¿Cuál debe ser la posición liberal con relación a la llamada “ley jaguar”? Para responder la pregunta es necesario repasar la verdadera naturaleza de los impuestos y el gasto estatal.
Los impuestos mutilan la libertad
El cobro de impuestos es por lo ordinario una actividad sin violencia física, sin embargo, se trata en todo momento de una agresión en contra de la libertad y el patrimonio del individuo.
Hay que recordar que el concepto de agresión no existe en función del grado de violencia que acarrea un acto en particular. La agresión existe siempre que una acción viole un derecho de propiedad. En sentido contrario, bien podría existir una acción con fuerza física, pero sin constituirse en una agresión a la libertad.
El cobro de un tributo se constituye siempre en una agresión, y esto sucede independientemente de si el cobro se lleva a cabo con violencia o no; porque como dije anteriormente, se trata de una violación al derecho de propiedad del individuo.
Los impuestos crean dos clases sociales
Cualquier impuesto por pequeño que sea implica la delimitación de dos clases sociales muy diferentes, ambas con intereses en conflicto y muy desiguales en su naturaleza.
Por un lado el que paga el impuesto: a esta persona en América Latina se le llama de manera incorrecta como “contribuyente“. Obviamente en la inmensa mayoría de los casos no se trata de alguien que “contribuye” de manera voluntaria.
Por el contrario, en los Estados Unidos a este individuo se le llama más apropiadamente como “pagador de impuestos“.
Frente al pagador de impuestos se coloca el consumidor de impuestos. Esta es la clase social que existe y prospera porque los impuestos son su mayor fuente de ingresos.
Cada nuevo impuesto le otorga a una minoría el privilegio de vivir a costa de la riqueza ajena. Esta clase social que vive de los impuestos está compuesta en su mayoría por los agentes del Estado.
La realidad de los impuestos
Es imposible ignorar la existencia de una gran cantidad de impuestos. Por más dañinos e inconvenientes que se consideren, los impuestos son parte de una realidad que es necesario enfrentar. Por esta razón una vez consumada la agresión (el cobro de impuestos) la única defensa que le resta al individuo es verificar que el gasto estatal sea lo más racional posible.
En especial porque se entiende que el gasto estatal es ineficiente por su misma naturaleza, ya que los recursos se utilizan fuera del mercado, y por consiguiente, de un sistema de precios. El gasto estatal sería todavía mucho más ineficiente e irracional, si no se fiscaliza y supervisa de manera continua y rigurosa.
Además, las afrentas a la libertad y a la hacienda del individuo ocurren con el cobro de los impuestos, no con la fiscalización o examen que se realiza del gasto estatal. La consecuencia de una profunda fiscalización sobre el gasto público no conlleva un perjuicio adicional al bolsillo del pagador de impuestos. Por el contrario, el control previo y el escrutinio pormenorizado del gasto estatal solo puede considerarse como una ventaja en favor del pagador de impuestos.
La “ley jaguar”
Dentro del proyecto de ley con el cual se pretende celebrar un referéndum, la llamada “Ley Jaguar”, se encuentran importantes modificaciones a la ley orgánica de la Contraloría General de la República (CGR).
Por ejemplo; los artículos 3 y 4 del proyecto pretenden modificar el primer párrafo del artículo 12 de la ley fundamental de la CGR, para que toda la fiscalización del gasto público se realice a posteriori, es decir, una vez que los recursos se hayan gastado.
Entonces, más allá de una posible violación a la Constitución Política, es necesario resaltar que una vez gastados esos recursos, es imposible prevenir las ineficiencias, ilegalidades o delitos que se pudieron llevar a cabo. Porque nunca es posible prevenir un acto que ya se consumó.
La falta de una supervisión previa sobre el uso de los fondos estatales, es un aliciente para crear un ambiente fértil para la corrupción. Sin un seguimiento riguroso de los ingresos y gastos del Estado, es claro que aumentará el riesgo para que se destinen recursos a proyectos innecesarios, desproporcionados e irracionales.
La división de poderes
Desde 1787, cuando se escribe la Constitución de los Estados Unidos, se entiende que los derechos naturales y la separación de poderes van de la mano. El sistema de frenos y contrapesos se creó para garantizar que ninguna rama del gobierno se volviese demasiado poderosa.
Los Padres Fundadores crearon un sistema que dividía el poder entre la rama del Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, que incluía varios límites y controles, sobre las facultades y deberes de cada brazo.
La idea para dividir el poder entre varias ramas no es original de la Revolución Americana, sino que tiene un sustento histórico más profundo. Sin embargo, es en esa revolución que llega a crearse y funcionar por primera vez en la modernidad.
En el “Federalista”, del martes 12 de febrero de 1788, Hamilton en el primer párrafo dice:
«Quizás se me recuerde aquí la observación en boga, relativa a que “donde acaban las elecciones anuales, empieza la tiranía”»
Es por esta razón que la separación de poderes es necesaria. Porque cuando los que aspiran a gobernar llegan al poder, en no pocas veces se sienten el Soberano mismo y están dispuestos a deshacer y hacer a su antojo como si fueran el propietario de una Nación.
En este sentido hay que recordar que la CGR es un órgano auxiliar del Poder Legislativo. Poder cuya misión no solo consiste en legislar, sino también de servir a modo de contrapeso para los otros poderes gubernamentales. Debilitar la CGR equivale a debilitar al Poder Legislativo.
La posición liberal
El liberal debe preguntarse: ¿de qué sirve predicar una continua oposición doctrinal hacia los impuestos, pero a la vez impulsar una ley que disminuye el control a priori para supervisar y fiscalizar el gasto estatal producto de esos impuestos?
Además, ¿de qué sirve esa oposición a los impuestos, si por otro lado se deja el gasto de todas las ramas del gobierno sin una sana y preventiva fiscalización?
Lo consecuente no solamente es oponerse a la creación de más impuestos, o demandar la disminución de los tributos que ya existen, sino también demandar una continua, rigurosa y pormenorizada fiscalización de todo el gasto gubernamental y de todas las ramas del gobierno. Esta fiscalización solo ventajas y beneficios pueden acarrearle al pagador de impuestos.