No importa cuánta retórica provenga de los gobiernos y grupos políticos que se autodenominan de derecha en Latinoamérica contra los movimientos progresistas. La región parece encaminarse hacia un mayor intervencionismo estatal y un prolongado estancamiento económico.
La creciente deuda pública y la rigidez institucional reducen cada vez más el margen para emprender reformas orientadas al mercado y al crecimiento. Conforme aumenta la dependencia del gasto estatal y se fortalecen los grupos de interés que viven de él, el costo político de liberalizar la economía también se incrementa, haciendo que las reformas estructurales sean cada vez más difíciles de implementar.
El dinero que el Estado gasta proviene de algún lugar: de impuestos, de deuda o de emisión. En todos los casos, ese recurso deja de estar disponible para el sector privado.
La inversión que no ocurrió, la empresa que no contrató, el exportador que no amplió su planta: estas son las víctimas invisibles del gasto excesivo. El economista las llama costo de oportunidad; el ciudadano simplemente las llama estancamiento.
Pero hay una forma de gasto estatal que rara vez aparece en el presupuesto y que, sin embargo, se cobra puntualmente. Se llama tramitología. Permisos, formularios, certificaciones, requisitos, inspecciones, apostillas, sellos. Cada uno de ellos consume tiempo, capital y talento que podrían estar dedicados a producir, innovar o invertir. Y a diferencia del gasto presupuestario, este no tiene partida, no tiene ministro responsable, no tiene titular de prensa.
La tramitología es, en sentido económico estricto, un impuesto. No se paga en una cuenta bancaria del fisco, sino en horas de abogados, en honorarios de gestores, en meses de espera mientras un expediente recorre escritorios. El dinero que un empresario gasta en cumplir regulaciones es dinero que no invierte en maquinaria, en capacitación o en investigación. El tiempo que un emprendedor dedica a tramitar es tiempo que no dedica.
La realidad es que las burocracias tienen pocos incentivos para cambiar su actitud hacia los empresarios. Con frecuencia, tienden a justificar su existencia y ampliar su influencia utilizando su poder regulatorio y de aprobación para ralentizar, complicar o entrabar la actividad empresarial. En lugar de facilitar la creación de riqueza, muchas veces terminan convirtiéndose en un fin en sí mismas, incrementando los costos de cumplimiento y desincentivando la inversión y la innovación.