Es insaciable las pretensiones de los sindicatos del gremio de los educadores públicos en presionar por más pluses y privilegios, muchos duplicados y absurdos, y que terminamos pagando los contribuyentes sin que eso haya significado mejora en la calidad de la educación.
¿Prohibir las armas?
Cuando se prohíben las armas de fuego (o su uso se restringe al máximo) los únicos que terminan desarmados son los ciudadanos honestos. Prohibirle el uso de armas a la víctima es ponerla en desventaja ante su atacante.
El verdadero problema es el gasto público per se, no el déficit
El verdadero problema es el tamaño del gasto público per se, y no el déficit fiscal. Es mejor un gasto público de ₡100 millones con un déficit del 5%, a un gasto público de ₡100 mil millones con cero déficit.
El gasto público reduce las tasas de crecimiento de la economía y con ello aumenta el desempleo y los salarios crecen menos.
Consecuencias no anticipadas: Caso de la reforma procesal laboral
Es muy frecuente que la ejecución de las políticas públicas traiga consecuencias negativas no anticipadas, o ignoradas. Tal es el caso de la reforma procesal laboral que recién entró en vigencia en Costa Rica. Todo aumento en el costo de algo reduce su oferta. Por tanto, todo aumento en el costo en la contratación laboral aumentará el desempleo e incentivará el sector informal de la economía.
Tragicomedia de la carretera San Ramón – San José
No hay duda que llamar tragicomedia a lo sucedido a lo largo de los años con la nueva carretera San Ramón – San José, es más que apropiado: tiene rasgos trágicos y cómicos simultáneamente.
Total imprevisión: puentes carretera San Ramón – San Carlos
Resulta que, en los aproximadamente 30 kilómetros de carretera entre Sifón, en San Ramón, y La Abundancia en San Carlos hay 8 puentes, de los cuales, 7 presentan el problema que se construyeron con menos carriles que la carretera.
El mísero estatismo: el caso del Consejo Nacional de la Producción
Debe quedar claro que lo que dio origen al Consejo Nacional de la Producción (CNP), dejó de ser hace muchísimos años. Su función era comprar caro a los productores y vender barato a los consumidores. Esto se prestó para actos de corrupción y, además, ocasionó pérdidas multimillonarias que terminamos pagando los contribuyentes. Todos estos proyectos terminan siendo ejemplos del adagio popular: “sale más caro el caldo que los huevos”.
En CNP debió cerrarse en el momento que se acabaron estas políticas. Sin embargo, los políticos corruptos se niegan a cerrarlo y le han asignado, por ley, el monopolio de la venta de alimentos a las entidades públicas incluyendo escuelas y colegios. Las consecuencias, como en todo monopolio, son precios más caros para los estudiantes de bajos recursos.
Carretera San Ramón-San Carlos: Otro increíble retraso
En octubre del 2005 dio inicio la carretera que comunicaría la ciudad de San Ramón con San Carlos. Doce años después se anuncia la novena ampliación al contrato mientras los costos siguen en ascenso. Esta obra fue concebida hace 48 años y, como siempre, los atrasos los paga el pueblo. Por su parte, los jerarcas responsables del atraso disfrutan de privilegios de todo tipo.
¿Quién debe decidir sobre el patrimonio histórico?
El Gran Hotel Costa Rica pertenece a sus dueños y solo ellos deben disponer del inmueble. A quien no le guste los cambios que se pretenden hacer al mismo, pues que lo compre y lo conserve a su gusto.
¿Por qué mucha gente crea subterfugios (como una declaratoria de patrimonio histórico, arquitectónica o cultural) para disponer, como si fueran delincuentes, del esfuerzo de otros, de la propiedad de otros? En este sentido, una declaratoria de este tipo, no es más que una especie de expropiación camuflada, un robo parcial y legalizado, sin el pago correspondiente de expropiación.
El fin no justifica los medios: la pifia de 80 metros
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), al sacar a licitación pública la construcción de una vía que conectaría la ruta 32 con el nuevo muelle de la empresa APM Terminals que se construye en Moín, lo hizo teniendo conocimiento de que los planos estaban mal, pues no cumplían con el empate correcto entre la vía y el muelle. De ello, el Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) tuvo pleno conocimiento previo del error; así, se puede considerar que el “error” fue calculado, premeditado.
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