El gobierno de la República de Costa Rica desde hace algún tiempo viene anunciando distintas iniciativas que, si bien parecen beneficiosas, económicas, modernas y convenientes,pueden tener graves y negativas repercusiones desde el punto de vista de los Derechos Humanos, así como de las libertades individuales.
Algunas de estas propuestas que el gobierno ha planteado y/o emprendido son:
1. Salud Digital
2. Marchamo Digital
3. Dinero Digital
En el contexto de la Plandemia COVID, se impusieron en muchas regiones del mundo los pases sanitarios, pasaportes COVID o Códigos QR por medio de los cuales, se pretendía brindar una evidencia de un cumplimiento con políticas públicas sanitarias impuestas a las poblaciones de estas regiones a las que se les concedía una falsa libertad y eliminación de restricciones si cumplían con el requerimiento de estar “vacunados” con “esquema completo” contra el COVID-19, si tenían una prueba diagnóstica negativa, o si se habían recuperado recientemente del virus.
En Costa Rica, por medio de los Decretos Ejecutivos No. MS-AJ-FG-438-2023 y 43938-S-MICITT1 y en el marco de la “Estrategia Mundial Sobre Salud Digital 2020-2025” de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estableció el Comité Técnico de Salud Digital y se crea y declara de “interés nacional” la “Estrategia Nacional de Salud Digital de Costa Rica”.
No obstante, a mediados de este año, la OMS adoptó el sistema de la Unión Europea de certificación digital2, con el propósito de desarrollar una Red Mundial de Certificación Digital3, algo que como vimos durante la declarada pandemia, fue utilizado para promover y coaccionar a la población a ponerse un fármaco que nunca cumplió con las Buenas Prácticas de Manufactura (CGMPs, por sus siglas en inglés) de manera tal que se asegurara su eficacia y su seguridad. Sin embargo, a esto se le suma las restricciones de movimiento, de acceso a bienes y servicios, así como a una discriminación sanitaria generalizada.
Por otra parte, en abril Rodrigo Chaves anunció la iniciativa de Marchamo Digital4 para los automotores, que busca “simplificar” los servicios que el gobierno le da a la ciudadanía para evitar que se deba cambiar año a año la calcomanía que se pega en los parabrisas, poniéndole chips a los vehículos de manera tal que permitan determinar en qué zonas hay congestión vehicular para regular el tránsito, para regular la entrada al centro de San José sin necesidad de que haya un policía de tránsito, así como para rastrear y recuperar los vehículos en caso de robo.
Si se restringiera la utilidad del marchamo digital al control del congestionamiento vial, a la reducción o simplificación de trámites y a recuperar vehículos robados, muchos pensaríamos que es una excelente herramienta. Sin embargo, luego de la implementación de las restricciones vehiculares por parte de Carlos Alvarado, Daniel Salas y otros durante la declarada pandemia COVID, es posible notar que ante una nueva emergencia sanitaria o emergencia climática, o simplemente porque sí, podrían rastrear y sancionar a los ciudadanos, así como utilizar sistemas de geolocalización, invadiendo de manera grosera o arbitraria la privacidad de los ciudadanos e incluso, poniendo su integridad física en riesgo.
Finalmente, la administración Chaves Robles, introdujo el proyecto de ley No. 23.7475 con el cual pretende reformar laLey Orgánica del Banco Central y así abrir un portillo para la eliminación del dinero en efectivo (billetes y monedas)para el pago, de manera inicial, de servicios públicos.
Esto, aunado a la intención de eliminar el secreto bancario con el propósito de darle dientes a Tributación Directa para darle la potestad de confiscar bienes o documentos sin la intervención de un juez y sin posibilidad de apelación, al mejor estilo de aquel “¡Exprópiese!” de otro Chaves (¡quécasualidad!), así como a las Monedas Digitales den Banco Central (CBDC, por sus siglas en inglés), no hace otra cosa que causar muchas interrogantes, siendo que, tal y como lo comprobamos durante estos últimos tres años en los que las libertades y derechos de los ciudadanos fueron atropellados de la manera más atroz, al gobierno no puede dársele dientes, sino todo lo contrario, ponerle una camisa de fuerza.Un claro ejemplo de esto fue la protesta pacífica pero valiente manifestación del “Convoy de la Libertad”6 que hicieron los camioneros en contra de la obligatoriedad de las vacunas COVID, a la que el gobierno canadiense respondió congelando las cuentas bancarias de estos camioneros, así como de aquellos que les ayudaban económicamente para ahogar la protesta en contra de las medidas arbitrarias del gobierno de Trudeau.
Estos temas, que parecieran haber pasado ya la historia, son más vigentes que nunca en el marco de las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional y los Acuerdos Sobre Prevención, Preparación y Respuesta Frente a Pandemias (CA+) (conocido como Tratado Pandémico) y la abusiva y criminal Agenda 2030 propuesta por la ONU, que propone los “Ghettos de 15 Minutos”6, aunque de manera eufemística les llaman ciudades inteligentes, que ya están limitando la movilización de personas entre ciudades o regiones de Europa e incluso multándolas, si no se ajustan a estas limitaciones, ya sea por una “dictadura sanitaria” o una “dictadura climática”, aunque algunos traten de disfrazarlos de “Teorías de Conspiración”.
Así las cosas, la implementación de estas tres “iniciativas” no harían otra cosa que ahogar los derechos humanos, restringir la libertad de las personas y promover estados autoritarios (¿totalitarios?), razón de peso suficiente para analiza rechazarlas, sobre todo que estas iniciativas podrían ser como las políticas públicas implementadas en los últimos años y, como dirían nuestras abuelas “salir más caro el caldo que los huevos”.
Referencias:
1//www.imprentanacional.go.cr/pub/2023/03/02/COMP_02_03_2023.html
3 //www.who.int/initiatives/global-digital-health-certification-network
4//www.presidencia.go.cr/comunicados/2023/04/marchamo-digital-sera-una-realidad/