La Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley, bajo el expediente 17.868, titulado “Ley de responsabilidad fiscal”. Si bien el proyecto tiene sus deficiencias, pretendía de alguna manera poner algunos límites parciales al gasto público y al crecimiento de la deuda. Al archivarse el proyecto de ley, la señal es clara: via libre para que los políticos sigan gastando irresponsablemente.
Debemos reducir el gasto público como porcentaje del PIB
El problema en Costa Rica no es solo el déficit fiscal, sino el tamaño atrofiante del gobierno. El problema no se limita a que el gobierno gaste o administre mal; el problema de fondo es que el gobierno se ha excedido en sus funciones y se encuentra sobredimensionado con un total de 333 entidades púbicas.
Existen instituciones, ministerios, programas y empresas públicas que no cumplen función social alguna y que deben cerrarse, con o sin, déficit fiscal. Se cree que el cierre de instituciones públicas generaría desempleo masivo. Lo anterior no es cierto si se sigue la siguiente propuesta.
El relajo con las políticas salariales en el sector público
Según un informe gubernamental de fines del 2015, titulado “Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público”, en el cual tres ministerios (Planificación, Hacienda y Trabajo) se diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas (todo lo cual ya sabemos) en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones, más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina. En dos palabras: la misma paja usual; nada nuevo, innovador, que resuelva los problemas específicos…más de lo mismo de siempre.
Las tribulaciones de Recope, Japdeva y Fuerza y Luz
Hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de Japdeva, Recope y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas. La Contraloría se fundamenta en el principio de que el control tarifario debe cubrir no más del servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad. La tarifa en los servicios públicos no debe financiar privilegios.
Universidades públicas: ¿sirven de algo?
Según el Quinto Informe Estado de la Educación, el 50% de los estudiantes de las universidades estatales provienes del 40% más rico del país. Tan solo un 22,6% de los estudiantes de las universidades estatales “pertenecen a los hogares de menores ingresos”. Es decir, las universidades estatales financian a más estudiantes ricos que a pobres y se convierten así en un instrumento que, en vez de mejorar la distribución del ingreso, la empeoran. Si una política social significa trasladar ingresos de los ricos a los pobres, con estas cifras las universidades estatales resultan ser antisociales.
El regocijo de vivir de la plata de otros: El caso de la UCR
Dada la situación fiscal por la que atraviesa Costa Rica, el Fondo Especial para la Educación Superior ha crecido de manera vergonzosa en los últimos años: para el 2015 creció 9.1% y en un aproximado de 8.32% para el 2016.; ambas cifras en términos reales. Cuando la situación fiscal es delicada, uno debe ser más eficiente y eficaz con el gasto. Sin embargo, ese no es el caso del sindicato de la Universidad de Costa Rica (UCR)
La informalidad y las cargas sociales
En el 2014, el 45% de los trabajadores conforman el sector informal de la economía en Costa Rica, con una tendencia creciente desde el 2012. Talleres mecánicos, reparaciones de todo tipo en las casas, taxistas, vendedores ambulantes, etc. conforman este sector. La informalidad existe porque el gobierno impone costos innecesariamente elevados para formalizarse. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), las cargas sociales en Costa Rica están muy por encima del promedio de sus países miembros y es uno de los principales factores que estimulan el crecimiento de la informalidad.
Los grupos de presión están acabando con el país
Los grupos de presión están carcomiendo al país. Ellos usan los Gobiernos para obtener ganancias extraordinarias, no como consecuencia de mejoras en la productividad, sino a través de la explotación de los contribuyentes o del consumidor. Esto lo logran por medio de la restricción de ingreso al mercado, con la obtención de subsidios o por medio de transferencias directas.
El único antídoto contra los grupos de presión es la libre competencia y apertura de los mercados. Libre competencia es ausencia de privilegios, ausencia de monopolios y ausencia de mercados protegidos por ley, sea para el burócrata, el sindicalista, el político o el empresario En este sentido, al promover la libre competencia contribuimos a la paz social y al fortalecimiento de la democracia.
Luis Guillermo Solís y el principio de “primero el bombero”.
¿Por qué el Presidente Luis Guillermo Solís, en vez de anunciar recorte en programas sociales por la no aprobación de impuestos, no anuncia recortes en viajes, asesorías o consultorías? ¿Por qué LGS no anuncia el cierre de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S. A. (Soresco), Conavi, Mideplan, Sinart, ICT, DIS, Japdeva, Inamu, Ministerio de la Presidencia, Micitt, Incofer, Inder, MAG, INVU, etc? ¿Por qué LGS amenaza los programas sociales pudiendo recortar planilla en Recope, ICE, INS, universidades estatales, Banco Central de Costa Rica, Ministerio de Hacienda, etc.?
Soresco: El gran desperdicio
No existe en la literatura de la ciencia económica justificación para que el gobierno asuma el rol de empresario. El desperdicio de recursos es algo propio de empresas públicas que no están sometidas a la libre competencia. El despilfarro es lo propio de aquellos que administran recursos que no se han ganado con esfuerzo propio. Soresco (Sociedad Reconstructora Chino-Costarricense) no es excepción.
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