Por: Andrés I. Pozuelo
La educación universitaria (estatizada), financiada por medio del Fondo Especial a la Educación Superior (FEES), no puede llamarse pública dado que no todos los ciudadanos tienen acceso garantizado sin pasar por requerimientos de iniciación excluyentes y sin tener una base económica mínima que les permita estudiar por un largo tiempo sin trabajar. Además, los recursos, aunque, son públicos, se distribuyen arbitrariamente entre élites protegidas.
La única manera que una universidad sea pública es si cualquier ciudadano pudiera entrar y sentarse a recibir clases sin restricciones y que el uso de los recursos no incluyera privilegios exagerados.
Es hora de hablar del presupuesto educativo.
Cuando vemos datos sobre el gasto estatal, mucha gente se deja llevar por el hecho de que la mayoría de este gasto se da en el rubro de educación, piensan que esto es bueno y que no se debe tocar. Pero ¿cuánto de ese gasto es realmente productivo? Es la pregunta que tenemos que hacernos.
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No existe evidencia de que esa gran cantidad de fondos que dedicamos a una educación estandarizada y plagada de burocracia inamovible esté aportando a la productividad general del país. Más bien, lo que pareciera estar sucediendo, es que el sistema educativo se ha convertido en una fábrica de ciudadanos mal educados con títulos, pero sin posibilidad de explotar sus habilidades naturales en los mercados.
En Costa Rica, de los sistemas de reparto que tenemos, probablemente el más dañino es el FEES. Distribuimos arbitrariamente una gran cantidad de recursos en un sistema lleno de incentivos perversos como: Estudiantes con poder adquisitivo que estudian carreras simplemente para sacar un título; estudiantes de bajos recursos que se meten a programas de estudio largos y teóricos, sin posibilidad de trabajar; profesores sin experiencia práctica y sin incentivos para actualizarse en los mercados; saturación en carreras abstractas poco útiles; incubación de conflictos ideológicos; etc.
Sin tener una idea de cuanto le producen al país todos estos “títulos” que salen de las universidades, el gasto del FEES es, como mínimo, arbitrario, y posiblemente más empobrecedor de lo que se piensa que es. El presupuesto asignado al FEES no solo proviene de impuestos, sino que, de deuda, que aparentemente nunca podremos pagar con la baja productividad que tenemos.
La prueba más contundente de que nuestra educación no sirve es que nunca en la historia hemos gastado más en educación pública como ahora, pero la economía sigue siendo incipiente. Además, seguimos acumulando una deuda que no se pagará con la producción que pueda salir de todo ese gasto en educación.
Otra pregunta que queda por contestar es: ¿Cuántas mentes jóvenes estamos perdiendo en Costa Rica al poder de seducción de un Estado todopoderoso por medio del sistema educativo que enseña que todo es un derecho y que el productor y el trabajo existen, solo para pagar por estos derechos?
Es una ilusión pensar que la manera de distribuir los presupuestos educativos va a cambiar con la mentalidad actual de todos los políticos.
Lo máximo que los liberales podemos esperar es buscar que vía ley se permita liberar una parte de los presupuestos del MEP, FEES e INA para experimentar con vouchers o charter schools y programas universitarios privados.