Esta semana el Presidente Alvarado manifestó que “(…) priorizará la “regulación” de las plataformas tecnológicas para el transporte de personas” (Ver la noticia aquí).
En tal sentido dijo que impulsará la aprobación de un proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa porque “ya le llegó la hora”. (Ibíd.)
La promesa del Presidente es ciertamente algo ominoso para las miles de personas que usan Uber ya sea como pasajeros o como conductores.
El país ha superado la primera ola del “rechazo” hacia Uber y las demás plataformas virtuales. Nadie habla en estos días de bloquear o prohibirlas, salvo los comentarios ocasionales de algunas cabezas de la dirigencia sindical de los taxistas.
Lo que ahora vivimos es un movimiento para “regular” o “legalizar” a Uber y las demás aplicaciones. ¿Pero qué regulación estatal haría que Uber funcione mejor? Ninguna.
No existe nada que el gobierno puede crear para mejorar la experiencia de los usuarios de Uber, ya sean los pasajeros o los conductores. Este empuje regulatorio se asemeja más a un esfuerzo para “taxificar” a Uber.
La “regulación” de Uber
El Presidente Alvarado no dejó duda alguna. El proyecto pretende regular “(…) el pago de impuestos, aseguramiento de personas y de vehículos y aspectos de seguridad social” (ibíd.)
Sin embargo, esto denota un desconocimiento profundo sobre lo que es Uber. Ya que Uber, ni las otras plataformas, son empresas de transporte de personas; porque no emplean choferes y tampoco son dueños de vehículos.
Lo único que hacen estas plataformas es que colocan a clientes y a oferentes en contacto directo; y desde luego cobran por ese servicio. Algo que no tiene nada de incorrecto desde un punto de vista moral.
Antes, las personas que ofrecían un servicio de transporte por cuenta propia, necesitaban esperar a que un cliente tuviera la suerte de encontrarlos en la calle.
Hoy gracias a la tecnología ambas partes se contactan directamente y no necesitan tener la suerte de encontrarse el uno con el otro.
Como los taxistas para operar necesitan la “concesión” oficial del gobierno, que les otorga la “placa” y licencia para ofrecer sus servicios, era pues, muy fácil para el gobierno controlar un mercado y convertirlo en un coto de privilegios y clientelismo político.
Ahora gracias a la tecnología ya el gobernante no puede controlar de manera tan fácil el mercado. Ahora ambas partes – conductor y pasajero -, puedan contactarse directamente sin necesidad de un permiso gubernamental.
Pero esto no significa que el gobierno haya desistido de volver a controlar, lo que antes podía manejar a su antojo. Y esto es precisamente lo que busca el Presidente Alvarado: convertir a Uber en una empresa tradicional, según el viejo modelo.
Por esta razón existe el interés para “regular” y hacer que Uber cumpla con el “(…) el pago de impuestos, aseguramiento de personas y de vehículos y aspectos de seguridad social” (ibíd.)
¿La destrucción de Uber?
En el fondo este movimiento a favor de la “regulación” trata a Uber como si fuera una empresa dueña de los vehículos. Cuando en verdad son los individuos que usan la plataforma los verdaderos dueños de esos vehículos.
Intentan mirar a Uber como una empresa que tiene a miles de choferes como empleados. Cuando la verdad es que Uber, ni las otras plataformas, contratan a conductores.
Buscan que Uber pague y obtenga las mismas o similares licencias y autorizaciones para operar que se le exigen a los taxistas. Que se ajuste a los mismos o parecidos requisitos y regulaciones, en cuanto a precio y cantidad de conductores que afectan a las empresas de taxi.
Cuando esto en verdad lo que lograría es disminuir el poder del usuario que utiliza estas plataformas como pasajero. Puesto que volvería a crearse un mercado cautivo en beneficio de unos pocos oferentes.
Además, al limitarse la cantidad de conductores de Uber esto dejaría sin un ingreso a miles de personas que se verían de la noche a la mañana, obigados a trabajar en la clandestinidad.
Pretenden que Uber pague un “salario”, que pague “vacaciones” y los “derechos sociales” de sus “trabajadores”. Cuando en verdad estas plataformas virtuales vienen a ser nada más que mercados cibernéticos; donde los compradores y vendedores se pueden contactar directamente y no son empleadores.
En verdad este movimiento a favor de la “regulación” de Uber es un esfuerzo para la destrucción de un modelo de negocios. Para regresar al viejo esquema de control y otorgamiento de licencias y concesiones por parte del gobierno.
Esta insistencia para “regular” a Uber conseguirá el aumento del poder del gobernante y le devolverá el control sobre el mercado de transporte privado de personas. Desde luego esto producirá la consiguiente disminución del poder del consumidor.
Lo que debería buscarse
Lo verdaderamente justo y lo que beneficiaría a todos es que no existan barreras de entrada al mercado del transporte de personas, ya sea para los taxis o para las plataformas virtuales como Uber, Cabify, Beego, etc. Para que cualquier pueda entrar o salir libremente y que no existan controles de precios, ni controles de jornadas laborales o de salarios.
Para que se deroguen las “regulaciones” y “autorizaciones” – o estas sean mínimas. Y para que los consumidores puedan escoger libremente a quién desean comprarle un servicio de transporte.
Porque no hay que olvidar que Uber y las demás plataformas tecnológicas ya tienen una regulación muy estricta. Se trata de la regulación que ejercen sus clientes. Regulación que es descentralizada e instantánea.
Al contrario de una regulación estatal que es mucho más costosa, ineficiente, lenta y desde luego corruptible. Esta regulación que ejercen los usuarios de Uber viaja a la velocidad de la luz.
Y es preferible una regulación descentralizada de cientos de miles de usuarios, a la regulación centralizada que puede ejercer un burócrata, desde una oficina del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Uber y las otras plataformas ya están reguladas. No necesitamos que políticos y burócratas vengan a “regular” algo que ya funciona muy.