Los diputados continúan sus intenciones de seguir en la fiesta a costa del bolsillo del pueblo costarricense. En esta ocasión, algunos diputados pretenden, sin justificación alguna, ampliar el número de directivos del Banco Popular de 7 a 9.
Desde el punto de vista de la teoría económica, nada justifica la existencia de tal banco o de cualquier banco público.
Acueductos y Alcantarillados desperdicia más del 50% en fugas, medidores alterados o falta de ellos. Esto produce grandes distorsiones económicas donde el resultado final sea que la tarifa al consumidor sea mucho más alta de la que podría ser.
La Contralora General de la República, Marta Acosta, calificó de escasa y marginal la reforma a las pensiones del Poder Judicial. La solución es abandonar el sistema de pensiones con cargos al Presupuesto y trasladarnos a un régimen 100% de capitalización individual donde las pensiones sean producto de las cotizaciones más los rendimientos generados.
El desarrollo económico de ningún país depende, ni ha dependido, de los EE.UU.. Por otra parte, no tienen autoridad moral de criticar el proteccionismo de Trump aquellos que siempre se han opuesto al libre comercio y que han usado los mismos argumentos que está usando Trump.
Toda regulación tiene un costo económico y otro financiero. El costo económico es la pérdida en crecimiento, inversión y empleo que la regulación provoca al restringir los mercados. El costo financiero es aquel en que incurre la burocracia para administrar la regulación.
Pues bien, el costo financiero de la regulación bajo la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) costará ₡15 mil millones en el 2017 al consumidor costarricense. ¡¿Cuándo haremos caso a la ciencia económica que nos enseña que la mejor regulación no viene de la burocracia sino de la libre competencia!?
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la tasa de desempleo en el tercer trimestre del 2016 fue del 9.7%. Si comparamos esta tasa con la del segundo trimestre del 2014 que fue de 9.1%, podemos concluir que las políticas del Gobierno de Luis Guillermo Solís han promovido el desempleo.
El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, decretó un asueto de cinco días para los empleados de esa entidad. Muy fácil regalar lo ajeno, en este caso, el esfuerzo del contribuyente. Todo abuso es consecuencia de mercados que carecen de libertad y libre competencia.
La Contraloría General de la República denunció que “tres diputados ordenaron pagar, de manera indebida, US$690.000 en el proyecto para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa”.
Según la Contraloría General de la República, las diez instituciones gubernamentales encargadas de los ancianos pobres, “carecen de la coordinación necesaria para evitar duplicaciones en la asignación de recursos y no poseen una estrategia unificada para atender a esa población”. Otro ejemplo más de que el problema social en Costa Rica no es falta de recursos (más impuestos) sino la incorrecta administración de los mismos.
Costa Rica baja dos puestos en el “Reporte global de competitividad 2016-2017” para ubicarse en la vergonzosa posición 54. El descenso en mayor en el indicador de institucionalidad que comprende temas tales como derechos de propiedad, uso de fondos públicos, su desperdicio, peso de la regulación, eficiencia de la legalidad, crimen organizado, confianza en los políticos.
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