo mejorar nuestro sistema educativo

José Joaquín Fernández Liberalismo Leave a Comment

Por: José Joaquín Fernández.

Todos deseamos contar con un sistema educativo donde impere la excelencia al más bajo precio posible. Las diferencias empiezan cuando discutimos los medios para alcanzar estos loables objetivos.

En la actualidad, damos por sentado que la educación es un asunto donde debe intervenir el gobierno, no solo en su financiamiento, sino también en la regulación de todo el proceso: años lectivos, materias a estudiar, sus contenidos, metodologías de enseñanza, selección de maestros y profesores, horas lectivas diarias, etc.

Nadie duda de la importancia de la educación para el ser humano. Sin embargo, no podemos dar por un hecho que la intervención gubernamental es una manera eficiente y eficaz para lograr una mejor educación para todos. Al contrario, esto es algo que debe cuestionarse. ¿Qué nos garantiza que la intervención gubernamental no empeora la educación en vez de mejorarla? ¿Qué nos garantiza que la intervención estatal mejora el acceso de los estudiantes a la misma? Es sorprendente que, con todos los avances tecnológicos de las últimas décadas, la metodología de la enseñanza estatal siga siendo prácticamente la misma que hace 100 años atrás.

¿Cómo se logra la excelencia académica? ¿Cómo se logra la calidad en cualquier bien o servicio? ¿Cómo logramos que una educación de alta calidad sea lo más barata posible? ¿Cómo logramos que cualquier bien o servicio sea lo más barato posible? ¿Cómo hacemos para que la educación llegue al mayor número de personas? ¿Cómo hacemos para que haya una educación a la medida de cada estudiante donde se tome en cuenta sus distintas habilidades, gustos y propósitos?

Para responder a estas preguntas, debemos empezar por reconocer que solo hay dos maneras de proveer bienes o servicios: por medio de la libre competencia sin intervención gubernamental alguna, o por medio de la planificación centralizada donde el burócrata decide qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo. Cualquier otra cosa es una mezcla de ambas.

En un sistema de libre competencia, el gobierno no impone barreras de entrada de ningún tipo y cada productor puede ofrecer los bienes y servicios que guste. Por otra parte, el consumidor, disponiendo de su ingreso, es libre de elegir entre los bienes y servicios que se ofrecen.

Por el contrario, en un sistema de planificación centralizada, es el gobierno el que determina lo qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye.

La intervención del gobierno en la educación se basa en el supuesto de que el gobierno puede mejorar, tanto el acceso a la misma, como su calidad. Es decir, mucha gente asume que el gobierno puede proveer bienes y servicios a menor costo y con más calidad que un mercado de libre competencia. Pero, ¿será esto cierto? ¿Poseen los funcionarios públicos los incentivos necesarios para garantizar calidad y eficiencia? Peor aún, muchos gobiernos ofrecen educación pública “gratuita”. Si el gobierno tiene la capacidad de ofrecer bienes y servicios de manera gratuita, ¿por qué entonces pagamos impuestos?

Por lo tanto, es un error asumir sin cuestionamiento alguno que la educación ofrecida por medio de la planificación centralizada es de mejor calidad, a menor costo y que le llega a una población estudiantil mayor, cuando la comparamos con un sistema educativo basado en la libre competencia y libre de la intervención gubernamental.

Problemas estructurales en la educación estatal

La misma talla de camisa, el mismo diseño, la misma tela y color para todos.

El principal problema de la educación pública (preescolar, primaria y secundaria) es su rigidez; es decir, es la misma educación para cualquier estudiante. Todos, sin importar sus habilidades, intereses, o capacidades, tendrán que llevar los mismos años de escuela y colegio. Todos tendrán que ir al mismo ritmo. Todos tendrán que estudiar las mismas materias, los mismos contenidos y aprenderán con las mismas metodologías.

El que posee problemas cognitivos recibirá la misma educación que aquel con coeficiente intelectual de genio. El que tiene habilidades para las letras irá al mismo ritmo que aquellos que no lo poseen. Los que tengan interés y curiosidad por aprender, tendrán que avanzar tan despacio como lo permitan los vagos y desinteresados.

Podemos afirmar que la industria de camisas es de calidad cuando las empresas elaboran camisas a precios accesibles teniendo en mente, no solo las distintas tallas de los consumidores, sino también sus gustos y preferencias en diseños y colores. De igual manera, no podemos afirmar que tenemos una educación de calidad cuando su sistema solo nos brinda “una única talla para todos”.

El resultado de un sistema rígido en la educación solo puede conducir, por definición, a la mediocridad de resultados. Esto es así porque si deseamos que la mayoría de los estudiantes apruebe los años académicos y se gradúen, no es posible hacerlo sin que el nivel de exigencia educativo se reduzca al nivel de la mediocridad.

Por ejemplo, si se impartieran clases de matemática para desarrollar las habilidades de los más aptos, evidentemente la mayoría reprobaría. Por tanto, si deseamos que la mayoría apruebe matemáticas, es necesario bajar la calidad de la enseñanza sacrificando la educación de los mejores estudiantes. Esto sucede en todas las materias de enseñanza de la educación pública. También sucede en la educación privada si es el gobierno el que impone lo que debe enseñarse.

¿Por qué un estudiante con vocación para las matemáticas debe ir al mismo ritmo que otro sin vocación o interés? En el caso anterior, se desperdicia el talento del capaz para las matemáticas porque no se avanza más rápido. Por el otro lado, se desperdician recursos económicos en el estudiante que no tiene ni vocación ni interés para las matemáticas. Lo mismo se pude decir de aquellos con vocación para las ciencias sociales, las artes, las ciencias naturales o los deportes. Por ejemplo, los que tienen habilidades para la música pierden su tiempo y recursos en las clases de música que se imparten en los colegios.

Esta noción de “una misma talla para todos” no es más que el corolario del concepto de igualdad de oportunidades para todos. No es posible de hablar de igualdad de oportunidades si algunos reciben una educación distinta, no necesariamente por eso de mejor calidad, que otros. Tampoco se puede hablar de igualdad de oportunidades si esta tiene un nivel de exigencia alto que impide que muchos aprueben las materias. Igualdad de oportunidades implica que todos deben de poder graduarse.

Como bien decía E.G. West en su obra clásica “Education and the State”: Si insistimos en que debe haber igualdad de resultados se sigue que estamos penalizando la habilidad”.

La educación pública obligatoria viola el principio de patria potestad y la Declaración universal de los derechos humanos.

Así reza el artículo 26, inciso 3 de dicha declaración:

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

En Derecho existe el principio de patria potestad y por el se entiende que son los padres los responsables directos por sus hijos menores de edad no emancipados. Este principio incluye la educación. En otras palabras, la responsabilidad de la educación recae primero sobre los padres de familia o los encargados. La educación es un deber de los padres, no del gobierno. Son los padres, y no el gobierno, quienes deben decidir el tipo de educación, materias a estudiar, metodologías que recibirán sus hijos, años de estudio, etc.

Si la educación pública es obligatoria, se viola dicho principio. A lo sumo, lo correcto sería que el gobierno sugiera la educación que según el burócrata es la mejor. Muchos desconfían de los padres y por eso quieren que la educación esté en manos de un burócrata. Sin embargo, de igual manera se debe desconfiar de un burócrata. Es necesario reconocer que todo ser humano es falible, incluyendo el burócrata, y que por eso es contraproducente que la educación pública sea obligatoria y menos aún en manos de la burocracia.

Además, el concepto “educación pública” sugiere que el gobierno educa lo cual no es necesariamente cierto. El gobierno también adoctrina y la única manera de evitar el adoctrinamiento es evitando la obligatoriedad de la educación.

Son los padres quienes deben tomar la decisión sobre qué deben, y cómo deben estudiar sus hijos y esto solo será posible cuando la educación sea ofrecida en un mercado donde impere la libre competencia.

Reduce la oferta educativa privada

Dado que la educación pública es financiada por medio de impuestos, aquellos que decidan optar por educación privada deben pagar dos veces. El gobierno no reembolsa los impuestos pagados a aquellas personas que opten por educarse en el sistema privado. Dado que la educación pública es “gratuita”, compite de manera desleal con la oferta privada. Esto provoca una disminución de la cantidad absoluta de centros educativos privados y  reduce la oferta de opciones al estudiante.

Los profesores ganan lo mismo

En un sistema de planificación centralizada de la educación es imposible incentivar a los buenos profesores con mejores condiciones laborales y ofrecerles mejores salarios.

Dado que en el sector público los burócratas disponen de recursos que no se han ganado con el fruto de su esfuerzo, es muy difícil evitar que una diferenciación de salarios se vea influenciada por criterios políticos y no económicos. Es por eso que todos los maestros y profesores ganan lo mismo. Además, sin competencia, es imposible saber a cuáles profesores el consumidor está valorando más, y a cuales no, y por ende es imposible determinar los cuales que son mejores, qué tanto mejores y cuánto debería ser la diferencia salarial. La igualdad de salarios en el sector público desincentiva a los buenos profesores y estimula la mediocridad pues no hay incentivos para superarla. El buen maestro pierde motivación y el mediocre se ve incentivado a seguir en su mediocridad.

Llevamos siglos sin cambio alguno en la educación

La educación pública consiste en que los estudiantes deben asistir a un recinto educativo donde hay aulas con pupitres donde deben sentarse los alumnos, con una gran pizarra al frente para que el profesor o el maestro dicte o imparta su lección.

Con tanto avance tecnológico, es el colmo que no exista educación pública en línea para aprender a leer, lecciones del correcto uso del idioma, ni matemática básica. Desde hace mucho tiempo los burócratas han tenido el tiempo suficiente para ofrecer la educación básica en línea. Por ejemplo, los estudiantes podrían llevar los módulos de matemática en línea y solo presentarse a realizar exámenes. ¡Imaginemos el ahorro de recursos! Lo mismo podría hacerse para enseñar a leer. Así cada estudiante podría avanzar a su propio ritmo. Sin embargo, esto no está en la mira del burócrata porque este no piensa en el bien común sino en sus propios intereses como cualquier otro agente económico y la enseñanza en línea significaría despidos masivos de maestros y profesores de la educación pública.

Todos los estudiantes deben llevar los mismos años lectivos: kinder, preparatoria, escuela 6 años, colegio 5. ¿Por qué un sistema tan rígido? ¿Por qué no pueden ser 3 años de escuela? En Costa Rica conozco a una empleada doméstica, de 40 años de edad, que está haciendo el esfuerzo por estudiar. Está llevando escuela y asiste los domingos a clases. Debe asistir un año calendario para poder concluir un año de escuela. Surge entonces la pregunta, si ella asistiera a clases 6 días a la semana, ¿podría hacer toda la escuela en un solo año? Si así fuese, por qué no podría aplicar esto para estudiantes regulares. Sin embargo, las regulaciones estatales y su rigidez no permiten hacer los 6 años de escuela en un solo año calendario.

Cuando estuve en el colegio, tuve una amiga, no solo dotada de una inteligencia extraordinaria, sino que además disfrutaba mucho del estudio. Ella dedicó el periodo de tres meses de vacaciones para aprobar y avanzar un año de colegio. Es decir, si este sistema se aplicara de manera regular y no solo en periodo de vacaciones, esta alumna podría haber hecho los 5 años de colegio en tan solo un año y un trimestre. Sin embargo, el gobierno lo prohíbe.

En la actualidad, un estudiante que reprueba tres materias pierde todo el año lectivo. ¿Por qué la escuela y el colegio no pueden adoptar un sistema como en la universidad donde el estudiante matricula el curso (materia) y no el año completo o en donde si se pierde el curso, se repite solo el curso y no todo el año?

Es un desperdicio de recursos públicos que los estudiantes tengan que repetir todo un año en vez de solo repetir las materias no aprobadas. Ni que decir sobre la frustración para el estudiante que pierde un año de vida, irrecuperable, por la rigidez del sistema educativo.

Todo sigue igual que hace 100 años y el sistema es tan rígido que se requerirá algo más impactante que el covid-19 para cambiarlo.

Rompiendo el mito de la educación gratuita

Durante décadas, se ha dicho que la educación impartida por el Estado es gratuita. La misma Constitución de la República de Costa Rica afirma en su artículo 78: “La educación pública preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación”.

Lo anterior es norma en muchos países de América Latina. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice en su artículo 3: “… Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” (subrayado mío)

Sin embargo, no es cierto que el gobierno pueda ofrecer bienes y servicios de manera gratuita. Como bien nos decía el economista Milton Friedman, “no existe tal cosa como almuerzo gratis”. Los docentes no trabajan de gratis; alguien debe pagarles. Las instalaciones de los centros educativos tampoco se construyen gratis porque alguien debe pagar los materiales de construcción. Alguien debe pagarles a los ingenieros, a los arquitectos, a los albañiles, a los maestros de obra y a todo el personal a cargo de la construcción de las instalaciones educativas. El mantenimiento de los centros educativos, los materiales necesarios para impartir lecciones, los servicios básicos necesarios para su operación como agua, electricidad, Internet, telefonía, etc; deben pagarse de alguna manera. ¡No son gratuitos!

Todos los bienes producidos por el gobierno tienen un costo y el gobierno debe pagar por ello. La manera que los gobiernos financian el gasto público, sea en educación, servicios médicos, o en confites, se realiza por medio del cobro de impuestos.

En otras palabras, podemos decir que lo que el gobierno llama “gratuito” no es más que un eufemismo. Un servicio “gratuito” ofrecido por el gobierno significa que este realiza el 100% del cobro de manera diferida por medio de impuestos. Todos pagan por la educación ofrecida por el gobierno cuando pagan impuesto de renta, impuesto al valor agregado, impuestos territoriales, impuestos a las importaciones, impuestos por la circulación de vehículos, impuestos de ventas, etc.

Si la educación pública no es gratuita, la pregunta que surge es, ¿qué nos garantiza que financiar la educación por medio de impuestos resulta más barata que una ofrecida donde todos los centros educativos son privados y operan en un sistema de libre competencia?

¿A quién debe el gobierno proveer o financiar educación pública?

Uno de los argumentos en defensa de la intervención del gobierno en la educación pública es que los jóvenes de bajos recursos no deben quedar excluidos del sistema educativo por motivos económicos. Si asumimos este argumento como válido, ¿por qué la educación estatal financia o provee educación a los estudiantes que sí pueden costearse sus estudios? ¿A quiénes debería ir dirigido los recursos destinados a la educación pública? ¿A los estudiantes que pertenecen al 10% más pobre de la población o a los que se encuentran en el 20% más pobre? O en vez de focalizar los recursos de la educación pública en los percentiles más pobres de la población, ¿los focalizamos en los barrios y zonas más pobres del país, aunque en ellos también haya personas de clase media o superior? En otras palabras, ¿debe ser la educación pública universal?

El argumento en favor de la educación universal (igualdad de oportunidades) es garantizar que los pobres reciban la misma educación que los ricos. ¿Cuál es la manera más eficiente de usar los recursos públicos para lograr dichos objetivos?

Diferencia entre financiar o proveer un bien o servicio

Como expuse anteriormente, solo existen dos maneras de ofrecer bienes y servicios; sea por medio de la libre competencia o a través de la planificación central.

Ahora bien, no existe una manera única de producir bienes y servicios por medio de la planificación centralizada. Debemos distinguir claramente entre financiar o proveer un bien o servicio por medio del gobierno.

Por ejemplo, el gobierno podría financiar la educación si la concesionara a entidades privadas que compiten libremente en el mercado, de la misma manera que se concesiona la construcción de una autopista, un acueducto, una planta hidroeléctrica o cualquier otra obra pública.

En el caso de que el gobierno concesionara la educación, este ya no tendría que involucrarse directamente en la construcción de centros educativos, ni en la contratación de profesores, ni en el pago de estos, ni en el mantenimiento de los centros educativos, ni en la compra de materiales para los estudiantes, etc. La educación seguiría siendo “gratuita” pero la intervención estatal se vería significativamente reducida y podría haber competencia entre los distintos concesionarios con el fin de reducir los costos de operación y, con ello, cobrar menos impuestos.

Otra manera más eficiente que el gobierno dispone para financiar la educación sería subsidiando directamente al estudiante. Es decir, el gobierno podría entregarle un bono (un vale, o un cupón) con un valor determinado a cada estudiante para que este lo utilice como medio de pago en cualquier centro de enseñanza sea público o privado donde los centros educativos operen en un mercado de libre competencia. Ahondaremos más sobre esta propuesta más adelante.

Lo que me importa enfatizar en este apartado es que una cosa es que el gobierno financie (subsidie) la adquisición de un bien o servicio, y otra muy distinta es proveer (gobierno empresario) el bien.

Veamos el caso del Instituto Nacional de Seguros (INS) la cual es una empresa gubernamental costarricense que ofrece seguros, entre ellos seguro vehicular. El INS no es propietario ni administrador de talleres de vehículos. El INS se limita a valorar el daño del accidente y luego a pagar la reparación de los vehículos respectivos, pero no provee el servicio de reparación de estos.

Cuando en Costa Rica se creó la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en 1942 como empresa gubernamental de seguros médicos, esta no administraba ningún hospital y se limitaba a pagar el costo de la atención médica al hospital, clínica o consultorio privado.

En el caso de la educación, bien podríamos tener un sistema donde todos los centros educativos sean privados, operen en mercados libres y competitivos y en donde el gobierno se limite a financiar los estudios de los estudiantes, ya sea con facilidades de crédito, o con becas parciales o totales para cubrir la matrícula, mensualidad, y libros. En este caso el gobierno no provee el servicio (no administraría centros educativos) sino que se limitaría a financiar el servicio.

Si el objetivo de la política pública en educación fuera garantizarle educación a los sectores pobres de la población que son excluidos de esta por falta de recursos económicos, pues entonces este sistema sería el ideal, el más barato y el más eficaz.

Diferencia entre calificar e imponer materias contenidos y metodologías

En el caso de la educación, es claro que el gobierno no concesiona la educación ni se limita a financiar a los estudiantes. La realidad es todo lo contrario y el gobierno no solo es proveedor del servicio de educación (gobierno empresario) sino que regula cada aspecto de la educación, incluyendo la privada.

Ya habíamos mencionado que uno de los graves problemas que tiene el sistema de educación actual es que el gobierno también determina los requisitos de matrícula, años de estudio, días que componen el año lectivo, cuáles materias son las que deben enseñarse, cuáles deben ser los contenidos de cada materia, qué metodologías son las que deben emplearse en la enseñanza, edad mínima de ingreso, etc.

Es obvio que, si el gobierno provee el servicio de la educación, también debe determinar todos los aspectos antes mencionados en la educación pública. Lo que no se deduce es que el gobierno imponga sus criterios de educación sobre el sector privado.

No hay nada que justifique lo anterior porque no hay razón alguna para creer que los burócratas son mejores que los padres de familia para determinar cuál sería la mejor educación para sus propios hijos. ¿Dónde queda el principio de patria potestad que establece que son los padres quienes tienen la potestad sobre sus hijos que aún no están emancipados?

En la mayoría de los países, tampoco existe educación privada. En muchos países, como en el caso de Costa Rica, los centros educativos privados desde preescolar, pasando por la educación primaria y secundaria y culminando hasta la universitaria, solo pueden enseñar lo que el gobierno dice y autoriza que se debe enseñar y solo bajo los métodos y requisitos que impone el gobierno. Es decir, no existe educación privada, ni libertad de cátedra, ni libertad de enseñanza, ni respeto por la libertad de expresión porque ningún centro educativo privado, sea prekínder, escuela, colegio o universidad, puede operar sin la autorización formal del gobierno. Lo que tenemos es una educación estatal donde el gobierno otorga licencias para enseñar lo que el gobierno quiere que se enseñe.

Para que el gobierno garantice la calidad de la enseñanza en los centros educativos privados, no se requiere que autorice su apertura, ni sus contenidos ni metodologías. Baste con que el gobierno califique, según sus criterios falibles, a los centros educativos privados. Si el gobierno se limitara a calificar y no a autorizar, será responsabilidad de cada persona si sigue o no las recomendaciones del burócrata. Si el gobierno se limitara a calificar a los centros educativos privados, estos tendrían la libertad de innovar sus metodologías de enseñanza y de especializarse en grupos de estudiantes con características afines con el fin de ofrecer una educación a sus medidas y gustos.

Otros argumentos en favor de la educación pública

Según Milton Friedman, la educación pública se justifica porque “es imposible una sociedad democrática y estable sin un grado mínimo de escolaridad y conocimiento de parte de la mayoría de los ciudadanos y sin una aceptación generalizada de algunos valores”. Sin entrar a discutir la validez de esta frase, no hay nada que establezca que es por medio de la planificación centralizada la mejor manera de lograr ese objetivo. También podríamos afirmar que toda sociedad requiere de un grado mínimo de comunicación y no por eso se justificaría la monopolización de las telecomunicaciones ni la intervención estatal.

Un segundo argumento en defensa de la educación pública establece que existen externalidades positivas con la educación de los ciudadanos. Esta frase puede ser cierta. Sin embargo, no porque algo tenga una externalidad positiva se justifica la intervención estatal.

Es un error asumir que la intervención gubernamental puede alcanzar cualquier objetivo que se proponga, sin costo social alguno y que lo haga mejor que la libre competencia. Sin embargo, el peor error es asumir que la libre competencia en la industria de la educación es incapaz de alcanzar estos loables objetivos.

Libre competencia vs planificación centralizada

Hasta el momento, hemos dado por un hecho la validez de la intervención del gobierno en la educación básica. También hemos dado por un hecho que el gobierno puede ser eficiente y eficaz en el manejo de los recursos públicos. Por otra parte, no hemos analizado si es mejor que el gobierno provea el servicio o que se limite a financiar el servicio de la educación. Quienes defienden la intervención estatal asumen que la planificación centralizada en la educación es superior a la educación resultante de un sistema donde opera la más absoluta libre competencia. ¿Será esto cierto?

La respuesta a que si la planificación centralizada en la educación es superior a un sistema de libre competencia es una pregunta que debe resolverse hacerse la Economía. Muchos de los problemas a la hora de plantear políticas públicas, y en particular, política económica, tienen que ver con el hecho de que no se recurre a la Economía para su análisis. Es como hablar sobre salud sin recurrir a la medicina o pretender levantar un rascacielos sin tomar en cuenta lo que nos enseña la Física.

Analizaremos la intervención estatal bajo varias perspectivas: la teoría de precios, la teoría del public choice, la teoría de bienes públicos y la historia (evidencia empírica).

Teoría de precios

Si el lector toma cualquier libro de Teoría de Precios, se dará cuenta que, inequívocamente, este nos enseña que cuanto mayor sea el grado de libre competencia en los mercados, en contraste con un sistema de monopolio o regulado (planificación centralizada), los bienes y servicios se ofrecen a menor precio, la calidad es mayor, la distribución en también mejor, la inversión es mayor y se genera más empleo con salarios más altos. Lo anterior sin importar si se trata de producir camisas, hamburguesas, servicios médicos, autos deportivos, telecomunicaciones o educación.

La Teoría de Precios nos enseña que solo cuando hay libre competencia se puede satisfacer las necesidades del consumidor. La educación no es excepción. En el caso de la educación, un sistema competitivo sería aquel en donde no exista la obligatoriedad por parte del Estado de recibir su “educación”, ausencia de aprobación del gobierno para que un centro educativo privado pueda operar, ausencia de gobierno en la aprobación de contenidos y metodologías, etc. Solo cuando opere la libre competencia en la educación será posible romper “una misma talla para todos” y garantizar una educación a la medida y gusto del estudiante.

Si lo anterior es cierto, ¿por qué entonces tenemos educación pública? Muchos dicen que la educación es tan importante que no puede dejarse en manos de la libre competencia. Otros, como Friedrich Hayek, galardonado con el premio Nobel en Economía, afirman lo contrario: “Entre más valoremos el poder de la educación sobre la mente, más convencidos debemos estar del peligro de poner este poder en manos de cualquier autoridad”.

Public Choice

Según la ciencia económica, y en particular lo que nos enseña James Buchanan, quien recibiera el premio Nobel en Economía por el desarrollo de su teoría del public choice, es que todo ser humano, sin importar si se trata de un funcionario público, empresario, sindicalista, consumidor, político, etc., es un ser racional (individualismo metodológico) que busca primero su propio bienestar, antes que el bien común. Esto no es malo, ni es ser egoísta, sino todo lo contrario. Velar por nuestro bienestar es moralmente bueno y necesario. Si alguien no vela por su propio bien, ¿entonces quién? Lo que es censurable es velar por nuestro bienestar a costa del prójimo violentando su libertad individual sea por medio del engaño, la estafa, el robo, el fraude, los impuestos o de la explotación del consumidor impidiendo la libre competencia.

Según el public choice, el funcionario público no es ningún ángel, sino un ser igual de imperfecto como su homólogo privado. Cualquier ser humano, incluido el burócrata, tiene el mismo afán de lucro. El burócrata es tan egoísta, tan solidario, o tan virtuoso como cualquier agente privado. Por lo tanto, es erróneo asumir la visión maniquea que el agente privado es avaro y se interesa solo por el lucro mientras que el burócrata está lleno de virtudes que solo busca el bien común. En resumen, el burócrata no es un ser superior al empresario. Ergo, es un error creer que el burócrata tiene la motivación y el carácter para ofrecer un bien o servicio superior al que se puede ofrecer en un ambiente de libre competencia. Si no confiamos en la iniciativa privada y en la libre competencia en la educación porque el empresario busca su propio interés y no el bien común, tampoco podríamos confiar en la educación pública porque el burócrata también busca su propio interés y no el bien común.

El funcionario público administra recursos que no son fruto de su esfuerzo, sino de terceros a quienes desconoce y por eso jamás podrá ser eficiente. Dice un adagio que nadie cuida mejor aquello que lo propio. Un funcionario púbico, cuyo salario no depende de la eficiencia del uso de los recursos, jamás podrá igualar el sano juicio de aquel que maneja activos obtenidos con su propio esfuerzo.

El salario del funcionario público no se verá afectado por las malas decisiones administrativas que el tome. La factura por los errores del funcionario público, sean por negligencia o corrupción, siempre podrá trasladarse al contribuyente o al consumidor. El funcionario público, por tanto, carece de incentivos sanos y necesarios que lo motiven a ser eficiente y solidario y no hay legislación posible que pueda corregirlo.

En resumen, el public choice nos dice que el gobierno es ineficiente per se y que el burócrata no busca el bien común sino su propio interés. Ergo, el gobierno es incapaz de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, incluyendo la educación. Por eso la intervención gubernamental debe ser mínima o nula.

Evidencia empírica

Una vez entendida la naturaleza del funcionario público, comprendemos fácilmente por qué cayó el Muro de Berlín como expresión de la ineficiencia e ineficacia de la planificación central, de la ingeniería social y de la intervención estatal. Comparemos las dos ex Alemanias, las dos Coreas, la Chile pobre y socialista bajo el expresidente Allende con la Chile liberal que redujo la pobreza del 36% a menos del 10% gracias a las políticas de los Chicago Boys; la Argentina que se rigió bajo la constitución liberal del siglo XIX que trajo como resultado un ingreso per cápita de los más altos del mundo y la Argentina que cayó en el subdesarrollo luego de la introducción de la socialdemocracia con Perón; la China continental luego de la Revolución Comunista que no incrementó su ingreso per cápita durante décadas y la Hong Kong que con su liberalismo casi total que llegó a tener un ingreso per cápita semejante o superior al de muchos países del primer mundo. ¿Por qué entonces insistimos en recurrir a la planificación centralizada en la educación?

Los estudios empíricos demuestran que el incremento del gasto público que se dio a partir de la década de 1960 para dotar de recursos al Estado Benefactor no se tradujo en mejoras en los indicadores sociales ni económicos. Así concluye Vito Tanzi y Ludger Schuknecht en el libro Public Spending in the 20th Century. Según estos autores, el incremento del gasto público en políticas sociales no mejoró los indicadores sociales pero ni se tradujo en desaceleración en las tasas de crecimiento, aumento del desempleo y estancamiento en el crecimiento de los salarios.

En el caso específico de la educación, tenemos las investigaciones que ha realizado James Tooley en las regiones más pobres de China, la India, y África en donde la educación privada se imparte muchas veces en aulas con paredes de cartón. Sus conclusiones son que la educación privada no solo es de mejor calidad que la ofrecida por el gobierno, sino que, además, mucho más barata. Tooley lo explica citando a un padre de familia de Kenia: “Si Ud va al mercado y le ofrecen frutas y vegetales gratis, estarán podridas. Si Ud. quiere frutas y vegetales frescos, Ud. tiene que pagar por ellos”

La libre competencia es buena y necesaria en toda actividad humana, incluyendo la educación. No es con planificación central como se obtiene calidad, ni bajos precios ni se universaliza un producto, y la educación no es excepción. Dado que la educación es algo tan importante, es la razón por la que esta debe ser sometida a la mayor competencia posible y con la menor injerencia de parte de la burocracia.

Bienes públicos

Una razón necesaria, pero no suficiente, para que los gobiernos intervengan en una industria es cuando los mercados fallan. En 1954, Paul Samuelson, quien recibiera el premio Nobel en Economía en 1969, expone en dos artículos la distinción entre bienes de consumo colectivo (luego llamados “bienes públicos”) y bienes privados para explicar cuándo los mercados fallan.

Según Samuelson, un mercado falla cuando produce bienes públicos. Estos poseen las dos siguientes características: no rivalidad y no exclusión. La rivalidad se refiere a que el bien se agota una vez que alguien lo consume y exclusión a que solo reciben el bien aquellos que paguen.

Un ejemplo típico de un bien público es un faro por cuanto es imposible excluir de su beneficio a quien no quiera pagar y el uso por un usuario no deteriora su uso para otro usuario. Un bien privado sería cualquier artículo de venta en un supermercado, como por ejemplo una manzana. Nadie se la puede comer si no la paga. Una vez consumida por alguien, nadie más podrá.

Tomemos nota que la educación no posee las características de un bien público. Quien no pague puede ser fácilmente excluido.

La teoría de precios nos dice que cuando el gobierno interviene en un mercado de bienes privados, esto genera distorsiones que deterioran los beneficios de la competencia. La educación no es excepción a esta conclusión. Por tanto, la intervención del gobierno en la educación estaría produciendo distorsiones que ni la complementan ni la mejoran, sino que la empeoran.

¿Qué debe “enseñar” la educación pública?

Otra pregunta que debemos hacernos cuando hablamos de educación pública es el alcance de esta. ¿Debe el gobierno enseñar Derecho, gimnasia, Medicina, cocina, agricultura, Economía, artes industriales, cívica, religión, Biología, fútbol?

Un argumento dice que el gobierno debe limitarse únicamente a la enseñanza de lo que en inglés se conoce como las 3 Rs (Tres erres): escribir, leer y aritmética básica. Existen varias razones para justificar esta limitación.

La primera es que, como ya expusimos, los gobiernos son ineficientes e ineficaces per se y, por eso, su intervención en cualquier cosa debe ser mínima; incluida la educación.

La segunda razón por la que los gobiernos deben limitarse a las 3 Rs es porque los burócratas no son santos y, por lo tanto, están expuesto a las tentaciones de cualquier ser humano siendo una de ellas el poder. Como bien decía Lord Acton: “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. A lo largo de la historia de la humanidad los gobernantes han abusado del poder político oprimiendo al pueblo.

Hablar de que el gobierno “educa” es asumir, erróneamente, que el gobernante busca el bien común. El gobierno bien podría usar la excusa de la educación pública, no para educar, sino para adoctrinar. Dado que los gobernantes no son santos, es de esperar que la educación pública se use más para domesticar y crear siervos menguados antes que para crear seres humanos independientes y productivos. Es por esta razón que la educación pública debe limitarse a lo mínimo necesario.

Como bien decía John Stuart Mill en su ensayo On Liberty: “Una educación general del Estado es un mero invento para moldear a los seres humanos para que sean exactamente como los demás … [y] establece un despotismo sobre los pensamientos”.

En Costa Rica tenemos evidencia de que la educación pública se usa como adoctrinamiento. En varias pruebas oficiales del gobierno para estudiantes de último año de secundaria, cuya aprobación es necesaria para ingresar a la universidad, la respuesta correcta fue defender los monopolios de empresas públicas creados por ley, al partido político del gobierno oficial como el partido de la honestidad y honradez en el manejo de los recursos públicos y la defensa de las instituciones públicas como garantes del bienestar social.

Veamos tres ejemplos concretos. Dos de ellos fueron escándalos en la opinión pública al ser difundidos por los medios de comunicación.


En 45 años ha desarrollado el más eficiente y competitivo sistema de abastecimiento de combustibles, único en la región centroamericana, que hoy le brinda a Costa Roca la seguridad energética para alcanzar su desarrollo económico y social.

¿Cuál es el nombre de la institución del Estado costarricense a la que se refiere el texto anterior?

  1. Consejo de Seguridad Vial (Cosevi)
  2. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
  3. Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)
  4. Autoridad Reguladora de Servicios Público (Aresep)

En esta evaluación la respuesta correcta es “Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope)”, la cual es una empresa pública que opera bajo monopolio creado por ley. No hace falta ser economista para saber que todo monopolio perjudica el desarrollo económico y social. Este donde esté un monopolio creado por ley, los precios serán más altos, la calidad del producto será inferior y el nivel de inversión se menor en contraste con el mercado bajo libre competencia.


Lea el siguiente esquema:

__________ Se caracteriza por evitar el despilfarro

__________ Lucha contra la corrupción

El título del esquema se completa correctamente con el nombre del partido político llamado

  1. Acción Ciudadana
  2. Liberación Nacional
  3. Movimiento Libertario
  4. Unidad Social Cristiana

La respuesta correcta a esta pregunta es “Acción Ciudadana” el cual fue el partido oficial en el momento de hacerse esta evaluación. Valga decir que todo partido político se caracteriza por el despilfarro y la corrupción y el Partido Acción Ciudadana no ha sido excepción.


Prueba cívica 2006, pregunta 51)

Importancia de las Instituciones Autónomas de Costa Rica

  • Poseen autonomía administrativa y funcional
  • No tienen afán de lucro y sus excedentes se invierten en la satisfacción de las necesidades del Estado

¿Con cuál opción se completa de forma correcta la información anterior?

  1. Aprueban o vetan los proyectos de ley que se relacionan con sus funciones
  2. Desarrollan actividades dirigidas al proceso social, material y cultural del país
  3. Llevan a cabo las labores administrativas y económicas que les dice el gobierno
  4. Fomentan la aplicación de políticas económicas y culturales independientemente del Plan Nacional de Desarrollo

En esta pregunta vemos una clara defensa por la planificación centralizada. La pregunta afirma que las entidades públicas carecen de afán de lucro y que buscan el bien común.

¿En qué consiste el sistema de cupones educativos?

En los apartados anteriores hemos explicado por qué la calidad y precio de la educación depende, al igual que cualquier otro bien, del grado de competencia. También hemos explicado por qué los gobiernos son ineficientes e ineficaces per se, y que, por tanto, no es por medio de la planificación centralizada como se logra calidad en la educación. Es decir, no es por medio de un ministerio de Educación que impone requisitos de ingreso, años de estudio, materias, contenidos y metodología como se logra calidad y accesibilidad a la educación. Para lograr calidad en la educación se requiere el respeto por la soberanía del consumidor y esto solo se logra por medio de la libre competencia.

Pero, ¿cómo llegamos a un sistema de libre competencia en el sistema educativo? Un paso intermedio entre la planificación centralizada en la educación (como el que existe en la actualidad) y la libre competencia sería el sistema de cupones educativos introducido por Milton Friedman en 1955 en su artículo clásico: “The Role of Government in Education”.

El sistema original propuesto por Friedman consiste en algo muy sencillo: se distribuye el presupuesto de la educación entre todos los estudiantes otorgándoles un cupón educativo que puede ser canjeado en cualquier centro educativo sea público o privado.

El único ingreso de los centros educativos públicos provendrá de los cupones que reciba por parte de los estudiantes que se matriculen en ese centro educativo. Luego, cada institución académica presenta sus bonos a la dependencia gubernamental pertinente y obtiene a cambio el importe correspondiente. Por tanto, si un centro educativo público no recibe estudiantes, no recibirá cupones y sus ingresos serán cero.

Tengamos presente que el objetivo último del sistema de cupones de Friedman es introducir competencia en la educación como único mecanismo para garantizar calidad en la misma y el uso eficiente de los recursos públicos.

Con el sistema de cupones, se pretende que sea el consumidor (sea el estudiante, sus padres o encargados), y no el burócrata, quien determine dónde y cómo invertir los recursos públicos en la educación.

El necesario resaltar que el sistema de cupones no privatiza los centros educativos públicos. El gobierno continúa subsidiando la educación, pero los recursos ya no se asignan al burócrata sino directamente al estudiante.

Si el único ingreso de los centros educativos público proviene de los cupones que son producto de la matrícula, ello incentiva el buen uso de los recursos. Aquellos centros educativos que contraten a los mejores profesores, que inviertan más en mejores instalaciones físicas y enseñen cosas útiles y de interés para los estudiantes, serán los centros educativos con mayor matrícula y mejores ingresos.

La competencia que introduciría el sistema de cupones impondría la obligación a los centros educativos, sean públicos o privados, a cuidar su marca, su reputación y su prestigio.

En su artículo, Friedman no entra a dar mucho detalle de las implicaciones de su propuesta. A continuación presento una mezcla de lo consistiría el sistema de cupones educativos inspirado en la propuesta de Friedman. Agrego piezas que Friedman omite y para ello tomo en cuenta los elementos expuestos a lo largo de este ensayo y que el objetivo de la propuesta de Friedman es introducir la competencia en el sistema educativo.

  1. Tomar la totalidad del presupuesto del Ministerio de Educación Pública y distribuirlo equitativamente entre los estudiantes de primaria y secundaria por medio de cupones. Luego, estos cupones, o vales, podrán ser canjeables como pago en centros educativos, sean públicos o privados.
  2. También es importante que los cupones solo se limiten a los años de escuela.
  3. Por otra parte, de nada sirve que el presupuesto del ministerio de Educación se reparta en cupones educativos si a los estudiantes se les exige matricular en los centros educativos públicos según su zona de residencia. Para que broten los beneficios de la competencia, es indispensable que el estudiante pueda escoger libremente el centro educativo de su predilección.
  4. Dado que el objetivo de la subvención estatal en la educación tiene un fin solidario con las familias y estudiantes de escasos recursos, el cupón solo se entregará a estos grupos sociales. La propuesta original de Friedman abarca a todos los estudiantes sin distinción de su estrato socioeconómico. Friedman lo propone así para no introducir complicaciones dado que ya existe el presupuesto estatal para todos los estudiantes sin importar su estrato socioeconómico.
  5. Los gobiernos no podrán realizar transferencias, sea en efectivo o especie, a los centros educativos públicos. Es decir, el único aporte del gobierno a las escuelas y colegios públicos será de manera indirecta por medio del cupón educativo. En principio, si un centro educativo público no recibiera matrícula, no recibiría cupones y su ingreso sería cero. Sin embargo, si creemos en los beneficios de la competencia, no hay razón para que los centros educativos, sean públicos o privados, cobren un adicional, a parte del cupón, por sus servicios.
  6. Cada centro educativo, sea público o privado, determinará los requisitos de ingreso, años de estudio, materias a impartir, contenidos de las materias, metodologías que se usarán y tendrán libertad de escoger a su cuerpo docente. De nada sirve el cupón educativo si los centros de enseñanza están obligados, como sucede en la actualidad, a enseñar lo que el gobierno dice que debe enseñarse. Dado lo anterior, el gobierno se limitaría, a lo sumo, a calificar a los centros de enseñanza.
  7. Para que el punto anterior tenga sentido, el gobierno deberá abandonar la imposición de requisitos de ingreso a las universidades, sean públicas o privadas.
  8. Se cierra el ministerio de Educación. Los centros educativos públicos pasarán a ser administrados por el gobierno local pertinente. Esto creará competencia entre los municipios o gobiernos locales lo que redundará en beneficios para los estudiantes. Esta autonomía y competencia administrativa permitiría, no solo pagarles más a los mejores profesores sino también incentivaría a evitar abusos con la cantidad del personal administrativo. La descentralización es importantísimo para mejorar la calidad educativa. Recuerdo el caso de una señora que vive la zona rural de Costa Rica. Ella estaba alarmada porque habían restituido en el cargo de director de un centro educativo público a un señor que ya había sido suspendido del mismo cargo por haber estado envuelto en la venta de drogas ilícitas. Los padres de familia se quejaron ante la autoridad local pertinente pero les dijeron que debía hacerlo formalmente en las oficinas centrales del ministerio de Educación en la capital. La señora tuvo que trasladarse con sus propios recursos a la capital, financiarse hospedaje y viáticos y esperar largas horas para ser atendida. Muy diferente habría sido si el responsable directo de la restitución del director hubiese sido el gobierno local.
  9. Todo lo anterior no va en menoscabo de la introducción de la educación en el hogar (homeschooling).

Con un sistema de cupones educativos, serán los estudiantes, o sus padres, quienes decidan en un mercado libre, los centros educativos que sobrevivan y los que tengan que cerrar por incompetencia.

Sobre la educación superior

Hasta ahora, me he referido en particular a la educación preescolar, primaria y de secundaria. Es el turno de hablar sobre la educación superior.

La Economía distingue dos tipos de inversión: capital físico y capital humano. En este sentido, debemos ver a la educación como inversión en capital humano.

Así como la sociedad no debe garantizar, por medio del subsidio o del proteccionismo, el éxito de la actividad emprendedora cuando se invierte en capital físico, de la misma manera, tampoco debe subsidiar la inversión en capital humano.

Así como cada emprendedor hace una valoración costo-beneficio a la hora de invertir en capital físico, de la misma manera debe hacerlo todo estudiante de educación superior. Así como cada empresario asume el riesgo de su inversión, de la misma manera debe hacerlo el estudiante universitario.

La Economía concluye que todo subsidio se traduce en una sobreoferta de ese bien o servicio. De igual manera, un subsidio a la educación superior se traduce en un exceso de profesionales en la sociedad

Dado que, por lo general, la mayoría de los estudiantes que asisten a las universidades pertenecen a los estratos económicos más altos de la sociedad, subvencionar a los estudiantes universitarios significa que las familias pobres que no pueden enviar a sus hijos a las universidades están financiando los estudios superiores de los estudiantes ricos que asisten a estas. Esto es una injusticia social porque deteriora, inequívocamente, la distribución del ingreso. Subsidiar la educación superior no es más que privatizar las ganancias de ricos y socializar los costos.

Veamos el caso de Costa Rica, según el Séptimo Informe Estado de la Educación del año 2019, el cual asumo como hipótesis que debe ser semejante en toda América Latina:

Asistencia a la educación superior en la población de 18 a 24 años (porcentajes) Por quintil de ingreso del hogar
Primer quintil10.9
Segundo quintil19.5
Tercer quintil26.3
Cuarto quintil38.7
Quinto quintil59.7

En la tabla vemos que tan solo el 11% del quintil más pobre de la población joven de Costa Rica asiste a la educación superior; mientras que de los jóvenes que pertenecen al quintil más rico de la población, casi el 60% asiste a la universidad.

Por otra parte, según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales “pertenecen a los hogares de menores ingresos”. Es decir, con el presupuesto de las universidades estatales se subsidian a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran.

Concedamos por un momento que la sociedad debe subsidiar los estudios universitarios de los buenos estudiantes de bajos recursos. Para lograr dicho objetico, no es necesario la existencia de universidades públicas. Recordemos lo que expuse anteriormente entre la diferencia entre limitarse a financiar un servicio o proveerlo.

La manera eficiente de apoyar a los buenos estudiantes universitarios de escasos recursos no es con un gobierno que provee universidades públicas sino uno que se limite a financiar los estudios universitarios con transferencias directas a los estudiantes y que estos escojan libremente la universidad privada de su predilección.

Estos subsidios se pueden canalizar a través del sistema financiero como préstamos. Con los adelantos tecnológicos existentes, bien se puede crear una página de acceso libre con la lista de los beneficiados y los montos recibidos de modo que el mismo pueblo pueda velar por el uso correcto de dichos recursos.

En otras palabras, podemos mejorar la eficiencia y solidaridad en el gasto de la educación superior si privatizamos las universidades públicas y con ello creamos un fondo para subsidiar directamente a los estudiantes excepcionales y de bajos recursos. Si no privatizamos las universidades públicas, al menos debemos eliminarles las transferencias del gobierno y que estas subsistan en un 100% a costa de los ingresos por concepto de matrícula y venta de servicios. De este modo las universidades estatales estarían compitiendo en igual de condiciones con las universidades privadas.

Es hora de que las universidades estatales empiecen a financiarse 100% con el ingreso proveniente de su matrícula y de la venta de sus servicios. Ya es hora de someter a las universidades públicas al control de calidad permanente que solo provee la libre competencia.

Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los salarios del cuerpo docente y personal administrativo que paga una institución pública es producto de la explotación al consumidor o de su productividad. Solo en un mercado sometido a la libre competencia se sabrá si los planes de estudio de las universidades públicas responden a las necesidades de desarrollo del país o sin son parte de una agenda de adoctrinamiento.

Esto no va en detrimento de las becas que ofrecen las universidades públicas, sino todo lo contrario. Las universidades privadas tienen programas de becas y no reciben subsidio ni transferencias por parte del gobierno. De la misma manera, las universidades públicas podrían seguir ofreciendo su programa de becas ante un recorte de la subvención gubernamental. Con esta propuesta se lograría la verdadera autonomía que las universidades estatales persiguen y dejarían de ser carga para el erario.

Muchos defienden a las universidades estatales aludiendo la supuesta buena calidad de su enseñanza. No obstante, solo la incompetencia requiere subsidio; la calidad no. Si las universidades públicas son de calidad, ¿para qué entonces el subsidio?

A modo de conclusión

Muchos argumentan que la educación es un instrumento fundamental en la movilidad social, necesario para la estabilidad de la democracia y como una inversión fundamental. Todo lo anterior puede ser cierto, pero para lograr esos objetivos lo que se requiere es el respeto por el ejercicio de la libertad individual, tanto por parte de los empresarios como de los estudiantes o consumidores.

La intervención gubernamental, lejos de complementar o mejorar la industria educativa, la empeora al introducir distorsiones. Como bien dice James Tooley, “La lección más importante de lo que está pasando en los países en vías de desarrollo podría ser que la educación pública puede ser parte del problema y no de la solución”

Precisamente por ser la educación algo tan importante es que esta debe estar libre de las manos del burócrata. Por ser tan importante la educación es que esta debe estar sometida a la más dura, irrestricta y libre competencia para garantizar la mejor calidad al más bajo precio posible con la mayor oferta posible. Termino citando a Benjamin A. Rogge y a Pierre F. Goodrich, “A los colectivistas les decimos, si Uds. insisten en controlar algo, que sea la mantequilla de maní o la industria de la hula hula pero, por el amor de Dios, ¡dejen la educación en paz!


Referencias

Burleigh, Anne Husted (1973) (Editor): Education in a Free Society. Liberty Fund, Inc, Indianapolis, EEUU.

Enlow, Robert C,; Ealy, Lenore T. (Editors) (2006): Liberty & Learning: Milton Friedman’s voucher idea at fifty. Cato Institute, Washington D.C., EEUU.

Friedman, Milton (1982): “The Role of Government in Education”. En Capitalism and Freedom. Chicago University Press. EEUU.

Friedman, Milton y Friedman, Rose (1980): “What’s Wrong with Our Schools”. En Free to Choose. Penguin Books, England.

Hayek, Friedrich von (1960): “Education and Research”. En The Constitution of Liberty. The University of Chicago Press. Chicago, EEUU.

Mill, John Stuart (1985): On Liberty. Penguin Classics

Programa Estado de la Nación (2019): Séptimo Informe Estado de la Educación. San José, Costa Rica.

Salisbury, David; Tooley, James (Editors) (2005): What America can learn from School Choice in Other Countries. Cato Institute, Washington D.C., EEUU

Samuelson, Paul A. (1954): “The Pure Theory of Public Expenditure”. En The Review of Economics and Statistics. Vol 36, Nº4

Samuelson, Paul A. (1955): “Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure” En The Review of Economics and Statistics. Vol 37, Nº4

West, E. G. (1994): Education and the State: A Study in Political Economy. Third Edition. Liberty Fund, Inc., Indianapolis, EEUU.